La escena es habitual en estos días de playas abarrotadas: padres gritando a sus hijos para que se pongan el protector solar, para que coman, para que se estén quietos, para que no se pierdan. Los niños suelen obedecer, pero son eso, niños y algunos no escuchan, se divierten y desaparecen de la vista de sus progenitores. Y sí, también esta imagen se ve mucho: padres histéricos y toda una playa movilizada en busca de quien se ha perdido. La mayoría de las veces la situación se soluciona rápidamente, pero hay otras que no. Pocas, pero el menor no aparece. Y en muchas ocasiones no es un menor, sino un adulto o ya un anciano.

Desde 2010 se han registrado en España 176.063 denuncias por desapariciones de personas según el último Informe de personas desaparecidas publicado por el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), adscrito al ministerio de Interior con cifras a 31 de diciembre de 2018. Sin embargo, el número de búsquedas sin resolver queda 'solo' en 12.330, el 7% de los casos. Desde el año 2012, la cantidad oscila entre las 20.000 y las 30.000 denuncias anuales. Y es muy probable que aumenten porque todavía se están dando de alta en el sistema hechos anteriores a 2010.

La jefa de servicio del CNDES, Rosa Touris, explica que la mayoría de los casos se suelen resolver en las primeras 72 horas y que más del 50% de las denuncias activas son de menores de edad.

Las cifras son mareantes, pero nada que ver con las de, por ejemplo, el Reino Unido donde, según la ONG Missing People en su último informe de 2017, el número de denuncias en un país con 66 millones de habitantes (20 millones más que España), fue de 340.000.

Pero no todos los casos son clasificados igual. Existía una forma de cribarlos en "alto riesgo" y "riesgo limitado". La primera de las opciones se daba sobre todo a cualquier caso de menores excepto cuando la desaparición fuese voluntaria, relacionada con una fuga de un centro de acogida o casos por el estilo. Cuando se hablaba de adultos esta selección se aplicaba cuando la desaparición supusiese un riesgo para terceros, la persona tuviese una desventaja física, mental o siguiese un tratamiento médico, por poner algunos ejemplos. Siempre los cuerpos de seguridad, tras analizar la situación de la desaparición, confirmaban o no este estatus de alto riesgo. De los 12.330 denuncias activas, 271 (un 2,71%) se consideran de alto riesgo confirmado.

Esta normativa se cambió en mayo de 2019, recuerda Touris, y desde entonces se activó un nuevo protocolo de actuación para las fuerzas y cuerpos de seguridad en el que se dividen las desapariciones en voluntarias, involuntarias y forzosas, dejando fuera de las estadísticas las cifras de sustracción de recién nacidos y los casos incluidos en la Ley de Memoria Histórica, que tienen sus propias bases de datos.

A pesar de estos cambios, desde las organizaciones dedicadas a este tema solicitan la aprobación de un Estatuto del Desparecido, más medios y mayor visibilidad y concienciación en los medios.

"Es vital que se elabore una ley específica, un Estatuto de la Persona Desaparecida, que evite el archivo sistemático de los casos, que añade dolor y olvido al sentir de las familias", señala el presidente de la Fundación Quién Sabe Donde Global (QSD Global), Paco Lobatón. Este periodista ganó fama nacional en los años 90 del siglo pasado con un programa del que toma el nombre la fundación y con el que comenzó una labor con la que sigue hasta hoy.

Lobatón pide también atención psicológica, jurídica y económica para las familias afectadas, "incluidas las desapariciones de larga duración".

Desde la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR) y desde Inter-SOS apuntan en la misma dirección.

Porque ese es otro de los puntos claves para estas organizaciones, el apoyo a los familiares y a sus porqués sin respuesta, así como el miedo al olvido. El caso más antiguo de QSDGlobal es de julio de 1973. Hace 46 años que Alberto Pérez Elvira, que por entonces tenía 13 años, desapareció en Lanzarote.

Para ANAR es "muy importante" que las familias reciban el apoyo profesional necesario así como asistencia psicológica para poder tener una "gestión emocional óptima" ante una "situación impredecible" y que "genera tanta incertidumbre". El caso más antiguo de esta asociación, con el que cuentan con autorización para publicar, es el de Amy Fitzpatrick, quien desapareció el año nuevo de 2008 en Mijas, Málaga, cuando tenía 15 años.

Precisamente los casos de menores de edad han registrado un salto enorme. Los números se han multiplicado por 15 desde las 438 denuncias activas de 2016 a las 6.602 de 2018. Desde que el CNDES recopila cifras, quedan activas 9.737 búsquedas de personas que tenían menos de 18 años en el momento de su desaparición, casi el 79% de la 12.330 que todavía no se han solucionado, y poco más de un 66% de las denuncias totales (117.311).

Además, los expedientes abiertos en 2017 y 2018 suman el 85% de todos los de menores los recogidos, con un total de 8.316 casos. De esta suma, 3.855 (59%) hacen alusión a menores de edad fugados de centros (incluidos los menores no acompañados o Menas) y de los que los cuerpos de seguridad aportan una cifra aproximada ya que "dicho dato no constituye una cifra obligatoria de contabilizar (...) cuando se registra la denuncia", puntualiza el Informe. De hecho, el número "podría ser incluso mayor", advierte.

Las organizaciones consultadas son tajantes: no hay que esperar 24 horas para denunciar una desaparición.

Sobre todo "si se tienen indicios de que la persona ha desaparecido, ya sea por voluntad propia o a consecuencia de un acto delictivo o ajeno a su voluntad", señala desde Inter-SOS su presidenta, Monserrat Torruella.

Desde ANAR apuntan al "estigma" que acarrean los casos de fugas "donde muchas veces va implícito que se trata de menores muy difíciles con problemas de conducta y de adaptación", pero que, dicen desde esta asociación, encuentran en la fuga "la vía de escape ante la grave situación de malos tratos o abusos que sufren en sus hogares".

Lobatón, desde QSD Global, afirma que es mejor retirar una denuncia que retrasarse en hacerla "y dejar escapar las primeras horas que son decisivas para que (el caso) pueda resolverse con éxito". Pide "cuestionar la presunción de voluntariedad de una desaparición" ya que "puede desactivar o retrasar los mecanismos para su búsqueda y comprometer incluso su integridad".

"Hay que hacer visibles las desapariciones. No basta con tener datos. Hay que conseguir que se actúe de acuerdo con la envergadura que reflejan las cifras de desapariciones y su trasfondo de sufrimiento y de inseguridad para miles de personas", defiende el periodista.

Para mejorar las búsquedas el CNDES ha firmado convenios con, entre otros, la Amber Alert Europe, una organización compuesta por representantes de diferentes administraciones públicas, fuerzas y cuerpos de seguridad y ONGs de 21 países y que cuenta con el apoyo del Parlamento Europeo o con la Global Missing Children Network, otra asociación sin ánimo de lucro del mismo estilo pero a nivel mundial.

INFORMACIÓN PARA COLABORAR...

ANAR gestiona el número 116000 para que ante la noticia de la desaparición de un menor las familias y los menores puedan utilizarlo y recibir la ayuda que necesitan.

QSDGlobal tiene a disposición de quien lo necesite el número de whatsapp 744461932.

Inter- SOS cuenta con el número 676166977.

Todas cuentan con imágenes de desaparecidos y cómo colaborar en caso de cualquier información.