Instituciones Penitenciarias ha solicitado el archivo de la reclamación de responsabilidad patrimonial contra la administración planteada por la defensa de G. M., de 30 años, que el 7 de enero de 2018 fue dado por muerto en la cárcel de Asturias y que recobró el conocimiento antes de que se le hiciera la autopsia.

Dicha reclamación cuantifica en 50.000 euros los daños morales y los perjuicios físicos y psíquicos causados al interno, que en estos momentos se encuentra en libertad tras cumplir las penas pendientes.

En el mismo expediente administrativo, Instituciones Penitenciarias se pronuncia a favor de la modificación del protocolo de actuación para que se hagan obligatoriamente electrocardiogramas a los internos y evitar que se repitan situaciones como la vivida por el recluso.

El abogado Iván Cortina, que defiende a G. M., conformó a Efe que ha presentado alegaciones al expediente administrativo porque al diagnóstico erróneo se suman las manifestaciones de algunos testigos, que son funcionarios de prisiones, que mantuvieron que la atención al interno G. M. no fue "especialmente minuciosa".

Las manifestaciones de estos funcionarios vienen recogidas en las conclusiones de la información interna elaborada por el Centro Penitenciario de Asturias, donde estos testigos dicen que no se utilizó ninguno de los desfibriladores portátiles que ahora se ha confirmado que "sí existían dentro de prisión", ha señalado Cortina.

El abogado está pendiente actualmente de la resolución administrativa que se adopte y ha asegurado que, en el caso de que se cierre el asunto, acudirá a la vía jurisdiccional contenciosa.

La denuncia penal contra la cárcel que estaba investigándose en el Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo ya quedó definitivamente archivada, tras desestimar la Audiencia Provincial el último recurso el pasado mes de mayo.

La Audiencia Provincial consideró que la certificación errónea de la muerte de G. M., tenía un fundamento médico "sólido" por la falta de constantes vitales y el consumo previo de sustancias tóxicas.

El joven fue declarado muerto, el 7 enero de 2018, por dos facultativos de la cárcel tras ser hallado inconsciente en su celda durante el recuento matinal de presos y posteriormente fue certificado por la médico forense que acudió a la prisión para proceder al levantamiento del cadáver.

El preso fue introducido en una bolsa de plástico de las utilizadas habitualmente para el transporte de cadáveres y trasladado en un vehículo funerario al Instituto de Medicina Legal y, cuando iba a ser colocado en la mesa de autopsias, comenzó a emitir sonidos.

Tras la sorpresa inicial al comprobar que estaba vivo, fue trasladado de inmediato al hospital, donde permaneció ingresado diez días.