El Parlament de Catalunya ha derogado el decreto del Govern que quería limitar el precio del alquiler de la vivienda con los votos en contra de Ciutadans, el PSC, CatECP, la CUP y el PP.

La consellera de Justícia, Ester Capella, ha pedido la abstención de los comunes y de la CUP para que el decreto pudiera tramitarse como proyecto de ley y, a partir de aquí, incluir mejoras.

Pero los dos grupos se han negado y han acabado votando en contra. Los comunes han lamentado que el decreto "está hecho" y que no se arregla con la tramitación como proyecto de ley para cambiarlo solo con enmiendas, ya que hay un desacuerdo "con el modelo que se plantea". La CUP ha tendido la mano para poder impulsar "una ley de verdad" y consensuada. "No podemos aceptar este decreto", ha lamentado.

"Si hoy tumbamos este decreto ley y no sale adelante, ¿quién estará contento? Ya se lo digo yo: todas las organizaciones que son partidarias de que se regule solo porque el mercado lo regula todo. Si ustedes tumban hoy este decreto ley se pondrán del lado del Banco de España, de Foment del Treball, de la Cambra de la Propietat y de la bancada del PSC, del PP y de Cs. Quien les ha visto y quien les ve", ha dicho Capella en la cámara catalana refiriéndose a la CUP y los comunes.

Capella ha defendido además que el decreto tenía la intención de frenar "la escalada permanente" del alquiler y que el Govern tenía el "deber de actuar" para poner límite al mercado. Durante su intervención, la consellera ha intentado cautivar a CatECP y la CUP para que optasen por la abstención, una posición que habría permitido la convalidación y posterior tramitación como proyecto de ley. "Haced enmiendas donde lo considereis necesario; si no les gusta el índice de referencia, propongan más cosas", ha insistido Capella, quien ha recordado que con la tramitación como proyecto de ley la PAH o el Sindicat de Llogaters podrían comparecer ante la comisión de Justicia y exponer su planteamiento.

Después ha criticado que el Estado optase "por no hacer nada" en esta materia, aunque el Consell de Garanties Estatutàries, a instancias de Cs y PSC-Units, concluyó que diversos artículos del texto contravienen algunos artículos del Estatut y de la Constitución y que vulneran competencias del Estado, Capella se ha reafirmado en que la Generalitat tiene competencia. "La ejerceremos totalmente", ha garantizado, "porque lo que nos toca hacer, ha garantizado, lo que pide la ciudadanía y el Estado ha renunciado".

Por su parte, la diputada de CatECP Susanna Segovia ha respondido a Capella que este decreto está vacío de contenido y que no pueden tramitarlo porque el problema es de modelo: "Esto no se arregla con una tramitación como proyecto de ley porque el plan ya está hecho y un problema de modelo no se puede arreglar con un decreto ya hecho y aprobado y cambiando la esencia con enmiendas porque además las organizaciones sociales no están de acuerdo".

Desde la CUP, la diputada Maria Sirvent ha tendido la mano al Govern para "impulsar conjuntamente una ley de verdad consensuada con el mundo local y las asociaciones y con una mayoría parlamentaria suficiente. Pero, recuerden, que no tienen la mayoría y que han de trabajar las propuestas con nosotros y no a última hora".

Mientras, desde Cs, el diputado Manuel Rodríguez ha dicho que este decreto "provoca incertidumbre, lo que es contrario a la actividad económica. Además de invadir competencias del Estado van contra la unidad de mercado y han hecho una propuesta que no tiene hecha una evaluación de impacto económico porque no se la creen y porque es populista, demagógica y no tiene futuro".

La diputada popular Esperanza García ha denunciado que el decreto "topa" con la regulación jurídica con un índice que es competencia estatal. Cree que el problema es que el Govern "no ha hecho políticas públicas de vivienda desde 2007" y ha reclamado que no se utilice "de escudo" a las familias que tienen problemas de vivienda, como considera que se ha hecho con este decreto.

Desde el Sindicat de Llogaters indican que si el decreto del Govern fuera positivo "lo dirían" pero que no es el caso porque "legitima los precios de la burbuja y permite que sigan subiendo". Por ello, exigen que la Generalitat comience a trabajar a partir de ahora con las entidades para conseguir "una auténtica regulación y hacer bajar los precios".