La defensa de una de las alumnas del IES Palau de Sant Andreu de la Barca, en Barcelona, ha presentado recurso contra el auto de archivo provisional dictado la semana pasada por el juzgado de instrucción número 7 de Martorell.

Según ha avanzado a 20minutos el abogado de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) Jorge Piedrafita, el recurso se fundamenta en que considera que en el mismo "se acredita que la investigada se extralimitó en sus funciones".

El abogado de la AEGC defiende en su escrito que la profesora del IES Palau a la que denunciaron "dio un exclusivo punto de vista a los alumnos, menores de edad, sin explicar los valores constitucionales, el respeto o acatamiento a las sentencias y la independencia del poder judicial como valores constitutivos de un estado democrático de derecho".

Según el abogado, la conducta de la docente "no puede resultar amparada por la libertad de expresión, que no es un valor absoluto", ya que existió un "menoscabo e incitación al odio hacia los alumnos hijos de guardias civiles que requiere una respuesta jurídica, máxime tratándose de menores de edad en etapa de formación social y personal".

Explica además que, a raíz de esos hechos, su representada "ha dejado de hablarse con otros alumnos del instituto con los que antes eran amigos".

El letrado Jorge Piedrafita representa a una alumna de 1º de Bachillerato, hija de un agente de la Guardia Civil de la comandancia de Sant Andreu de la Barca. En su relato la alumna explica que el 2 de octubre de 2017 la profesora dijo, ante el aula, que no estaba en condiciones de impartir clase porque los agentes que habían intervenido el día del referéndum habían sido unos "salvajes", motivo por el que prefería abrir una debate sobre el 1-O.

La alumna aseguró además que la docente dijo que estaba "preocupada" por la "actitud poco democrática" de algunas instituciones durante el 1-O, mientras anunciaba el "paro de país" prevista para el 3 de octubre.

La misma alumna explicó que la profesora pedía que participaran en una concentración organizada en el patio de la escuela contra la actuación de los agentes del Estado y aseguró que la invitó a salir del aula si se sentía incómoda.

El abogado considera "contradictorio" que el juez rechace cualquier intención de menosprecio, y en cambio advierta de que la actuación de la profesora podría ser contraria a los principios de la Ley de Educación de Catalunya (LEC).

En el auto de 12 de julio, el magistrado se refería a cuestiones como el respeto a los derechos y deberes derivados del Estatut y de la Constitución, a la transmisión de "valores propios de una sociedad democrática", a la "integración de todos los colectivos", a la "libertad de consciencia de los alumnos" y a la "exclusión de cualquier tipo de adoctrinamiento".

En este sentido, Jorge Piedrafita defiende que existe contradicción manifiesta en que el juez asegure que "la profesora aprovechó la clase para expresar su opinión sobre unos hechos concretos, exclusivamente bajo su punto de vista, en un clima de crispación social como el que vivía Cataluña" y que  lo hizo ante adolescentes menores de edad, "sin tener en cuenta que podía haber alumnos y padres de estos que no lo compartieran" y que en cambio no vea delito penal.

Señala además que el magistrado explicitó en su auto que la profesora "no habló a los alumnos de los valores de la Constitución española, ni de la obligación de los ciudadanos a acatar y cumplir la ley" y en cambio tan solo señala una falta administrativa y pidió trasladar la información al Departamento de Ensenyament.

En esta línea, la defensa denuncia que ese mismo día el conseller Josep Bargalló mostró su "satisfacción por el archivo de la causa", por tanto parece "improbable" que la Generalitat valore que la actuación de la docente es constitutiva de alguna infracción administrativa y se "depuren posibles responsabilidades disciplinarias" como pide el magistrado en su escrito.

Si el recurso no prospera, Piedrafita ya ha avanzado que recurrirán ante la Audiencia Provincial de Barcelona.

El juzgado de instrucción número 7 de Martorell archivó provisionalmente el 12 de julio pasado las tres denuncias que continuaban abiertas contra los docentes del IES Palau de Sant Andreu de la Barca, investigados por presuntamente haber menospreciado y humillado a hijos de guardias civiles después del 1-O.

El juez concluyó que no hay indicios suficientes para mantener la causa abierta por los delitos de odio, contra la integridad moral y contra las instituciones del Estado, y archivó provisionalmente las causa -igual que hizo con las anteriores- y abrió el tiempo para presentar recursos como así ha hecho la Asociación española de la Guardia Civil.

El juez archivó provisionalmente la causa porque considera que los hechos se deben valorar en el contexto social en el que se produjeron, en el marco de la crítica pública y general de la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado el 1-O.

"Por tanto no se puede concluir que la docente tuviera la finalidad de humillar, vejar o menospreciar a la alumna para provocar el rechazo de los compañeros por el hecho de ser hija de un guardia civil, si no criticar una concreta actuación policial en el ejercicio de su libertad de expresión", concluyó el magistrado.