El juez cita como investigados a Lorenzo y 5 empresarios por la trama de facturas falsas en Subdelegación de Castellón

  • El Juzgado de Instrucción 1 de Castellón ha citado a declarar a seis nuevos investigados en el marco de la causa relativa a una supuesta trama de facturas falsas en la Subdelegación del Gobierno en esta provincia. Se trata del exsubdelegado socialista Antonio Lorenzo -que presentó su renuncia a sus cargos de concejal y diputado provincial esta semana- y cinco empresarios proveedores de la institución gubernamental.
Antonio Lorenzo en imagen de archivo
Antonio Lorenzo en imagen de archivo
SUBDELEGACIÓN - Archivo

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), con estas nuevas citaciones, la causa, que fue abierta en 2017 por delitos de falsedad documental y malversación de fondos públicos y está declarada compleja, se dirige ya contra un total de 34 personas, entre ellas dos funcionarios.

La investigación judicial trata de determinar si existió una malversación de dinero público en el pago de facturas por parte de la Subdelegación del Gobierno en Castellón a distintas empresas proveedoras.

En una providencia dictada esta semana, el magistrado instructor ha citado a declarar a los seis nuevos investigados y a seis testigos los días 28 de febrero, 7 y 8 de marzo y 11 de abril de este año. La comparecencia judicial del exsubdelegado está prevista para esa última fecha.

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, que este jueves ha visitado el Puerto de Castellón, ha sido preguntado por este caso. Antes de conocerse la citación de Lorenzo, ha comentado que hay una investigación en marcha por parte de la autoridad judicial "que se tendrá que sustanciar".

"Yo desconozco si hay irregularidades o no en esas actuaciones, y en todo caso lo que hace la Administración General del Estado, en este caso a través de la investigación policial y judicial, es tratar de esclarecer los hechos", ha añadido.

CONTROL DEL GASTO

Fulgencio ha explicado que el control del gasto en las subdelegaciones se realiza a través de la Intervención General del Estado, "que es lo que se ha estado realizando hasta el momento y se seguirá realizando". Así mismo, ha señalado que "podría desprenderse con carácter indiciario de las investigaciones que ha podido sustraerse a ese control de legalidad algún funcionario que podía haber tenido la ocasión de hacerlo, pero esto queda por determinar".

El delegado del Gobierno ha insistido en que todavía se está en una fase de instrucción y, en todo caso, ha garantizado que la inspección general del Estado "adoptará, en función de los resultados de la investigación de Castellón, las medidas correctoras que correspondan".

Ha remarcado la necesidad de defender la presunción de inocencia para todas las personas que tengan el carácter de investigado en este momento, y ha dicho que "tendremos que ver qué resulta de todo ello y, en función de ello, este delegado adoptará las recomendaciones oportunas para que, en caso de ser cierta cualquier situación irregular, no vuelva a ocurrir en el futuro".

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Soledad Ten, por su parte, ha indicado al respecto que "nosotros ponemos todo el empeño en que se trabaje bien en la Subdelegación, los funcionarios son personas muy diligentes en su trabajo y llevamos un control estricto". "Si se desprende que puede haber alguna irregularidad en años pasados, pues lo dirá Justicia en su momento", ha agregado.

Ten ha insistido en que desde la Sugdelegación siguen haciendo los controles y llevando todas las cosas a su "mínimo detalle" y entiende que mayor control "no podemos llevar".

CASO PÚNICA

Por otra parte, preguntado por algunas informaciones que apuntan que un informe de la Guardia Civil aportado al juzgado que instruye el caso Púnica indica que el concejal del PP en el Ayuntamiento de Castellón, Juan José Pérez Macián, junto al exalcalde de Castellón, Alfonso Bataller (PP), podrían incurrir en fraude en materia contratación pública por contratar un plan de medios de comunicación con cargo a fondos municipales para potenciar la imagen de Bataller durante su etapa como alcalde, Fulgencio ha señalado que no puede decir nada porque desconoce la actuación, "que está todavía en fase de desarrollo".

Respecto a la filtraciones que se han producido en este caso, ha apuntado que es "rechazable" el hecho y supone que la instrucción del caso "tomará las medidas oportunas para tratar de averiguar de dónde provienen, pues desde luego vulneran la instrucción del sumario y pueden llevar a malograr esa investigación".

Por lo tanto -ha dicho- "le corresponde a la autoridad judicial adoptar las medidas de investigación y disciplinarias que se tengan que adoptar", y ha añadido que "hay que exigir a los que están en el ámbito de los operadores jurídicos la reserva que se les exige como funcionarios públicos, parta de donde parta este tipo de filtraciones".

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