La Sección 21 de la Audiencia de Barcelona ha mantenido en libertad provisional al exprofesor de Maristas Joaquín Benítez después de condenarle a 21 años y nueve meses de cárcel por abusar sexualmente de cuatro alumnos entre 2006 y 2009, a la espera de que la sentencia sea firme y pueda ejecutarse.

Este lunes se celebró en la Sección la comparecencia de medidas cautelares a petición de la Fiscalía, las acusaciones particulares y el Ayuntamiento de Barcelona, en la que todas las acusaciones solicitaron el ingreso en prisión inmediato de Benítez por el riesgo de fuga ante la elevada pena a la que ha sido condenado, al considerar que además no tiene arraigo, mientras que la defensa alegó que siempre había cumplido con las cautelares impuestas.

La sentencia contra el exdocente no es firme ya que su abogado ha anunciado que presentarán recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y además cabe recurso en el Tribunal Supremo, por lo que las acusaciones piden que ingrese en la cárcel de forma preventiva para que no pueda eludir la acción de la justicia.

La sala considera que el ingreso en prisión de Benítez no es necesario puesto que han resultado "eficaces" las medidas cautelares que se le impusieron en febrero de 2016, cuando compareció como investigado ante el juez instructor: comparecencias periódicas en la comisaría y prohibición de salir de España y de tratar con menores, incluidas las víctimas.

Tras recordar que la prisión no puede convertirse en una "ejecución provisional" de la condena porque sería contrario a la ley, la Audiencia razona que Benítez ha cumplido "escrupulosamente" las medidas cautelares impuestas durante los tres años de instrucción del caso y ha comparecido ante la justicia "cuantas veces ha sido llamado", pese a que era "previsible" que acabara condenado a penas de cárcel.

Además, según el tribunal, el procesado manifestó en la vista celebrada este lunes para decidir sobre su ingreso en prisión que "presta ayuda a su hermano, que tiene una minusvalía, y no tiene conexiones con otros países", argumentos que fueron esgrimidos por su defensa para descartar el riesgo de fuga del condenado.

Para la Audiencia de Barcelona, una vez dictada la sentencia, "decae por su propio peso el riesgo de destrucción u ocultación de pruebas", y en la vista celebrada la víspera "no se ha puesto de manifiesto" ningún hecho que respalde la hipótesis de que pueda volver a delinquir.

"En este caso, la comisión de hechos de más de diez años, que son aquellos por los que ha sido condenado, u otros más antiguos, no permite por sí hacer una proyección de futuro si no se apoya en algún dato actual, tal como la relación con otros sujetos susceptibles de convertirse en víctima por razón de trabajo o de otro tipo, otras denuncias, etc", añade el auto.

La Audiencia de Barcelona cree que las medidas de alejamiento y prohibición de comunicación con las víctimas, que ya no son menores de edad, "se han mostrado suficientes", y que no se ha puesto de manifiesto "que el procesado tenga o pueda tener relación con menores concretos cuyo superior interés" deba ser considerado por el tribunal.

La sala invoca la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de prisión provisional, "basada en los principios de excepcionalidad, necesariedad y proporcionalidad", y sostiene que la medida de prisión debe ir encaminada a evitar los riesgos de reiteración delictiva, fuga y destrucción de pruebas que establece la ley.

En ese sentido, añade el auto, la medida de prisión preventiva debe resultar "adecuada" a las circunstancias personales del imputado y limitada a aquellos casos en los que no exista "otro medio menos gravoso para el derecho fundamental a la libertad".

En su sentencia, la Audiencia da por probado que el exprofesor, que daba clases de educación física, abusó sexualmente entre 2006 y 2009 de cuatro alumnos de entre 12 y 14 años, hecho que según el tribunal ha incidido "de forma permanente" en la vida de las víctimas hasta el punto de condicionar su personalidad.

Según la Audiencia, los hechos fueron cometidos "no solo con abuso de superioridad por su condición de docente, sino en el mismo centro, con pluralidad de víctimas y en un período temporal amplio", lo que pone en evidencia la "peligrosidad" de Benítez para ejercer de profesor, motivo por el que le inhabilita también durante 13 años y 8 meses.

La Audiencia sitúa a la Fundación Champagnat como responsable civil subsidiaria, en virtud del artículo 120.4 del Código Penal, que prevé esta figura en delitos cometidos por empleados o representantes de una entidad en el desempeño de sus funciones o servicios, y que se fundamenta en la "culpa in vigilando" (culpa en la vigilancia) o "culpa in eligendo" (en la elección).

El padre que destapó el caso Maristas, Manuel Barbero, ha lamentado la decisión de la Audiencia de Barcelona de mantener en libertad provisional al exprofesor Joaquín Benítez, condenado a 21 años y nueve meses de cárcel por abusar de cuatro alumnos: "Es un jarro de agua fría". También ha afirmado que recurrirán.

Barbero ha dicho que pueden haber argumentos jurídicos que justifiquen que siga libre pero ha puntualizado: "Como persona de pie y padre de un chaval que lleva varios años encerrado y sufriendo, no lo entiendo".

Barbero ha insistido: "No entiendo por qué está en libertad, y se va a tirar uno o dos años en libertad más, mientras sus víctimas están sufriendo unas secuelas".

Ha recordado que Benítez es un "depredador sexual y un peligro para la sociedad", y a esto se suma que ahora está condenado en primera instancia a casi 22 años de cárcel, por lo que a sus ojos que esté en libertad genera alarma social y supone un duro palo para las víctimas.

"No es crítica a los tribunales, el tribunal ha hecho su trabajo pero nosotros no estamos de acuerdo", ha argumentado, por lo que prevén recurrir a instancias superiores argumentando que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva, y que es un peligro público.

Barbero ha lamentado que, "por mucho menos, a otras personas se les priva de libertad, y a algunas se les ha privado de libertad y luego se ha demostrado que no habían cometido ningún delito. En cambio, este señor ha confesado parte de sus delitos".

La Sección 21 de la Audiencia de Barcelona ha rechazado dictar el ingreso en prisión provisional de Benítez hasta que la sentencia contra él sea firme argumentando que ya tiene fuertes medidas cautelares de control que ha cumplido sin incidencias durante toda la tramitación de la causa, en total tres años.

La consellera de Presidencia, Meritxell Budó, ha respetado la decisión de la Audiencia de Barcelona de mantener en libertad provisional a Benítez tras condenarle a 21 años y 9 meses de cárcel por abusar sexualmente de cuatro alumnos, a la espera de que la sentencia sea firme y pueda ejecutarse.

"Rechazo máximo a los hechos, pero respetar la decisión de la Audiencia, aunque nos cueste de entender", ha dicho la consellera durante la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.