El 1-O, visto para sentencia: Marchena propondrá el fallo final al resto de la Sala

20minutos.es NOTICIA12.06.2019 - 22:02h
Imagen tomada de la señal institucional del Tribunal Supremo, del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras (de espaldas-c), durante su turno de última palabra.
Imagen tomada de la señal institucional del Tribunal Supremo, del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras (de espaldas-c), durante su turno de última palabra.
EFE/Tribunal Supremo
Imagen tomada de la señal institucional del Tribunal Supremo, del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras (de espaldas-c), durante su turno de última palabra.

El juicio del procés quedó este miércoles visto para sentencia en el Tribunal Supremo cuatro meses después de su inicio. "Muchísimas gracias a todos. Visto para sentencia. Abandonen la Sala, por favor", con estas palabras el presidente del tribunal, Manuel Marchena, concluyó la jornada pasadas las 19.00 horas.

En total, el juicio ha tenido 52 sesiones: la primera fue el 12 de febrero pasado, y la sentencia no se espera hasta después del verano. Durante los cuatro meses de juicio, el tribunal ha podido escuchar, además de a las partes y a los acusados, la versión de 422 testigos, y conocer las pruebas periciales y documentales.

En resumen, el juicio del procés se ha convertido en un duro combate jurídico entre la Fiscalía y los abogados defensores de los doce encausados, y con un protagonista inesperado en la figura del presidente de la Sala, Manuel Marchena, quien dirigió las sesiones con templanza y garantías jurídicas.

¿Rebelión o sedición?

El Ministerio Fiscal ha tenido como objetivo probar que los líderes independentistas utilizaron de forma instrumental la violencia en los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017 y que, por lo tanto, los presos independentistas cometieron un delito de rebelión. La Fiscalía llegó a tildar lo sucedido de "golpe de Estado".

Mientras, las defensas han tratado de descalificar el proceso, tildando el juicio de "político", además de denunciar la presunta violencia en la actuación policial del día del referéndum del 1-O. En cuanto a los acusados, desde el inicio su relato ha sido justificar el proceso hacia la independencia y defender la vía pacífica.

Dos de los considerados "promotores" del proceso, Oriol Junqueras y Carme Forcadell, han encabezado esta línea argumental. Así, el 14 de febrero el exvicepresente Oriol Junqueras, que se presentó al tribunal como un "preso político", calificó al Constitucional de "elemento censor" por suspender el referéndum y afirmó que "votar no es delito y lo que sí es delito es impedir votar".

Junqueras llama al diálogo

En este mismo sentido, este miércoles Junqueras pidió "devolver la cuestión al terreno de la política", de donde, según dijo, "no debería haber salido". El exvicepresident, que se enfrenta a la pena más elevada con 25 años de prisión por un delito de rebelión agravada con malversación, utilizó el turno de última palabra para lanzar un último alegato político en el Supremo en favor del "diálogo" y lamentó que se haya traspasado a la Justicia "la responsabilidad de dictar sentencia".

Por su parte, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell aseguró que está siendo juzgada por rebelión por su trayectoria política y no por los hechos que cometió: "Afirmo que estoy siendo juzgada por mi trayectoria política, por ser quien soy, no por mis actos, no por mis hechos", lamentó Forcadell, que se enfrenta a 17 años de cárcel.

De esta manera, desde la llamada de Oriol Junqueras a que "la cuestión" vuelva a la política hasta el convencimiento del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, de que "volvería" a repetir lo que hizo el otoño de 2017; los 12 acusados del "procés" se dirigieron ayer por última vez a la Sala, convencidos de su inocencia y de que el diálogo es el camino.

A partir de ahora, el tribunal presidido por Marchena debe pronunciarse sobre lo que ocurrió aquellos días. Es decir, discernir si hubo una rebelión, como sostiene la Fiscalía; o si fue sedición, como plantea la Abogacía; una mera desobediencia, como admiten las defensas, o algún tipo intermedio.

Minuto a minuto

El juicio del 'procés' ha quedado visto para sentencia este miércoles, después de que los 12 líderes independentistas acusados hayan esgrimido sus alegatos finales en el turno a la última palabra. Uno por uno han desfilado ante el tribunal presidido por Manuel Marchena para lanzar un mensaje centrado en la necesidad de retomar la vía del diálogo y de encontrar una solución política a la situación.
Hasta aquí la transmisión en directo del juicio del 'procés'. Muchas gracias por seguirnos.
El exconseller de Interior Joaquim Forn ha publicado en su cuenta de Twitter su alegato final del juicio del 'procés' y se ha mostrado convencido de que serán capaces de "resolver el conflicto político planteado" desde el diálogo.
Queda visto para sentencia el juicio del 'procés'.
Mundó recuerda en su alegato a su familia y pide la libertad para sus compañeros que todavía se encuentran en prisión.
Turno para el exconseller de Justicia Carles Mundó, que considera el juicio un "fracaso de la política".
La exconsellera de Gobernación asegura que tenían claro que "no habría gasto público para no exponer a nadie".
Asimismo, expone que, aunque ella ya no está en política ni va a volver, habrá nuevas generaciones con el anhelo de decidir el encaje de Cataluña en una Europa moderna.
Borràs defiende que su intención con el referéndum era que los ciudadanos pudiesen votar y decidir sobre su futuro "sin imponer y escuchando a todos".
Se reanuda la última sesión del juicio del 'procés' con el alegato final de la exconsellera de Gobernación Mertixell Borràs.
Termina la intervención de Vila y Marchena concede un receso de 10 minutos.
"Para saber donde queríamos llegar, qué mal lo hicimos", apunta Vila.
El exconseller niega que dimitiese porque temía que sus compañeros del Govern fueran a cometer una ilegalidad, sino que lo hizo "frustrado" porque Carles Puigdemont "no quería o no podía convocar elecciones al Parlament ajustadas a derecho".
Vila explica que siempre fue fiel "a sus profundas convicciones" y que comprometió su actuación como político "respetando el espíritu y la letra de la Constitución".
Toma la palabra el exconseller de Empresa Santi Vila, que se pregunta: "¿Cómo hemos podido llegar a este punto, a este despropósito? (...) ¿Cómo debemos poder enderezarlo?".
El presidente de Ómnium Cultural destaca que su prioridad no es salir de prisión, aunque la considera ilegítima, sino "seguir trabajando en la resolución del conflicto" para conseguir "vivir en un país mejor y más libre".
"Me niego a vivir sin esperanza, a deshumanizar mi vida", esgrime Cuixart, que resalta que no tiene enemigos y que se niega a odiar a nadie.
"Miedo a la palabra, miedo a empatizar, miedo a conocernos mejor los unos a los otros", señala Cuixart como uno de los problemas de esta situación, al tiempo que lamenta que no se haya abordado la verdadera "raíz del conflicto".

Envía Cuixart un mensaje a todos aquellos que votaron el 1-O, a los que agradece su compromiso y su actitud pacífica y democrática.
Asimismo, llama a la movilización permanente y defiende el derecho a protestar ante todos los poderes del Estado, que afirma que es lo que hicieron el 20-S.
Turno para el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, que niega estar arrepentido: "Todo lo que hice lo volvería a hacer".
Concluye Bassa su intervención asegurando que la decisión de los magistrados puede determinar no solo la etapa final de su vida, sino "el principio de una solución para muchas personas" y la "libertad en mayúsculas de muchas generaciones".
La exconsellera de Trabajo detalla que en ningún momento buscaron poner en jaque el orden constitucional y asegura que rechaza la violencia y que jamás la ha promovido.

"Soy inocente", sentencia Bassa, que niega rotundamente los hechos que le han sido imputados en el que considera un juicio en el que "subyace un gran fondo político".
Turno de la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa, que asegura que, durante el juicio, en ocasiones se ha "indignado", otras "escandalizado" y otras "entristecido".
Para finalizar, Forcadell solicita a los magistrados que juzguen en función de los "hechos comprobados y no falsas especulaciones".
La expresidenta del Parlament de Cataluña niega que no acudiese a la reunión del 28 de septiembre entre Puigdemont, Junqueras y la cúpula de los mossos porque no pudiese, y afirma que no fue invitada.

Forcadell recalca que cree que está siendo juzgada por su trayectoria, por ser quien es, y "no por sus actos y por sus hechos". Además, denuncia que se ha intentado "cambiar la realidad para sostener las acusaciones", para lo que mantiene que se le han atribuido funciones que no tenía.
Empieza su intervención Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, que expresa su perplejidad por haber sido separada del resto de los miembros de la Mesa y por estar siendo juzgada por el Tribunal Supremo en vez de por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
"No hay ninguna puerta que finalmente se resista", mantiene Sànchez, que cita a un excompañero de prisión, para hacer una metáfora con la situación de Cataluña.
Desea que la puerta del referéndum acordado con el Gobierno español no se resista en el futuro y los catalanes puedan votar en las urnas, que asegura no son un instrumento de un golpe de Estado.
El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) duda que los magistrados del juicio del 'procés' tengan la solución a esta situación, pero les pide que sean conscientes de la responsabilidad que ostentan de no agravar esta circunstancia.
Sànchez denuncia el "uso y abuso" que, a su juicio, se hace de la prisión preventiva, lamenta las consecuencias que esta práctica tiene en los investigados y llama a revisarlo.
"Me considero víctima de una injusticia, de un dolor que ha causado el Estado", explica Sànchez, que se ha referido al tiempo que ha pasado en prisión preventiva y el sufrimiento que esto ha provocado a su familia y a la sociedad catalana.

Sànchez se refiere a la no violencia y defiende que no es pasividad, ni quedarse escondido, sino "asumir las consecuencias sin querer generar dolor ni al poderoso ni al débil".
Comienza el alegato de Jordi Sànchez, que cita a Sócrates: "Es mejor sufrir una injusticia, que cometerla".
Rull lamenta que, con este tiempo en prisión, se le haya impedido ver crecer a sus dos hijos, pero celebra el legado "valioso" que les va a dejar. Asegura que les ha podido transmitir la "dignidad de haber defendido unas ideas legítimas y dignas".
Asimismo, desea que con su labor sus hijos puedan vivir mañana en un "país mejor, libre, en una Repúlbica Catalana donde alguien no pueda ser encarcelado por sus ideales".
"Los fuertes pactan, los débiles imponen", afirma el exconseller, que alude al Reino Unido y a Canadá y apela a la utilización de mecanismos dentro del marco político para solucionar esta situación.
Rull culpa a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de 2010 del inicio del proceso independentista.
El exconseller de Territorio plantea que los delitos que se le imputan atentan contra su derecho a la libertad ideológica, de expresión y de reunión y sugiere que se le acusa de rebelión porque no ha renunciado a su actividad política.

Rull se pregunta si este juicio es "sobre ideas o sobre hechos" y se cuestiona también cómo está reaccionado el Estado de derecho al "reto democrático que se está planteando en Cataluña", para lo que cree que las respuestas no son muy positivas.
Turno para Josep Rull, exconseller de Territorio, que agradece la labor de sus abogados y el respaldo de su familia.
Turull reitera su compromiso político y defiende que la única vía es la del diálogo.
Turull acaba su alegato manifestando su gratitud y su compromiso y asegura que "no hay espacio para el rencor ni el resentimiento contra nada ni contra nadie".
Aprovecha también para agradecer la labor de los abogados, el apoyo de miles de personas que los han respaldado y de su familia.
El exconseller apela al pacifismo de los catalanes y a su voluntad de votar: "No son ovejas y la violencia no ha formado parte nunca de su código de conducta".
"Que de la expresión minúscula (de violencia) se quiera hacer la regla es un insulto", resalta.
Turull se suma a las palabras de Romeva y habla de una voluntad de perpetrar un "escarmiento" al independentismo, "a costa de los que sea", incluidos los derechos y libertades fundamentales.
Además, denuncia que las reglas del juego no han sido las mismas para los independentistas y para el resto de los ciudadanos.

Toma la palabra el exconseller de Presidencia Jordi Turull, que hace suyas las palabras de su abogado, Jordi Pina.
Forn concluye diciendo que está convencido de que no ha cometido ningún delito y asumiendo la responsabilidad de sus actos como conseller.
Asimismo, condena la intolerancia y cualquier acción violenta y defiende la necesidad del diálogo para resolver el conflicto.
"Los ciudadanos no acudieron a votar abducidos por el Gobierno de la Generalitat, sino con plena conciencia de su voluntad de ejercer el derecho al voto", insiste Forn, que remite a las declaraciones de los ciudadanos para respaldar sus palabras.

Forn defiende que creían que una interpretación más flexible de la ley era posible y que perseguían una salida pactada. Mantiene que siempre apostaron por el diálogo antes y después del referéndum, pero lamenta que no obtuvieron respuesta del Gobierno español.
Finalizado el alegato de Romeva, toma la palabra Joaquim Forn, que aprovecha para suscribir todo lo dicho por sus abogados y para agradecer el respaldo a las familias.
"Quiero ver, veo una oportunidad, una magnífica oportunidad", asegura Romeva, que apuesta por convertir esta situación en una respuesta que permita "seguir avanzando desde la confianza, el reconocimiento y el respeto de la opiniones de cada uno".
"Hacer un referéndum, con el Código Penal en la mano, no es delito", sostiene Romeva, que asegura que siempre ha defendido un derecho de autodeterminación sin violencia.
Durante su alegato, el exconseller de Exteriores insta a que se pueda construir una realidad en la que "no haya juicios políticos, no haya presos y presas políticos".
Romeva reprocha a las acusaciones que en el juicio se ha buscado "escarmentar, castigar una ideología".
Asimismo, ha criticado el uso del odio: "Es irresponsable porque el odio nunca ha construido ni solucionado nada".
Acaba su alegato Junqueras y toma la palabra Raül Romeva, exconseller de Exteriore, que ha querido hacer suyas las palabras de sus defensores y del presidente de ERC.
"Lo mejor para todos sería devolver la cuestión a la política, de la buena política, de donde nunca debió salir", recalca Junqueras, que incide en que el asunto debería volver al terreno del diálogo, la negociación y el acuerdo.
"Hablar y escuchar es la base de cualquier entendimiento", comienza su intervención Junqueras, que continúa citando a Petrarca.
Toma la palabra Oriol Junqueras.
Finaliza la intervención de Joan Segarra y comienza el turno de palabra para los acusados, que disponen de 15 minutos cada uno.
"¿Dónde está la desobediencia, señorías? El señor Santi Vila cumplió con la ley", dice Segarra.
Segarra afirma que Vila dio órdenes de "no incoar ningún expediente de contratación ni gasto para el 1-O" y apunta que también ordenó no ceder ningún local de la Conselleria.
"No existe ningún elemento para inferir que el señor Santi Vila tuviera conocimiento de esos supuestos gastos", asegura Segarra, que pone en duda que la celebración del referéndum necesitara dinero público.
Asimismo, expone que no existe ningún correo ni documento ni tuit en el que se hable de esos gastos y niega que Vila acudiese a ninguna de las reuniones extraoficiales en las que se supone que se organizó el referéndum.
El letrado señala que su defendido, tras tratar de establecer una aproximación al Gobierno español, dimitió, "frustrado por poder sellar una solución dialogada".
Segarra reprocha a las acusaciones su inconcreción y la falta de individualización.
Interviene el abogado del exconseller de Empresa Santi Vila, Joan Segarra, como última de las defensas de los acusados.
Se reanuda la última sesión del juicio del 'procés'.
El Tribunal Supremo ordena un receso para la comida. Hasta las 16. 00 horas. Entonces será el turno de la última defensa que queda por hablar, la del exconseller de economía Santi Vila. A continuación serán los acusados los que tendrán derecho a un último turno de palabra antes de dejar el caso visto para sentencia.
El abogado de Bassa también niega la malversación. Y pone en tela de juicio los informes de los peritos sobre las cesiones de espacios para la votación, porque se pidieron centros enteros, en lugar de las partes en las que se votaba, y horarios superiores a los que estuvieron abiertos.

En conclusión, dice, su defendida "no llevó a cabo conducta alguna para poner en jaque el sistema, ni llamó a impedir la practica judicial, ni comprometió el patrimonio público de la Generalitat, por eso pedimos una absolución"
Sobre la huelga del 3 de octubre. "El Govern no tiene posiblidad de no dar trámite a una convocatoria de huelga" que agrega que tenía una motivación laboral, aunque se incluía como propósito la detención de las falta de libertades civiles" en protesta por las actuaciones policiales del 1-O. Además subraya que no fue ilegalizada.
"La señora Bassa jamás impulsó a los ciudadanos a que defendieran los colegios o el material electoral. Al contrario. Hemos aportado prueba de expresas instrucciones a los responsables de los centros cívicos para que se cumplieran las órdenes judiciales y policiales".

"Solo el 1% de los centros de votación dependían de Trabajo", una cifra "insignificante".
Insiste Bergés: "Convocar un referéndum no equivale a lanzar a la gente contra la Policía". El letrado no cabe "inducción", porque quienes acudieron a votar lo hicieron "convencidos por sí mismos". No se llamó a nadie a que tomara las armas. Tampoco hubo, dice "conspiración para la rebelión", porque no hubo concierto de voluntades para dar un golpe violento.

Respecto a la posibilidad de imputar a Bassa, destaca que su defendida "no aparece en la supuesta agenda del señor Jové", "no estuvo en reuniones del señor Puigdemont". Ni envió mensajes para pedir acciones violentas. Y que solo se la ha mencionado cuatro o cinco veces en todo el proceso. "Sin participación esencial no se puede hablar de autoría".
Sobre la sedición, el letrado esgrime que "en todos los casos (colegios electorales) se pudo practicar la diligencia judicial, y eso porque la gente quiso retrasar la práctica de la actuación judicial" pero no impedirla cuando entraran a los colegios a retirar el material del referéndum. Para el abogado de Bassa "la resistencia pasiva no merece reproche de 10 a 15 años de prisión".
"No es un delito declarar la independencia, la DUI fue un acto políto y pacífico", añade Bergés. "No se dio inicio al proceso de transición, no se constituyó la república, Cataluña no se segregó. No fue un alzamiento para la independencia, sino un proceso político fruto de una crisis que se venía arrastrando desde hace años".

"La DUI no era el objetivo, sí lo era en cambio la independencia pactada", que según esgrime podría encajar en la Constitución española.

Y considera que un "patadón" y un "atentado" al sistema legal lo que pretende la Fiscalía.

No existe ninguna definición de alzamiento pasivo, todas implican acción, defiende el letrado, por lo que no puede considerarse alzamiento la resistencia pasiva.
"Se mire como se mire, la conducta de los acusados no era capaz de doblegar la voluntad del Estado", dice el abogado, que culpa a la actuación desproporcionada de grupos policiales de lo ocurrido del 1-O.

"El supuesto peligro no puede ser imputado a los acusados". Y alega que hubo conflicto en una treintena de centros electorales de los 2.000 que había. Y solo hubo 6 detenciones de los dos millones y medio de votantes.

"Los escupitajos o el sillazo no ponen en jaque el sistema constitucional". "Son exageraciones, intentar encajar lo que no es en un delito".

"Lo que pasó en Cataluña fue una convocatoria para votar, y convocar a un referéndum de manera ordenada y pacífica, no puede interpretarse como lanzar a la población contra las fuerzas del orden. La gente acudió a los colegios a votar, no para dar un golpe violento".
El Supremo retoma la sesión con Mariano Bergés, abogado de Dolors Bassa, exconsellera de Trabajo. Defiende que "no hubo rebelión porque no hubo violencia" y considera que en el proceso ha habido "interpretaciones forzadas".

Sobre lo ocurrido el 1 de octubre, a su juicio fueron "actos sobrevenidos sobre hechos no planificados", y los acusados no podían saber lo que iba a ocurrir.

El tribunal se toma un receso. Todavía faltan varias defensas por exponer sus alegatos finales.
La abogada pide para Meritxell Borrás "la absolución con todos los pronunciamientos favorables" dado que su representada "se ha sometido desde el minuto 1 al poder judicial". "Ha intentado explicar lo que hizo y lo que no hizo". Siendo "respetuosa" y "leal" con este procedimiento. "Mi representada se equivocó o no se equivocó pero cualquier acción no se hizo a sabiendas de que era ilegal".
Gené añade que no puede hablarse de organización criminal. Alega que el auto de procesamiento se circunscribe al decreto y acuerdo del 6 de septiembre.

"Del delito de organización criminal lo único que se ha probado es que son más de dos, solo hace falta contar". "Por no probarse no se ha probado ni la organización, ni el elemento finalístico de constituirse para realizar actos criminalisticos, porque querer hacer un referéndum no es un delito organizado".

"Ni un solo tuit, ni una sola declaración, ni una reunión en la agenda jove, ni aparece en la agenda moleskin, búsquenla donde quieran, ni aparece. 10.000 correos y ninguno tiene relación con lo que se está juzgando aquí. Y tercero: si mi representada no puede ser autora porque no era competente de estos gastos, ¿cómo pretende imputarselo a mi representada?". Por su adscripción al acuerdo político del gobierno catalán 6 de septiembre "que no tuvo ningún efecto práctico".
La abogada vuelve a incidir en que ni el departamento de Borras ni ella misma estuvieron implicadas en nada que tuviera que ver con la organización del referéndum. Ni en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Comunicación, ni en Unipost, ni en la acción exterior de la Generalitat o Diplocat. "No se puede sostener con falta de rigor acusaciones gratuitas cuando se piden nada más que la friolera de 7 años de cárcel".
Gené insiste en desligar a su defendida del delito de malversación: Ninguna de las campañas del referéndum, siempre según las tésis de Fiscalía, fueron realizadas desde el departamento de Meritxell Borrás.

"El celo acusador de la Fiscalía le ha privado de realizar un análisis global que le hubiera llevado a no formular una acusación tan grave", agrega Judit Gené, abogada de Meritxell Borrás, exconsellera de Gobernación y Vivienda.
Comienza ahora el informe final de la abogada de Meritxell Borrás, Judit Gené, que pide la absolución de su defendida de los delitos de malversación y desobediencia.



Tiene 45 minutos y empieza diciendo que a su defendida no puede imputársele "malversación". Considera Gené que la Abogacía del Estado y la Fiscalía ha actuado con "sesgo" porque solamente se han fijado "en lo que perjudica y no han analizado los hechos en su globalidad en interés de la legalidad".
Arderiu menciona las penas para sostener la línea general de su alegato: que se le juzga por quién es y no por sus hechos. Pide su absolución y su libertad. Anuncia que este miércoles, día que finaliza el juicio, ha presentado un escrito al Supremo para solicitar su puesta en libertad.
Forcadell no puedo prever que se produciría violencia, alega Arderiu sobre el 1-O. "La gente en Cataluña no se imaginaba que la Policía venía a cargar, sino que pensaban que venían a investigar". Marchena recuerda a la letrada que le restan 10 minutos de tiempo.
Arderiu defiende que la Fiscalía está "mintiendo" sobre las actuaciones de Focardell, que "en ningún momento se dirigió a la masa el 20-S". Su abogada recuerda que Carme Forcadell es de Sabadell y que el 20-S acudió a la propuesta de su pueblo, en Sabadell.
"Claros intentos de involucrarla por hechos no cometidos", alega Arderiu.
"No se han acreditado ni mails, ni whatsapps de Forcadell en la participación del referéndum... ¿Cómo se comunicaron, por telepatía?", se pregunda la letrada. "A Forcadell ni se la convocó (a la reunión entre Mossos y Govern días antes del 1-O) porque no tenía ningún sentido que estuviese. No nos valen invenciones para poderla destacar". Arderiu alega que al resto de miembros de la Mesa del Parlament estuvieron presentes igual que Forcadell en diferentes momentos del 20 y 21 de septiembre, sin embargo, alega, el resto de miembros de la Mesa no están imputados.
Arderiu defiende que a Forcadell "se le juzga como promotora por quién es y no por lo que ha hecho" y defiende que no ha cometido ningún delito.
Arderiu quiere probar la "politización" del proceso y para ello menciona que todo comienza con una resolución del Constitucional en 2012, cuando el hermano del coronel Diego Pérez de los Cobos y militante del PP era presidente del TC.
Por otro lado, el exconseller de Interior y concejal electo de Barcelona por JxCat, Joaquim Forn, será trasladado este jueves a Cataluña en una conducción "especial y directa" desde la prisión madrileña de Soto del Real a la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), para hacer los trámites necesarios de su nuevo cargo y asistir el sábado al pleno de constitución del Ayuntamiento de Barcelona.
"La agenda Moleskine deja claro que Forcadell no asistía a las reuniones ni participaba en la toma de decisiones", prosigue Arderiu.
Arderiu dice que su defendida Carme Forcadell no aparece en la Hoja de Ruta. Las imágenes del Tribunal Supremo permiten observar a los acusados compartiendo y pasándose de mano en mano un pequeño objeto que no llega a observarse con claridad.
El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco y presidente del GBB, Joseba Egibar, ha afirmado que, con juicios como el del 'procés', se quieren prohibir las consultas ciudadanas y dar "un escarmiento" a toda una generación de políticos catalanes. Egibar ha declarado ante los medios de comunicación que "lo que se quiere prohibir es que pueda haber ejercicios democráticos de profundización democrática a través de la consulta a la ciudadanía". Además, ha destacado que "el escarmiento" ante el referéndum del 1-O "y la amenaza, los han encontrado en esta clase política catalana, que, además, constituye toda una generación de dirigentes".
Arderiu dice "la violencia normativa ni siquiera aparece en el Código Penal".
Comienza ahora la abogada de Carme Focadell, Olga Arderiu, que se adhiere a todo lo pronunciado por sus compañeros el resto de las defensas para pedir la absolución de su defendida, que es la expresidenta del Parlament.
"La actuación de los poderes públicos del Estado en octubre de 2017 se movió en un clima de suspensión de derechos. Frente a ello, una parte de la ciudadanía catalana salió a la calle para defender los derechos fundamentales". "Desatención de un auto, éste es el litigio concreto que debemos analizar", considera Roig, que también reconoce desobediencia pero rechaza rebelión.

La abogada del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha defendido en su alegato final que las concentraciones y protestas que tuvieron lugar en el otoño de 2017, en el marco de la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre, y se enmarcan en el derecho de reunión, llegando a decir que "la defensa de la unidad de España no puede suponer el sacrificio de los derechos fundamentales".

Finaliza la hora de tiempo del que dispone Roig.

"En 2017 se produjo un conflicto político de gran calado en las relaciones entre Cataluña y España y una parte de la ciudadanía respondió a ese conflicto como corresponde a una sociedad democrática, saliendo a la calle para pedir a los políticos que actúen con responsabilidad y afronten el conflicto, y lo hizo sin violencia", ha subrayado Roig.
Sobre el 1-O, Roig dice que el único objetivo de acudir a las urnas fue votar. Defiende que los que protestaron en los colegios electorales ejercieron su derecho a la reunión pacífica. "La gente recibió a la policía sentada o con en pie con los brazos en alto o entrelazados". Roig dice que en cambio sí que hubo colegios en los que la policía cargó contra gente que no estaba manteniendo una actitud violenta. Roig reconoce que fueron dos casos en los que los protestantes dieron patadas algunos agentes pero niega el uso generalizado de la violencia. Marchena le recuerda que le quedan 10 minutos. "No pueden atribuirse a Cuixart las lesiones que causaron algunos de los protestantes". "La finalidad de la ciudadanía no fue impedir la actuación policial sino protestar". "El 1-O no se puede concebir como un alzamiento".
"Todos sus mensajes (los de Cuixart) son explícitos en el sentido de pedir a la ciudadanía respuestas pacíficas", prosigue Roig.
"¿Cómo no iba a protestar la ciudadanía, que fue víctima de estos excesos?", se pregunta Roig. "No podemos hablar de violencia en los términos de un delito de rebelión". "No estamos minimizando los hechos sino intentado situarlos en su justo término", defiende la defensa de Cuixart. "Criminalizar la movilización popular es una grave error que puede tener consecuencias nefastas en cuanto al ejercicio de derechos fundamentales".
Sobre el registro del 20-S, afirma que se llevó a cabo "durante todo el día y sin interrupciones". "Se desarrolló en el interior de una manera irregular, la Guardia Civil se comportó de manera irregular con la letrada de la Administración de Justicia".
"Su actuación (la de Cuixart) queda amparada en el ejercicio del derecho de reunión y es irrelevante que dijera 'desde este altar majestuoso' para dirigirse a la ciudadanía subido a un vehículo de la Guardia Civil", alega la abogada.
"Ni los 19 y 20 de septiembre hubo uso de armas, ni batalla campal, ni intentos de asalto... Hubo concentraciones d eprotestas y algún incidente puntual". Roig, al igual que el resto de las defensas este martes, niega la violencia. "No pueden calificarse como violencia o alzamiento como requiere el delito de rebelión", agrega.
Marina Roig es la abogada de Jordi Cuixart, que es el presidente de Òmnium Cultural. Cuixart ha tuiteado este miércoles desde el Supremo y ha asegurado que este miércoles "no se termina nada" y ha manifestado que se sienten "plenos de autoestima por haber convertido una ceremonia represiva en un acto de reafirmación social y nacional, de amor a la libertad".
A su llegada del Supremo, el vicepresidente catalán Pere Aragonés ha asegurado que el juicio del 'procés' no terminará en en el Alto Tribunal si la sentencia es condenatoria, sino que continuarán "la batalla" en los tribunales europeos y de derechos humanos. "Estamos convencidos de que acaban dándonos la razón", ha concluido.
"El hecho de que no se notifique una reunión no la convierte en ilícita", continúa citando Roig.
Roig está repasando diversas sentencias e informes en los que se recogen que los incidentes aislados que se registren dentro de una movilización pacífica no modifian el carácter pacífico de dicha reunión, que el carácter pacífico debe presuponerse en las concentraciones y entenderse de una forma amplia. "La responsabilidad civil de una persona no debería penarse por el mero hecho de organizar una protesta pacífica", cita Roig.
Marina Roig aborda el derecho de reunión, que entiende que no está "tan abvio" en la Sala. "La propia Constitución española no se entendería sin las manifestaciones de los años 70". Roig reprueba que la movilización ciudadana se entiende en determinados sectores del Estado como "amenaza". Recuerda la letrada que el derecho de reunión se equipara al derecho a la movilización y, por tanto, al derecho a la libertad.
Roig: "No hay Constitución sin democracia y no hay democracia sin participación colectiva". La abogada de Cuixart recuerda que la tesis acusatoria formulada contra su cliente se basa en su papel en la movilización popular.
Comienza la sesión 52 y última del juicio del 'procés' con la conclusión de Marina Roig, abogada de Jordi Ciuxart.
La primera en arrancar en la sesión de este miércoles será Marina Roig en representación de Jordi Cuixart. La abogada debía haber hablado este martes pero pidió que se retrasara su intervención por encontrarse indispuesta.

Cuando acaben su exposición los letrados de los doce acusados (tienen una hora de tiempo por cada defendido), llegará el final del juicio con el turno de la última palabra de los enjuiciados. Cada uno contará con 15 minutos para exponer su último alegato.
En esta última sesión, la número 52 y después de cuatro meses justos (comenzó el 12 de febrero), los acusados contarán con Gabriel Rufián, Pere Aragonés o Quim Torra entre el público. El diputado de ERC ha hecho declaraciones a los medios a su llegada al Tribunal Supremo: "Si nuestros compañeros no son absueltos todo esto acabará en Estrasburgo y en las calles, que es donde este país acabará protestanto por lo que ocurre en este tribunal imparcial".
Buenos días, arrancamos con la narración en directo de la que previsiblemente va a ser la última sesión del juicio del 'procés'. Este miércoles los abogados de los acusados terminarán de exponer sus conclusiones finales y a continuación los 12 encausados tendrán 15 minutos cada uno para pronunciar un alegato final. Te lo contamos en directo. Gracias por seguirnos.
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