Los ciudadanos residentes en España fueron los que más denuncias presentaron en 2017 -tanto nacionales como extranjeros- ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

En concreto se registraron 211, la mayoría de ellas sobre cuestiones ambientales, derechos humanos y justicia. Sin embargo, por nacionalidades destacan los alemanes, con 264 denuncias e italianos con 236.

Según el último informe anual presentado por dicha comisión, tanto a nivel europeo como español, la protección del medio ambiente es lo que más preocupa a los ciudadanos, seguido de temas tan importantes como los derechos humanos, la justicia o el futuro de la Unión Europea tras el Brexit.

Cualquier ciudadano de la Unión Europea o residente en un Estado miembro puede, individualmente o en asociación con otros, presentar una petición al Parlamento Europeo sobre un tema que se encuentra dentro de los campos de actividad de la Unión Europea y que les afecta directamente. Una petición puede consistir en una queja o en una solicitud y puede estar relacionada con asuntos de interés público o privado.

En total el Parlamento Europeo recibió el año pasado 1.271 peticiones o quejas de todos los países miembros, un 19% menos que en 2016. En esta lista, encabezada por España (211 solicitudes), destacan también Italia (176), Alemania (170), Rumanía (82) y Reino Unido (73).

El 69,1 % de las solicitudes se hicieron de forma online, aunque la comisión destaca la importancia de continuar desarrollando el Portal de Peticiones, establecido en 2014, para mejorar la accesibilidad del servicio.

La comisión de Peticiones está integrada por 34 eurodiputados, de los que 10 son españoles, y está presidida por la diputada sueca Cecilia Wikström (ALDE).

En su opinión, "el informe anual es un medio importante para comprender las preocupaciones de los ciudadanos en relación con la legislación de la UE". Señaló además que "para estar a la altura de las expectativas de los ciudadanos, la comisión de Peticiones insta a la Comisión Europea a que tome en serio su papel de guardián de los tratados para garantizar que los Estados miembros apliquen las leyes de la UE adecuadamente".