El próximo 2 de julio, Pedro Sánchez dará a conocer a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la fecha del debate de investidura, que con toda probabilidad tendrá lugar durante el mes de julio, que es la fecha que hasta ahora ha manejado Moncloa en todo momento. Se presentará como candidato aun sabiendo que es más que posible que en ninguna de las dos votaciones reuna los apoyos suficientes para ser presidente, por lo que empezaría la cuenta atrás para un segundo intento después de las vacaciones, en el mes de septiembre como muy tarde y, de volver a fracasar, repetir las elecciones en otoño.

El 10, 17 o 24 de julio son los días más probables para celebrar la votación, que debe tener lugar en miércoles para que, en caso de repetición electoral, el día de los comicios caiga en domingo. En una de esas tres fechas el líder socialista tendrá que exponer su programa en el Congreso y logar la confianza de la mayoría absoluta, fijada en 176 diputados de los 350 totales, o una mayoría simple 48 horas después.

Pero los apoyos no solo no están asegurados sino que los 42 diputados de Unidas Podemos están más lejos de votar a favor de la investidura, al menos en el mes de julio. Si no consigue la mayoría, la votación se repetiría 48 horas después de la primera y para ser investido bastaría con obtener una mayoría simple para gobernar. Esto es, más síes que noes. Una posibilidad que parecía más fácil hace unas semanas con las negociaciones con Pablo Iglesias en pleno auge, pero no tanto ahora, con ambos partidos dispuestos a mirar a septiembre.

De las tres fechas posibles para esa primera votación, una de ellas presenta un inconveniente claro, la del 17 de julio. En el caso de que la sesión plenaria se convoque la tercera semana de julio y corra el plazo de dos meses sin que prospere la elección del presidente del Gobierno, eso implicaría que la jornada electoral de los nuevos comicios coincida en pleno puente del 1 de noviembre, festivo en todo el país.

La Constitución de 1978 establece en su artículo 99.5 que, "si transcurrido el plazo de dos meses desde la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones, con el refrendo del presidente del Congreso".

Esa repetición ya se produjo en 2016 cuando, tras la fallida investidura de Sánchez con apoyo de Ciudadanos de principios de marzo, pasaron los dos meses sin que prosperara ninguna candidatura y las Cortes se disolvieron para repetir los comicios el 26 de junio de ese año.

Tras aquel episodio y ante el riesgo de una nueva repetición de las elecciones en plena Navidad, los partidos modificaron la ley electoral para introducir una disposición adicional estableciendo que, en los casos de repetición de los comicios por falta de investidura, se acortaran los plazos del procedimiento electoral, bajando de 54 a 47 días.

"En el supuesto de elecciones a Cortes Generales como consecuencia de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 99 de la Constitución, el real decreto de convocatoria se expide al día siguiente de la expiración del plazo de dos meses, contados a partir de la primera votación de la investidura --se incluyó--. Dicho real decreto se publica el mismo día de su expedición y entra en vigor el mismo día de su publicación. El real decreto de convocatoria señala la fecha de las elecciones que habrán de celebrarse el día cuadragésimo séptimo posterior a la convocatoria".

Así las cosas, si Pedro Sánchez y Meritxell Batet deciden situar la sesión de investidura los días 9 y 10 de julio y el candidato no logra el apoyo del Congreso, ese plazo 'ultimatum' de dos meses acabaría el 10 de septiembre y, si para entonces nadie hubiese logrado ser elegido presidente del Gobierno, se disolverían las Cortes y la repetición de las elecciones generales tendría lugar el domingo 27 de octubre.

Ahora bien, si el debate de investidura se pospone una semana más y se fija para los días 16 y 17 de julio, ese plazo de dos meses acabaría el 17 de septiembre y la repetición de los comicios pasaría al 3 de noviembre, en el puente de la Fiesta de Todos los Santos (primero de noviembre), lo que podría incidir en la participación.

Habitualmente, una baja participación ha perjudicado más a los partidos de izquierda. De hecho, la estrategia de la campaña que el PSOE desplegó en los comicios generales del 28 de abril estuvo centrada en alentar una alta participación agitando el fantasma de la irrupción de Vox.

La tercera alternativa, celebrar el debate de investidura los días 23 y 24 de julio, supondría prolongar la interinidad, llevaría al 24 de septiembre el plazo de los dos meses y conduciría a unas nuevas elecciones generales el 10 de noviembre. En cambio, aportaría algo más de margen en el mes de septiembre para las negociaciones entre partidos.