Las expresidentas de la Comunidad de Madrid y antiguas líderes del Partido Popular en la región Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes han sido imputadas este lunes por la Audiencia Nacional en el proceso que investiga la supuesta financiación ilegal del partido conocida como trama Púnica.

Aguirre, presidenta regional entre 2003 y 2012 y madrina política de la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, está citada a declarar el 18 de octubre, mientras que su sucesor al frente del Ejecutivo, Ignacio González, que ya estaba siendo investigado por la Audiencia, declarará un día antes. Cristina Cifuentes, que ostentó el cargo desde 2015 hasta su dimisión en 2018, prestará declaración ante el juez el día 1 de ese mismo mes.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón atribuye a Aguirre "un papel decisivo y esencial" en la presunta financiación irregular del PP de Madrid, hasta el punto que sospecha que fue quien "ideó la búsqueda de recursos" para costear las campañas que ella elegía.

El juez, atendió de esta forma la solicitud realizada por la Fiscalía Anticorrupción el pasado 2 de agosto de imputar a las dos expresidentas junto a otras 40 personas entre las que se encuentras los exconsejeros regionales Manuel Lamela y Juan José Güemes y el expresidente de Indra Javier Monzón.

Anticorrupción se basó en varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que situaban a Aguirre en reuniones claves en las que presuntamente se habría negociado la financiación irregular de la formación política durante las campañas electorales de 2003, 2007 y 2011, en las que Aguirre presidía al PP madrileño.

La imputación era un trámite, por tanto, esperado por todos y las primeras reacciones han sido prácticamente inmediatas. Desde el PSOE, José Manuel Franco, el secretario general del partido en Madrid acusó al PP de haber "creado un auténtico régimen que, por lo que se ve, está trufado y secuestrado por la corrupción". El dirigente socialista señaló que el PP había concurrido a las elecciones "dopado" y lamentó que "Cs y la ultraderecha hayan querido que siga gobernando".

Íñigo Errejón, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, consideró que "el viejo PP de Madrid es exactamente el mismo que el PP actual" y reclamó a Ayuso que se pronunciase "sobre si las que hasta ayer mismo decía que eran sus referentes, Aguirre y Cifuentes, lo siguen siendo o si ahora ya pasan a ser esas señoras desconocidas".

Fuentes de los populares de Madrid se limitaron a afirmar que el partido "siempre defenderá la presunción de inocencia y respetará las decisiones judiciales". Antes de que la noticia de la imputación se hiciera pública, el vicepresidente de la Comunidad y diputado de Ciudadanos, Ignacio Aguado, defendió que la entonces previsible imputación de Aguirre y Cifuentes no afectaría al nuevo Gobierno regional.

"Lo que puedo garantizar como vicepresidente es que, en el Gobierno de la Comunidad, no va a haber corrupción, al menos no se va a tolerar que haya corrupción y no solo vamos a exigir dimisiones en el caso de imputaciones, sino que vamos a poner en marcha mecanismos para que no se pueda volver a vivir nunca casos como el de Púnica, Lezo o Gürtel", declaró Aguado.

La investigación se inició en 2014 tras el hallazgo de una agenda del ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, considerado el 'cabecilla' de la trama Púnica, en la que pueden leerse unas siglas junto a determinadas cantidades de dinero.

Se investiga si estas letras pertenecen a presuntos donantes del PP regional que habrían sufragado las campañas electorales a cambio de adjudicaciones públicas, algo que este investigado siempre ha negado.

Ya en un informe firmado en marzo de 2017, Anticorrupción incluía a Aguirre en la lista de personas que habrían integrado la "red de decisión y ejecución cohesionada" que puso en marcha "diversos canales de financiación irregular" con el objetivo de "sufragar los excesos" de las campañas electorales del PP en 2007 (municipal y autonómica), 2008 (nacional) y 2011 (municipal y autonómica).

Todo ello tras analizar la contabilidad B hallada en los 'pen drives' incautados en el domicilio del exgerente del partido Beltrán Gutiérrez.