El CGPJ detectó en 2007 "retraso" en el juez que debía enviar a Del Valle a la cárcel

  • El presunto asesino de Mari Luz no estaba en prisión porque el juzgado no tramitó adecuadamente la ejecución de la condena.
  • El Consejo General del Poder Judicial recomendó al juez que supervisara las ejecuciones de sentencias.
  • A la secretaria le aconsejó tener cuidado con la documentación de las órdenes de busca y captura.
  • El padre de Mari Luz exige responsabilidades.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vio el año pasado un "cierto retraso" en el trámite de las ejecuciones de sentencia en el juzgado de lo
Penal número 1 de
Sevilla, cuyo titular -
Rafael Tirado- mantuvo en libertad al presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz, pese a que estaba condenado. El
CGPJ dio recomendaciones al juez para paliar esta situación.

El servicio de Inspección llevó a cabo el pasado mes de noviembre la citada revisión y ofreció una serie de recomendaciones al juez y a la secretaria del juzgado, entre ellas la supervisión personal de las ejecutorias (órdenes de ejecución de las sentencias) y una reordenación del personal de dicho negociado, según ha explicado hoy a Efe el portavoz del CGPJ, Enrique López.

Además, se recomendó a la secretaria que tuviera un cuidado personal en la documentación de las ordenes de búsqueda y captura y tramitación de recursos en el juzgado, donde, no obstante, no se apreciaron irregularidades como para abrir un expediente, según López.

El CGPJ abrió el pasado jueves una información previa respecto a la actuación desarrollada por Tirado, encargado de ejecutar la sentencia que condenó al encarcelado por el asesinato de Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, por abusos sexuales a su hija de cinco años.

La finalidad de la investigación es averiguar por qué Del Valle se encontraba libre a pesar de haber sido condenado en dos ocasiones por delitos sexuales. Santiago Del Valle no ha cumplido la pena de dos años y nueve meses que le impuso en 2002 el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla por abusar sexualmente de su hija y además cuenta con otra condena de dos años de cárcel que dictó el Juzgado penal 4 de Sevilla en diciembre de 2004 por agredir sexualmente a otra menor.

El padre de Mari Luz, Juan José Cortes, estudia la posibilidad de emprender acciones legales contra aquellas personas que permitieron que el presunto asesino de su hija estuviese en libertad y ha pedido a los responsables que asuman responsabilidades.

"Todos deben asumir responsabilidades, también políticas", ha dicho a Efe Cortés, quien ha confiado en que los causantes de que Del Valle estuviera en la calle pese a recaer sobre él sentencias condenatorias por pederastia se disculpen por lo sucedido.

Dos hermanos de Del Valle han sufrido sendas agresiones en las últimas horas por parte de vecinos de la barriada de El Torrejón, donde vivía la niña, que les habrían acusado de ser cómplices de los hechos. Otra hermana, Carolina del Valle, ha declarado que Santiago abusó de ella cuando era pequeña y que ahora "miraba mucho" a la propia hija de Carolina, de 9 años.

Por su parte, la Asociación de Juristas Derecho y Democracia ha mostrado su apoyo al juez Tirado y ha expresado su rechazo al linchamiento público al que está siendo sometido. Para esta asociación, según ha indicado en una nota, "no procede la utilización de la figura del juez Tirado como cabeza de turco del mal funcionamiento de la Administración de Justicia".

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha instado a los poderes públicos a pensar en la creación de organismos de mediación judicial que eviten el "colapso" que sufre la justicia actualmente y situaciones como la ocurrida con Mari Luz, que ha calificado como de "descoordinación trágica".

El PP también exige responsabilidades

Sobre este asunto también se ha pronunciado el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, quien ha pedido a la Junta de Andalucía que "no se esconda" e investigue sus actuaciones para cubrir vacantes en la administración de Justicia, de manera que se eviten en un futuro errores como el de Santiago del Valle.

En este sentido, la responsable de Política Social en el PP, Ana Pastor, ha calificado de "terrible" lo ocurrido en este caso y ha exigido "responsabilidades" por los errores judiciales cometidos.

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