Con el caso de Julen ha quedado patente que los pozos ilegales pueden ser peligrosos para los humanos. Sin embargo, el principal riesgo lo corre otro sujeto: el medioambiente, pues la proliferación de estas prospecciones está contribuyendo en gran medida a que nuestras aguas subterráneas se estén agotando.

Los últimos datos oficiales del Ministerio de Agricultura indicaban que en 2017 había en nuestro país un millón de pozos ilegales. El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, preguntado por 20minutos sobre si el Ejecutivo de Pedro Sánchez va a tomar alguna medida para acabar con los pozos que no están en regla, contestó: "Ya hay una legislación".

Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica también indicó a este medio que es muy difícil detectar dónde hay pozos ilegales, aunque pueden ser denunciados por técnicos, civiles o municipios que adviertan su existencia. Pero esta realidad no es un secreto, pues el propio Gobierno es conocedor de que en lugares tan importantes –medioambientalmente hablando– como Doñana hay centenares de este tipo de pozos, concretamente 580 según datos del Seprona.

"Se sabe perfectamente dónde están los pozos ilegales, lo que pasa es que no hay voluntad política para hacerles frente. El Gobierno mira hacia otro lado porque políticamente no les interesa enfrentarse con el sector de producción agraria", denuncia Juan López de Uralde, diputado del partido ecologista EQUO.

"La extracción ilegal es el pan nuestro de cada día y es uno de los problemas más graves que tenemos en España. En Castilla-La Mancha hay un acuífero muy importante, el acuífero 23, que es el que alimenta el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Ahora mismo está seco por la extracción de agua subterránea", prosigue el diputado.

Además, los efectos secundarios de esta lacra natural se extienden hasta los humanos, pues cuanto más se agota el agua de los acuíferos, de peor calidad se vuelve. López de Uralde explica que en ella "se acumula más salina y más nitratos, por eso en gran parte de la cuenca mediterránea el agua es de tan poca calidad".

A pesar de la tragedia que ha ocurrido en Totalán a causa de uno de estos pozos, el ecologista no cree que el Gobierno vaya a tomar cartas en el asunto: "Lo que puede pasar es que se endurezca la normativa referida a tapar los pozos, pero nada más".