Ángel Cano y Ricardo Gómez
El exconsejero delegado del BBVA Ángel Cano y Ricardo Gómez Barredo, miembro del Consejo de Administración de Garanti (sociedad participada por el BBVA), acompañados del abogado José Bonilla, a su llegada este jueves a la Audiencia Nacional. EFE/Zipi

 El ex consejero delegado del BBVA Ángel Cano se ha acogido a su derecho a no declarar en la pieza del "caso Villarejo" sobre el encargo de la entidad al excomisario para realizar labores de espionaje, al igual que hicieron la semana pasada los cargos del banco que fueron citados como investigados.

También estaba citado este jueves como imputado Ricardo Gómez Barredo, miembro del Consejo de Administración de Garanti (filial en Turquía del BBVA), y, como Cano, que ha manifestado a los periodistas a su salida de la Audiencia Nacional su intención de colaborar con la Justicia, ha optado por no prestar declaración, han informado fuentes jurídicas.

La Fiscalía Anticorrupción no ha pedido ningún tipo de medida cautelar para ellos, por lo que de momento solo el exjefe de Seguridad del BBVA Julio Corrochano, que también se negó a prestar declaración, tiene pendiente el pago de una fianza de 300.000 euros a abonar hasta el 24 de julio para evitar la prisión.

Villarejo declaró este miércoles en la prisión de Estremera (Madrid) en relación a esta pieza y reconoció que Corrochano fue su interlocutor en la contratación en 2004 de su empresa, Cenyt, para defenderse de una opa hostil de Sacyr.

El excomisario explicó, según informó su abogado a la salida de la prisión, que la relación se extendió hasta 2017 bajo un contrato de asesoría en materia de seguridad e investigación patrimonial de deudores.

El único cargo del banco investigado que ha optado por romper esta estrategia de silencio con el argumento de que la pieza del BBVA permanece bajo secreto y ello dificulta su defensa, ha sido Antonio J. Bejar González, presidente de Distrito Castellana Norte (sociedad en la que el banco tiene participación).

Bejar, que fue jefe del área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del BBVA, trasladó al juez la explicación que ya dio en 2018 la entidad bancaria sobre la contratación de Cenyt y señaló que esa relación se ciñó a la localización de morosos.

Villarejo, según su abogado, confirmó este extremo y rechazó que el contrato con el BBVA fuera para realizar "ningún tipo de espionaje", sino que se trató de un acto defensivo ante una opa hostil de Sacyr en 2004.

Aprovechando ese encargo del banco, según su versión, dirigentes de los servicios de inteligencia le pidieron actuar como agente encubierto ante esa opa porque se creía que se trataba de "un ataque a la soberanía económica y política de España" por parte de "una potencia extranjera".

El letrado no quiso revelar la persona concreta del BBVA que le contrató por encontrarse secreta esta causa, pero confirmó, "porque su nombre ya ha salido", que Villarejo se reunió en varias ocasiones con Corrochano, y aseguró que en ningún momento se reunió ni mantuvo conversación telefónica alguna con el expresidente de la entidad Francisco González.

Según la investigación, el banco contrató los servicios de Cenyt por 5 millones de euros.

El nombre de Corrochano aparece en contratos suscritos con Cenyt, y en intervenciones telefónicas consta una conversación suya en la que asegura que el "presi" le llamaba cada diez o quince días, en alusión a Francisco González, conocido como FG, lo que supondría que estaba al corriente de esta operación de espionaje.

Exministros, periodistas, empresarios y banqueros, entre otros, fueron objeto de este espionaje para el que Villarejo se habría servido de la ayuda, entre otros, de Corrochano.

Los investigadores calculan que llegaron a ser intervenidas más de 15.000 llamadas de miembros del Gobierno, empresarios, instituciones y periodistas.

Estas pesquisas en el caso Villarejo derivaron en la renuncia en marzo de Francisco González como presidente de honor del BBVA, tras haber dejado en diciembre de presidir la entidad.