El Consejo General del Poder Judicial ha avalado en un informe la reforma de los aforamientos que ha impulsado el Gobierno, pero advierte de que al afectar solo a los diputados, senadores y miembros del Ejecutivo, tras su aprobación se creará un "desfase" con la condición que seguirán teniendo los diputados autonómicos, los jueces y fiscales y los miembros de órganos constitucionales.

Por eso, recomienda una "modificación global en fases sucesivas" del régimen de aforamiento, que implicaría tocar los Estatutos de Autonomía y las leyes orgánicas que afecten al resto de afectados. Para que no pase mucho tiempo entre la reforma de los aforamientos constitucionales y estos últimos, además, recomienda que se realicen "de forma acompasada". Así, añade, se evitarían situaciones "asimétricas".

El Gobierno aprobó en noviembre el anteproyecto de ley que blinda "a los cargos públicos en el estricto ejercicio de sus funciones y nada más", dijo la vicepresidenta del Gobierno. Esto es, que el aforamiento no cubre las actividades relacionadas con la vida privada.

Sobre esto último, de hecho, el CGPJ pide que se ajuste la redacción de la frase "delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo" y se cambie por "delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones" porque el alcance de la inviolabilidad parlamentaria podría quedar limitado.

El Consejo de Estado dio el visto bueno a la reforma, pero también recomendó a Gobierno o las Cortes Generales que impulsaran cambios legales "en el plazo de un año" para "homogeneizar" el régimen procesal que regula los aforamientos. Tanto el Consejo de Estado como el CGPJ han pedido que se busque "el mayor consenso posible" para aprobar la reforma.