La Fiscalía en el juicio del procés ha solicitado expresamente en sus conclusiones finales, que ha elevado a definitivas, que si los acusados son condenados no puedan obtener el tercer grado penitenciario -semilibertad- hasta que hayan cumplido la mitad de la pena de prisión.

El Código Penal dice en su artículo 36 que cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, "el Juez o Tribunal podrá ordenar que la clasificación en tercer grado no se efectúe" hasta ese momento; el Ministerio Público, en este caso, pide 25 años de prisión para Oriol Junqueras, y 17 para Carme Forcadell y los Jordis y ha mantenido la acusación de rebelión contra la cúpula del proceso independentista.

La Fiscalía quiere impedir así que la Generalitat pudiera, en un escenario hipotético, aplicar beneficios penitenciarios antes de tiempo, ya que los condenados cumplirían previsiblemente la pena en centros de la Comunidad y esta tiene las competencias en la materia. En el escrito se piden, asimismo, 16 años para cada exconseller preso: Turull, Rull, Forn, Romeva y Bassa; mientras que para los otros tres -Mundó, Borràs y Vila- solicita 7 años de prisión.

Se daba por hecho que la Fiscalía iba a apostar hasta el final por la rebelión como así ha sido y que la sedición no fue una figura penal que contemplarían los cuatro fiscales del caso, quienes entienden que el juicio lejos de cuestionar sus tesis lo que ha hecho no es sino corroborar su acusación. Tanto es así que para reforzar su acusación de rebelión, la Fiscalía ha añadido en su escrito la mención al clima "claramente insurrecional" del 19 de septiembre al 27 de octubre.

Además, ha dado credibilidad a la versión de la Prefectura de Mossos al añadir en su escrito que, en su reunión con Carles Puigdemont, Junqueras y Joaquim Forn del 28 de septiembre de 2017, advirtieron al Govern de que "era altamente probable que se produjeran situaciones violentas" si "la enorme movilización de personas" se enfrentaba a los agentes y pidieron desconvocar el 1-O.

"Al finalizar la reunión, el procesado rebelde, entonces presidente de la Generalitat, manifestó a todos los presentes que si el 1-O había violencia declararía la independencia", señala el escrito. Lo que también han hecho los fiscales es retirar del escrito de conclusiones definitivas las menciones a los cinco miembros de la Mesa del Parlament una vez que la Sala acordó que todos ellos serán juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Por su parte, la Abogacía ha mantenido su petición inicial de 12 años de cárcel para el exvicepresident Oriol Junqueras, a quien también imputa malversación; de 10 para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y de 8 para los Jordis.

No cambia tampoco su petición de 11 años y medio para los exconsellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa por sedición y malversación, ni la de 7 años para Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs por malversación y desobediencia. Así lo ha anunciado Rosa Seoane, jefa de lo Penal de la Abogacía del Estado -dependiente del Gobierno- ante el Tribunal Supremo.