La magistrada Victoria Rosell (Murcia, 1968) regresa. Lo hace tras el archivo de la denuncia que le puso el ministro José Manuel Soria y que le obligó a dejar el escaño que había conseguido en 2015 para defenderse. Hoy, se congratula de que el caso Rosell haya pasado a ser el caso Alba -el apellido del juez que dio curso a esa querella falsa para "hacer méritos" ante el PP-. Unidas Podemos considera su fichaje como cabeza de lista de Las Palmas para el 28 de abril como una reparación. "Es un buen mensaje en tiempos de cloacas", valora. Entre sus propuestas, defiende una ley de protección de denunciantes de corrupción o suprimir el límite temporal para investigar este tipo de casos. Y, al tiempo, feminizar la Justicia, con cuotas si es necesario. "Nos dicen que es cuestión de tiempo, pero no es cierto: ya se están jubilando las primeras promociones de magistradas y no han llegado a la cúpula".

¿Por qué ha aceptado volver?

Se lo debía a la gente que me votó en 2015. Tuve que dimitir por la querella falsa que me interpuso el exministro José Manuel Soria y no pude cumplir con los compromisos. En tiempos de cloacas, es un buen mensaje que, por poderoso que parezca el rival, se puede vencer con la ley en la mano.

¿Se considera una víctima?

El Ministerio Fiscal siempre pidió el archivo de la querella. Lo que me ha costado más es demostrar que no solo no había cometido esos hechos, sino que el caso Rosell se convirtiera en el caso Alba y que todas las pruebas estaban manipuladas o eran falsas. Ahora es él el que irá a juicio con una petición fiscal de diez años de prisión y 29 de inhabilitación porque, según el escrito de acusación, quería hacer méritos ante el ministro. Aquello fue duro, el impacto fue personal y profesional. Me rompieron algo que pensé que era a prueba de balas: mi confianza en la Justicia. Ahora, la estoy recuperando. Es importante que los pocos casos que hay de jueces presuntamente corruptos sean denunciados.

¿Basta con el Observatorio contra la corrupción que proponen?

No, se necesitan varias medidas complementarias. El Observatorio es importante, pero tiene que acompañarse de algo urgente como la ley integral de protección de denunciantes y testigos de corrupción. Hay partidos que se alimentan de ella y que reaccionan contra las víctimas, a las que hay que ofrecer protección psicológica, laboral, económica...

También hace falta una policía judicial o que, mientras se crea ese cuerpo, la judicatura pueda adscribirse agentes y blindarlos, para que no queden expuestos al gobierno de turno. Es una dificultad que hay que soslayar. Cuando necesitas documentos incriminatorios que tiene el poder y es el poder el que tiene en sus manos premiar o castigar a los policías que lo investigan... A mí me ha pasado. Intervine un teléfono por orden judicial a alguien relacionado con la Policía y no dio resultado. Cuando pregunté quién estaba al tanto de eso, dentro de la cadena de secreto, supe que había llegado hasta el delegado del gobierno, un cargo político. Tener los medios de prueba en manos de los investigados es garantía de fracaso.

¿Cree en las cuotas para feminizar la Justicia?

Cuando hablamos de puestos discrecionales, queremos cumplir los principios de mérito, capacidad y paridad de género. Todas tenemos en la cabeza esa foto del inicio del año judicial con el rey, en la que todos son hombres, una foto que podía ser de hace 50 años. Algunos dicen que es cuestión de tiempo, pero lo cierto es que ya se están jubilando las primeras promociones de magistradas y no han llegado a esos puestos. Es evidente que hay un sesgo. La base de la Justicia ya es mayoritariamente femenina y la cúpula no tiene esa representación. Para nosotros, es una anomalía democrática.

Pero también puede haber juezas machistas.

Sí, y por eso hay que dar una formación en perspectiva de género en todos los estamentos y las jurisdicciones. Sin esa perspectiva, no detectas el problema. Y sin ver el problema, no das soluciones.

¿Se ve como ministra de Justicia de un gobierno conjunto con el PSOE?

Cualquiera que da el salto al Legislativo piensa que hay un paso más, que no es solo hacer leyes sino ejecutarlas en el primer ámbito de la administración. Existe esa posibilidad, aunque hay mucha gente con una preparación indiscutible que podría ostentar ese cargo con mucha dignidad. La primera medida urgente y con coste cero sería la derogación del artículo 324 de la ley de enjuiciamiento criminal.

¿Por qué?

Establece plazos máximos para la investigación judicial y ha garantizado la impunidad de casos como el del presidente de Murcia. Es como promulgar que las listas de espera tienen que tener un máximo pero no se ponen médicos para reducirlas. Su supresión se ha bloqueado más de 50 veces en el Congreso, pese a que es una demanda de las asociaciones sin excepción.

¿Le parece que, con la fragmentación política actual, es buen momento?

Hay temas como la Justicia o la violencia de género que, como el terrorismo o la Educación, tienen que ser objeto de pactos de Estado. Sin embargo, lo que vemos es que hay líderes de partidos, que se autodenominan hombres de Estado que, ante problemas esenciales, son solo hombres de partido. Es verdad que es muy difícil la situación con partidos machistas, racistas, franquistas y homófobos como Vox, que ponen en peligro el grado de evolución y protección de los derechos humanos que hemos conseguido.

¿Ve al PSOE pactando con Cs?

No lo sé. Sánchez ya reconoció en 2016 que el PSOE puede sucumbir a las presiones del Ibex-35 y traicionar sus principios. La única manera de que esto no suceda es que Unidas Podemos tenga suficiente representación para evitar esa tentación y la actuación de esos poderes salvajes. Yo, la verdad, veo a las bases del PSOE más cercanas a Unidas Podemos en feminismo o federalismo...

Como magistrada, ¿qué le parece el juicio del procés?

Ojalá no existiera. Un proceso penal es apto para imponer un castigo a las conductas más graves, pero no soluciona ningún problema. Desde el punto de vista de la política, está operando como un trampantojo: parece que, por existir un juicio, no ha de buscarse a la vez una respuesta al problema territorial, un encaje constitucional distinto de Cataluña, si es la voluntad mayoritaria.

¿Pero cree que hubo rebelión?

Estoy de acuerdo con los juristas que no aprecian el delito de rebelión ni sedición, que no ven alzamiento violento ni tumultuario. Al no existir, decaería la prisión provisional de los acusados. Desde el principio, considero con más opciones la desobediencia y la malversación.

El suyo es un fichaje jurídico. El CIS dice que obtendrá su escaño, ¿qué propone para Canarias?

Canarias tiene que superar a quienes la han gobernado durante 30 años. Es una comunidad con una enorme desigualdad y lleva un retraso injustificable en energías renovables. El cambio climático va a afectarnos antes y con una mayor incidencia, tanto por la desertización como por la subida del nivel del mar. Tenemos todo el sol, el viento y el mar que necesitamos para estar al cien por cien en renovables.