El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha dictado un auto por el que propone juzgar a los actores Imanol Arias y Ana Duato, junto a otras 29 personas físicas y otras seis jurídicas, por el llamado caso Nummaria, nombre del despacho de abogados dedicado presuntamente a construir y mantener una estructura jurídico económica para que sus clientes evadiesen impuestos.

Estas son, en preguntas y respuestas, las principales claves del caso:

En su auto, dictado este miércoles, el juez acuerda el procesamiento de los implicados por delitos contra la Hacienda Pública, insolvencia punible o frustración de la ejecución, estafa procesal, falsedad documental y organización criminal, y da 10 días a las partes para que presenten sus escritos de acusación o defensa.

En el caso de Imanol Arias y Ana Duato, los dos protagonistas de la serie de televisión Cuéntame cómo pasó, los delitos por los que les procesa son contra la Hacienda Publica y en el de Duato, también por falsedad documental.

Según expone el juez, el despacho Nummaria, del que era responsable otro de los procesados, el abogado Fernando Peña (principal investigado), "facilitó estructuras jurídico-económicas diseñadas, implementadas y gestionadas por el despacho con la única finalidad de asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes".

De acuerdo con el juez, sí: "[Los clientes] eran conscientes de que esas estructuras iban a ser utilizadas para realizar actividades delictivas", indica el magistrado.

El auto del juez Ismael Moreno explica que, con la estructura societaria creada para Manuel María "Imanol" Arias Domínguez, se ocultó al fisco parte de sus rentas, principalmente procedentes de su participación en la serie Cuéntame cómo pasó, con lo que se calcula que defraudó 2,7 millones de euros a Hacienda en cuotas de IRPF.

El actor, con posterioridad al inicio de las actuaciones inspectoras de la Agencia Tributaria y a la apertura de esta causa, ha realizado diversos ingresos por un total de 2,3 millones de euros en pago por las cuotas no abonadas de los ejercicios 2009 y 2010 y por declaraciones complementarias.

La actriz Ana Consuelo Duato y su marido, Miguel Ángel Bernardeu, también "ocultaron al fisco parte de sus rentas, principalmente procedentes de su participación, como actriz y productor", en la serie, según el auto. El informe elaborado por el auxilio judicial ha cuantificado las cuotas presuntamente defraudadas por Duato en su IRPF en un total de 1,9 millones de euros desde los ejercicios de 2010 hasta 2017. En el caso de su marido la cantidad defraudada por ese mismo concepto asciende a un total de 708.130, 55 euros en los ejercicios de 2011, 2012, 2014 y 2015.

Al igual que su compañero de reparto, la actriz, tras la apertura de esta investigación, ha pagado ya 838.163 euros por los ejercicios de 2010, 2011 y 2012.

La estructura creada para Duato, muy similar a la de Arias, consistió en la cesión de sus derechos de imagen a una sociedad bajo su control, Gaumukh Aeie, participada en un 40% por la sociedad inglesa Nevington Ltd y en el 60% por Grupo Ganga Producciones (de la que también es partícipe la actriz, junto con su marido).

Estas sociedades se encargaron de firmar los contratos con terceros y facturar por los servicios realizados por la actriz, para la que fijaban, al igual que en el caso de Arias, una retribución por un importe muy inferior a lo facturado por los servicios en forma de renta vitalicia.

El juez relata en su auto, de 15 folios, que las estructuras societarias creadas son casi idénticas para todos los clientes afectados, con el objeto de "evitar la tributación por el Impuesto de Sociedades de las sociedades operativas españolas o, en el caso de las personas físicas, por el IRPF".

El sistema por el que se consigue este efecto, explica el auto, no es otro que el de evitar que la facturación a clientes se haga desde las sociedades operativas, desplazando dicha facturación hacia sociedades sometidas al régimen de atribución o imputación de rentas, que finalmente consiguen simular la salida de España de las rentas, sin tributación alguna en nuestro país.

Tanto Imanol Arias como Ana Duato han mantenido que desconocían que Peña había diseñado esta trama. Ambos declararon ya ante el juez Ismael Moreno en relación con este caso, hace tres años, en junio de 2016.

En aquella ocasión, Arias afirmó ante el juez que era consciente de su error de haber defraudado a Hacienda, y que su voluntad era abonar hasta el último céntimo en la mayor brevedad posible. El actor reconoció asimismo que en 2012 usó dinero de Suiza para una ampliación de capital de su empresa. También dijo que que confiaba plenamente en el bufete Nummaria porque es muy conocido y tiene muy buena fama, y añadió que se enteró de que habría cometido un delito fiscal cuando comenzó el procedimiento penal.

Duato, por su parte, aseguró entonces sentirse "tranquila, porque creo que se han podido aclarar muchas cosas", y agradeció, "en medio de todo este ruido, a todos los que habéis creído en la presunción de inocencia de Ana Duato". "Yo también creo en ella", añadió.

Mientras, el responsable del despacho de abogados, Fernando Peña, exculpó a los actores, al afirmar ante el juez, también en 2016, que Arias y Duato estaban al corriente con Hacienda. Peña negó asimismo cualquier irregularidad en las gestiones de su bufete.

El auto atribuye también al abogado Fernando Peña la creación de otra estructura de sociedades con la finalidad "de evitar la tributación de los ingresos generados por su actividad profesional y mantener oculto el patrimonio acumulado de los beneficios que ésta le genera". De este modo, Peña llegó a eludir sus obligaciones tributarias tanto de IRPF como en el IVA, por los que dejó de pagar 9,8 millones por el primer concepto y 5,8 millones por el segundo.

En la labor de control de esa estructura fue ayudado por su hijo Pedro Angel Peña Bello y sus jefes de departamento José Luis Álvarez García (fiscal), Pedro Mena Regodón (contable) y Francisco Javier Gómez Gutiérrez (jurídico).

Todas estas circunstancias han llevado al juez a decretar la apertura de una pieza separada para investigar a Peña y a José Luis Álvarez por presuntos delitos de blanqueo y que se integrará en otra pieza abierta el pasado año para cursar una comisión rogatoria a Suiza.