Sánchez saluda a Tusk en el Consejo Europeo, en presencia de Macron, May y Merkel.
Sánchez saluda a Tusk en el Consejo Europeo, en presencia de Macron, May y Merkel. EFE

El asunto de Gibraltar ha sacudido en las últimas horas las negociaciones finales para encarrilar el brexit. El Gobierno español rechaza de plano la ambigüedad última (amago de anuncio de Fabián Picardo aparte) sobre el futuro del Peñón, pactada in extremis y "con nocturnidad y alevosía" por Londres y Bruselas, asegura, en beneficio de otras cuestiones clave. Y amenaza a la UE con el veto. ¿Puede hacerlo? Sí y no.

Hasta la semana pasada, el ruido sobre Gibraltar permanecía contenido por las discretas conversaciones entre los Gobiernos de May y Sánchez. Todo había comenzado con buen pie: en abril de 2017 los 27 aprobaron por unanimidad las directrices de la futura negociación sobre el brexit, que incluían una mención explícita a que España tendría derecho de veto sobre el tema.

Así constó también en otros pronunciamientos posteriores. La reclamación de la soberanía por parte de España, asimismo, lleva bastante tiempo fuera de la agenda, y así lo ha expresado el Gobierno en las últimas reuniones del Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, en las que ha propuesto de forma reiterada -también durante la etapa Rajoy- una cosoberanía con el Reino Unido.

La última manifestación en este sentido fue el mes pasado, justo después de que España hubiera presionado en Bruselas para que se incluyera en el borrador del acuerdo de divorcio un protocolo específico sobre Gibraltar. Esto, pese a las constantes críticas de Picardo, sí lo consiguió. En el borrador del acuerdo de retirada que se hizo público la semana pasada hay un protocolo sobre el Peñón para el periodo de transición con detalles sobre los ciudadanos, el tabaco o la fiscalidad, entre otras cosas.

Sin embargo, también asomó el famoso artículo 184. Es el que habla de la relación futura entre la UE y Reino Unido, la que comenzará tras la transición y para la que habrá que pactar muchas más cosas (en, definitiva, otro tratado); la vincula directamente con la declaración política que el Consejo aprobará este fin de semana y cuyo contenido se conoció el jueves.

Esta declaración política, en su versión final, no dice nada sobre Gibraltar, a pesar de que, aunque no tiene valor jurídico, es el punto de partida para negociar el acuerdo de futuro a partir del 30 de marzo de 2019. El Gobierno español ha revelado que en versiones anteriores sí constaba su postura, pero que a última hora esta desapareció por decisión de Londres y Bruselas.

La Abogacía del Estado y la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación creen que, hoy por hoy, tanto el acuerdo de divorcio como la declaración política que lo acompañará abren la puerta a que España quede excluida de cualquier decisión sobre Gibraltar. Por eso, Pedro Sánchez ha amenazado con vetarlo todo. ¿Es posible?

Mayoría cualificada reforzada

El Consejo Europeo, que reúne a los jefes de Estado y Gobierno, debe avalar políticamente el acuerdo de divorcio este domingo (es decir, debe aprobar la declaración política); y este órgano toma todas sus decisiones por consenso. Más adelante, el Tratado de salida será aprobado formalmente, y esto sí podría hacerse por mayoría cualificada reforzada de los 27, según el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (20 Estados que representen el 65% de la población, en votación en el Consejo de la UE).

La declaración política no tiene valor jurídico, pero fuentes españolas consultadas por Efe consideran que no sería aceptable que el tratado tuviera luz verde sin un consenso político previo de los 27. Un veto en solitario de España, por tanto, no serviría para nada en la votación ulterior sobre el acuerdo de divorcio, pero sí en la inminente declaración: el duro gesto dañaría la imagen de unidad de la UE que tanto se ha trabajado Bruselas.

Este viernes está prevista una nueva reunión a nivel de 'sherpas' (enviados de los Gobiernos) para avanzar en la declaración, un texto que los socios comunitarios consideraban el jueves aún "abierto". España exige  "claridad suficiente sobre las implicaciones" jurídicas y políticas del artículo 184 y, aunque la Comisión Europea y el Consejo no lo ven tan grave, los negociadores han trasladado al Gobierno que son conscientes de su preocupación y que buscarán la fórmula.