Concienciación, disuasión y persecución son las técnicas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para enfrentar los delitos de envenenamiento animal y uso de métodos no selectivos de caza: la primera causa no accidental de extinción de especies en España.

El uso de cebos envenenados está considerado desde hace años por la Guardia Civil como la mayor causa "voluntaria" de declive de especies de aves protegidas como el milano real, el águila imperial, el buitre negro y el quebrantahuesos, además de mamíferos en peligro como el oso pardo, el lobo ibérico y el lince.

Así lo ha explicado el capitán del Seprona Esteban de Diego tras la presentación de los resultados del último informe sobre avances en la lucha contra el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural.

El veneno "suele aparecer frecuentemente acompañado por otros métodos ilegales para el control de predadores", ha explicado el capitán, quien ha precisado que se trata de cepos, lazos, redes y otras trampas no selectivas.

A lo largo de 2018 los agentes hallaron 25 cebos envenenados colocados en el medio natural para intoxicar voluntariamente a la fauna, además de otros 876 métodos ilegales de captura.

La acción más efectiva contra esta práctica, según De Diego, consiste en establecer controles preventivos rutinarios por el entorno rural para disuadir a la ciudadanía de cometer actos ilícitos.

Además, la Guardia Civil ha impulsado una labor de formación medioambiental en todos sus cuerpos para que cualquier agente pueda identificar alguna de estas prácticas y dar aviso al Seprona.

Identificar las zonas concretas donde son más comunes estos episodios de envenenamiento -como Andalucía, Castilla-La Mancha o Extremadura, según De Diego- y coordinar la labor de distintas entidades, como el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, varias ong o las unidades caninas de la propia Guardia Civil, son otras acciones que llevan a cabo para acabar con este problema.

El capitán ha destacado que de las 201 inspecciones que se realizaron en 2018 solo 21 personas fueron detenidas o investigadas y aún no han recibido una sentencia condenatoria porque "estos procesos jurídicos son muy lentos".

"El malo siempre va a estar un paso por delante de nosotros, pero nuestra misión es irnos adaptando a los cambios de técnicas para reducir el número de muertes", ha señalado el agente, quien ha destacado también que el pasado año se incautaron más de 2 toneladas de productos tóxicos.

La comercialización de muchas de estas sustancias está prohibida en España, pero hay otros tóxicos que sí que son legales, "y que, con determinadas mezclas o en grandes dosis consiguen acabar con la vida de los animales", ha añadido el jefe del área de Acciones de Conservación del Ministerio, Luis Mariano González.