Seis millones de españoles, es decir, el 14% de la población tienen diabetes. Cada día se detectan 1.100 nuevos pacientes de tipo 2, la más frecuente, lo que supone unos 400.000 debuts anuales. Y en torno a dos millones de ciudadanos están sin diagnosticar. Los expertos hablan de cifras "preocupantes" y de que el sobrepeso, el sedentarismo y una mala alimentación están incrementando los datos, tanto en adultos como en niños.

Ante esa situación, con motivo del día mundial de esta patología, la Federación Española de Diabetes (FEDE) ha querido hacer especial hincapié en la detección y el control, pero sobre todo en la prevención, ya que calcula que el 80% de los casos podrían evitarse mediante la adopción de hábitos saludables. En esos tres pilares el entorno del afectado es clave. De ahí que este año el lema elegido a nivel internacional para conmemorar la jornada haya sido Familia y diabetes.

Pero hay otra cuestión que preocupa a este colectivo, sobre la que existe un gran desconocimiento social: la exclusión para poder acceder a determinados empleos públicos. Este diario ha hablado con Andoni Lorenzo, presidente de FEDE, sobre esta "injusticia". El organismo lleva años luchando para que se corrija una norma que data de 1988 pero aún no lo ha conseguido y se dan casos como el de Pablo Núñez Erramusbea, expulsado de la oposición a Policía Nacional al serle diagnosticada la enfermedad.

¿Qué recoge exactamente la ley?

Que una persona con diabetes no puede acceder al empleo público en la Policía Nacional y a partir de ahí, el resto de puestos de trabajo, vinculados sobre todo con cuerpos y fuerzas de seguridad, recogen la misma plantilla: Policía Municipal, Guardia Civil, Ejército... y también azafatas de vuelo, patrones de barco, funcionarios de presiones… Hay una lista enorme. Lo más sorprendente es que si a una persona que entra en un cuerpo de estos le diagnostican diabetes a lo largo de su vida laboral no es expulsada. Eso demuestra que la diabetes no es ningún motivo para que alguien no pueda ejercer su trabajo. 

Llevan al menos dos años luchando contra esta discriminación laboral. ¿Qué han logrado?

Lo primero que hicimos fue acudir a las sociedades científicas médicas y pedirles un posicionamiento oficial. Tanto la Sociedad Española de Diabetes como la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria y la Red Española de Atención Primaria nos especificaron que la diabetes no puede ser un motivo de expulsión laboral. Después fuimos al Congreso y, por medio del PSOE, se presentó en 2017 una proposición no de ley que salió adelante por unanimidad de todos los grupos. En marzo, el PP presentó una moción en el Senado en el mismo sentido, para eliminar la discriminación laboral en el acceso al empleo público, y también salió por unanimidad. Parece que hay voluntad pero no logramos que se termine de dar el paso. Ante esa tesitura hicimos campaña vía el Defensor del Pueblo para ver cómo solucionarlo.

Han pedido su dimisión.

Porque el informe del Defensor del Pueblo no puede decir que somos un peligro para nuestra salud y la de nuestros compañeros de trabajo. La normativa es de hace 30 años y la medicina y el conocimiento han avanzado tremendamente. Ahora una persona con diabetes puede hacer una vida normal. En tres años no hemos encontrado ni una sola razón que justifique que estemos siendo discriminados. Hay un concepto de que tenemos una discapacidad terrorífica y es por pura ignorancia y desconocimiento.

¿Cuáles son los siguientes pasos?

Hemos tenido una reunión con el director general de Función Pública bastante positiva y este miércoles tenemos otra, que espero que sea la definitiva. Nos vamos a reunir también con otros colectivos, como pacientes de VIH, celiacos y gente con soriasis, que están en la misma situación. Parece que hay una voluntad por parte del Gobierno de que definitivamente se elimine la discriminación laboral. Tenemos ya el apoyo de todos los grupos políticos. Tengo que decir que el Gobierno socialista está en deuda con nosotros porque fue en el 88, cuando gobernaba Felipe González, cuando se instauró esta norma.

¿Ocurre en otros países?

Sí, pero en Reino Unido o EE UU por ejemplo no. La gente que aspira a los cuerpos y fuerzas de seguridad suele hacerlo con vocación, por lo tanto el daño emocional que se les hace es terrible. Pedimos que puedan acceder a las oposiciones y dejar la última palabra al médico. No tiene sentido que podamos conducir coches y no drones o que no podamos ser policías y sí neurocirujanos.