Reclaman a la Junta Electoral que anule una instrucción "prejuiciada" sobre el voto de personas con discapacidad

Casi cien mil personas que habían sido privadas de su derecho al voto podrán ejercerlo en las próximas elecciones.
Casi cien mil personas que habían sido privadas de su derecho al voto podrán ejercerlo en las próximas elecciones.
ELENA BUENAVISTA
Casi cien mil personas que habían sido privadas de su derecho al voto podrán ejercerlo en las próximas elecciones.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) exigió este martes a la Junta Electoral Central a que "anule con carácter inmediato" la instrucción que permite que los presidentes de las mesas electorales anoten en las actas de votación los números de DNI de personas con discapacidad que ejerzan el derecho al sufragio y sobre las que tengan dudas de ser plenamente libres, conscientes y acudir voluntariamente.

En un comunicado, el Cermi criticó la directriz marcada por la Junta Electoral Central en una reunión celebrada el lunes y que se ha dado a conocer este martes, en la que se recuerda que nadie podrá impedir el voto de las alrededor de 100.000 personas con discapacidad que por primera vez tienen derecho al voto en los próximos comicios.

Sin embargo, permite que si el presidente de la mesa electoral alberga dudas de que acuda de forma "consciente, libre y voluntaria" pueda precisarlo posteriormente en el acta de los resultados del escrutinio, con mención expresa a su número de DNI. Para el Cermi, esto abre la puerta "a determinados agentes electorales (interventores, apoderados) a cuestionar las condiciones del voto de las personas con discapacidad".

El Cermi critica que esta instrucción ha sido "elaborada y aprobada sin participación ni consultas con el movimiento social de la discapacidad" y denuncia que "entra en contradicción clara con el espíritu y la letra de la reforma electoral" del pasado mes de diciembre, que "ha reintegrado en el derecho de voto a todas las personas con discapacidad, restringiendo y debilitando el mandato legal que es categórico en favor del derecho de sufragio sin exclusiones".

A su juicio, la resolución de la Junta Electoral Central está "cargada de un enfoque sesgado y prejuiciado contra las personas con discapacidad, señalándolas particularmente y sometiéndolas a un marco genérico de sospecha que las coloca en una situación de desventaja grave a la hora de ejercer su derecho de voto por vez primera".

En consecuencia, el Cermi se ha dirigido a la Junta Electoral Central a través de su presidente "pidiendo la revisión urgente de la instrucción para corregir esta interpretación desviada y contradictoria con el tenor de la reforma electoral".

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