En el País Vasco tres de cada cuatro personas viviendo bajo el umbral de la pobreza se beneficia de la renta mínima de inserción (76,3%). Por el contrario siete comunidades autónomas no llegan al 5% de cobertura con estas rentas (RMI). En Castilla-La Mancha, por ejemplo, la recibe un 2,1% de los elegibles, según denuncia la Asociación de directores de servicios sociales, con datos del último informe del Ministerio de Sanidad recién publicados.

En el conjunto del país, solo el 8% de la población elegible recibió en 2017 la renta de inserción, un porcentaje que lleva dos años reduciéndose, destacan los directores de servicios sociales. "Este porcentaje encubre diferencias extremas: dos Comunidades destacan, País Vasco y Navarra, con porcentajes que suponen en un caso tres cuartas partes y en otro dos tercios de su población" atendidas con rentas de inserción. Y solo cinco Comunidades por encima del 10% de cobertura (Aragón, Cantabria, Asturias, Madrid y Castilla y León. En el otro lado de la balanza, además de Castilla-La Mancha (con una cobertura del 2,1%) está Murcia (3,6%).

El último informe anual de esta renta necesaria para las familias con ingresos por debajo del 60% de los ingresos de la mediana de renta recoge que en toda España lo percibieron 728.142 personas, mientras el país contaba con 9.132.342 personas viviendo bajo el umbral de la pobreza.

La asociación de directores de servicios sociales denuncia también que la cuantía de las rentas mínimas son demasiado bajas, al suponer el 13,2% de la renta media por hogar del país. "Una cuantía extremadamente baja que, en los últimos siete años, apenas ha sufrido variación", reconocen. Si la renta media por hogar es de 31.956 euros al año, el gasto por titular de renta mínima es de 4.220 euros.

"Garantizar un mínimo vital para las personas que carecen de recursos propios debería ser Cuestión de Estado en todo el sentido de la expresión, y una prioridad de cualquier Gobierns que se preocupe por la dignidad de las personas", insisten.