Más mujeres (un 61%), en la cuarentena, con menores a su cargo, parados y en muchas ocasiones sin un alojamiento fijo. Este es el perfil del receptor de la llamada Renta Mínima de Inserción, una prestación integrada por la suma de una prestación mensual básica y un complemento variable, en función de los miembros que forman parte para satisfacer sus necesidades básicas.

A pesar de esta definición tan clara, asociaciones, sindicatos y solicitantes reclaman que la adjudicación de la RMI se ha colapsado en los últimos años. "No vemos una continuidad a la hora de informar a la gente, y muchos afectados no reclaman por miedo a perder la renta", explica a 20minutos Carlos Pereda, de 'RMI tu derecho'.

Desde las organizaciones añaden además que cuando se hacen reuniones con los afectados no hay gente a la que hacerle "un seguimiento claro" y así "es más difícil ayudar". Piden a la Comunidad de Madrid que coja "un camino claro respecto a la Renta".

Según los datos de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, en el año 2017 se invirtieron 168,6 millones de euros en conceder la RMI a 4.640 familias -unas 2.000 menos que el año anterior-, de un total de 13.075 solicitudes. Si vamos a los datos acumulados desde 2008, recibían el subsidio 35.483 familias.

Dentro de estos beneficiarios ya no está Laura Arias, madre de cuatro hijos, a quien le han suspendido la ayuda durante tres meses. "Me avisaron de que me la quitaban, pero no tengo ningún documento que acredite por qué", cuenta. Arias recibía un total de 660 euros (426 más el complemento) y ahora se encuentra "desamparada".

"En la Comunidad no me dan soluciones", prosigue, para recalcar que el mensaje es que esta suspensión se realiza para "ayudar a la incorporación al mercado laboral", pero Arias no se muestra convencida: "No me dan nada por escrito, me tengo que fiar de su palabra, y mientras tanto no tengo ni para comprar el pan".

Laura Arias va más allá, y cree que su caso es representativo de lo que pasa en España: "Voy a la Consejería y me dicen, una y otra vez, que mi caso no es urgente. Se ve que en este país el desamparo  no es una urgencia".

"La población que no tiene cubiertas sus necesidades básicas es mucho mayor que el número de personas beneficiarias de la RMI", sentencias las asociaciones. En la misma línea se posicionan los sindicatos. Eva López, de UGT, esgrime que el mayor problema está en las familias que llevan muchos años recibiendo este subsidio. "La RMI se define como una ayuda temporal; si alguien la recibe durante más de cinco años seguidos, estamos ante una mala definición", destaca.

López plantea además una posible respuesta a este "deterioro" de la Renta Mínima. "A estas familias habrá que darles otras salidas, como la renta básica", y alerta también de la falta de información: "Tienen que existir sistemas de ayuda para quienes no entienden lo que se les está ofreciendo".

En UGT tienen clara la crítica que hacer a la Comunidad: "No tienen un camino claro", concluyen. Y eso es algo con lo que no está de acuerdo el consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo. Defiende que en los últimos diez años "han ido aumentando tanto las concesiones como el presupuesto" por lo que, dice", las cosas "se están haciendo bien".

Izquierdo comparte que la RMI ha de ser una ayuda temporal. "En esta línea estamos trabajando y en concreto, en el año 2017, se han producido más de 3.400 suspensiones de Renta Mínima debido a la incorporación laboral de los beneficiarios, esto supone un 66% más que en 2016", cuenta.

Eso sí, puntualiza que la Comunidad tiene la obligación de asegurar el subsidio a "aquellas personas que tengan un acceso más complicado al mercado laboral", porque "el principal objetivo es no dejar a nadie desprotegido". Y avisa, las condiciones para conceder la RMI "no han cambiado", por lo que la línea de trabajo "es muy clara".