El llamado 'caso iDental', el mayor escándalo odontológico de la historia de España, ha dejado sin dientes, sin dinero y con graves problemas de salud y traumas psicológicos a miles de personas.

Algunas estimaciones apuntan a que el cierre de las 24 macroclínicas sin previo aviso entre abril y mayo del año pasado dejó a más de 350.000 personas abandonadas y presuntamente estafadas –78.000 en las dos clínicas de València y 120.000 en las cinco de la Comunitat–. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata envió a prisión la semana pasada a dos de los fundadores del grupo por un fraude que ronda los 60 millones de euros.

Tal es la magnitud del problema que algunos cargos públicos han decidido mover ficha y pedir una solución para los afectados. Así lo ha hecho el alcalde de València, Joan Ribó, que el pasado 16 de enero envió sendas cartas a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y a la consellera valenciana del ramo, Ana Barceló, en las que realiza un listado de peticiones para atender a los perjudicados, tanto con medidas específicas como con otras más generales en el ámbito de la atención bucodental que sirvan para prevenir nuevos casos.

En la Conselleria hay solicitados unos 2.000 expedientes, pero afirman que siguen contactando con más afectados a diario. En las misivas, a las que ha tenido acceso 20minutos, Ribó recuerda que las víctimas del fraude están, en muchos casos, "en una situación de vulnerabilidad económica" y pagaron "por unos tratamientos que nunca han recibido", lo que les ha abocado a una situación "dramática" al verse afectada su vida diaria en varias facetas.

Así, "después de conocer de primera mano las peticiones de las personas afectadas", Ribó reivindica en primer lugar "el derecho a recuperar sus historiales médicos". En segundo lugar, emplaza a las administraciones sanitarias a "realizar una auditoría respecto a las praxis llevadas a cabo en las clínicas de iDental", ya que los testimonios apuntan a acciones que "parecen contravenir la más elemental práctica odontológica".

La tercera medida propuesta por el alcalde de València se refiere a la "necesidad de regular la publicidad ligada a la salud de las personas", con el objetivo de evitar que las empresas puedan poner los beneficios económicos por encima de la correcta asistencia sanitaria.

Ribó pide tanto a Carcedo como a Barceló que se atienda "el caso singular" de las personas estafadas por iDental "por la crudeza y la magnitud" de lo ocurrido, y que se emprendan acciones legales contra los responsables. Finalmente, solicita que la salud bucodental "sea contemplada en la cartera de prestaciones" del sistema sanitario público "como mejor manera de evitar casos como el sucedido".

Ribó, que subraya en las cartas que la salud bucodental "no es un capricho, sino una necesidad", decidió dirigirse a las responsables sanitarias española y valenciana "haciendo un ejercicio de empatía" con las víctimas de la estafa y como alcalde de una ciudad con "centenares" de personas afectadas por el cierre de las clínicas de iDental. Según afirma, sus peticiones "no son sino las demandas que los vecinos y vecinas de mi ciudad realizan ante una administración que esperan que defienda sus derechos como ciudadanía".