El Defensor del Pueblo investigará de oficio el experimento que varios centros penitenciarios realizaron con presos violentos y que fue suspendido esta semana por el Ministerio del Interior.

El órgano ha solicitado información a Instituciones Penitenciarias sobre estos ensayos llevados a cabo en 2016 y 2017, ya que consideran que la condición de "persona bajo custodia" de los presos elimina la voluntariedad para participar en el proyecto, según han confirmado fuentes de la institución.

Según informaron dichas fuentes, el Centro Penitenciario de Huelva y el Centro Penitenciario de Córdoba realizaron en 2016 y 2017, respectivamente, pruebas de estimulación cerebral mediante corrientes eléctricas liberadas a 41 presos considerados violentos con el fin de calmar las conductas más agresivas.

Este proyecto, que fue autorizado por el anterior Gobierno, ha sido suspendido por Interior, por lo que no tendrá continuidad hasta que se conozcan las conclusiones de un informe de salud penitenciaria que se está elaborando.

El tratamiento consistió en colocarles a los presos, que participaron de forma voluntaria, unos electrodos en la cabeza para llevar una corriente eléctrica suave para estimular los dos hemisferios cerebrales al mismo tiempo.

Este tratamiento basado en sesiones de estimulación cerebral de unos 15 minutos de duración y que se realizó tanto a reos con delitos de sangre como los que no lo tenían —como grupo de control—, se prolongó durante tres días y, tras este tiempo, se concluyó que estos estímulos sirvieron para bajar la agresividad en parámetros como violencia verbal, violencia física, rabia y hostilidad.

El pasado enero, el Gobierno autorizó una segunda fase del proyecto, en la que participarían 20 presos de la cárcel de Huelva, y en la que se emplearía otro tipo de corriente eléctrica. Además, se estudiarían los efectos de las corrientes en población no reclusa para comparar.