Las dudas sobre el estatus de Don Juan Carlos: ¿seguirá siendo aforado? ¿es aún miembro de la Familia Real?

Los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía, en el hemiciclo del Congreso de los Diputados.
Los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía, en el hemiciclo del Congreso de los Diputados.
EFE
Los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía, en el hemiciclo del Congreso de los Diputados.

Tras anunciar el Rey Juan Carlos su voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales, han surgido algunas dudas sobre el estátus jurídico del rey emérito y las atribuciones presupuestarias en sus actividades públicas y privadas.

¿Seguirá siendo miembro de la Familia Real?

Sí. El anuncio comunicado este lunes por la Casa del Rey no afecta al estatus de don Juan Carlos. Mantendrá su condición de miembro de la Familia Real y su consideración de rey. El decreto que aprobó el Gobierno en junio de 2014 tras la abdicación establecía que don Juan Carlos y doña Sofía mantuvieran el tratamiento de rey y de reina. El padre de Felipe VI es además capitán general de las Fuerzas Armadas en la reserva.

¿Y estará aforado?

También. No se modificará el estatus jurídico que ha tenido desde su abdicación hace cinco años, a pesar de retirarse de la vida pública y dejar de desarrollar actividades oficiales. De este modo, seguirá siendo aforado, como los parlamentarios y miembros del Gobierno.

¿La decisión del rey afecta a la reina Sofía?

No. En el caso de la reina Sofía, Zarzuela ha apuntado que va a seguir desarrollando su actividad institucional como hasta ahora.

¿Se reducirá su dotación presupuestaria?

Como miembro de la Familia Real, el anterior jefe del Estado tuvo un sueldo de 194.232 euros durante 2018 y ha contado con una secretaría de apoyo para la organización de su agenda oficial. Al dejar de desarrollar actos oficiales, los recursos humanos y presupuestarios que dispone Juan Carlos I podrían modificarse, aunque por ahora no se ha tomado ninguna medida al respecto.

¿Y sus actividades privadas?

Zarzuela también ha informado de que la retirada de la vida pública no afectará a sus actividades privadas, que serán "las que determine" el anterior jefe del Estado.

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