Los trabajos para aunar posiciones en una norma, que llegó a la Cámara Baja en noviembre de 2017 para trasponer la directiva europea de 2014 y no arrancaron realmente hasta mediados de 2018, quedaron en las últimas semanas en cierto stand by ante la incertidumbre generada por el Tribunal Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados.La expectativa era que esta próxima semana culminase el acuerdo cerrando la norma acorde a su dictámen. Pero el enfado político y de asociaciones de consumidores con la resolución del Alto Tribunal y pese a la decisión del Gobierno de hacer pagar el tributo a la banca, ha reabierto el melón del conjunto de los gastos de constitución de una hipoteca.Se espera que imponga una clarificación definitiva sobre el reparto, entre banco y cliente, de los costes de gestoría, notaría, tasación, impuestos, etc; y pueda culminar una trasposición tan fuera de plazo que Bruselas amenaza con multar a España con casi 100.000 euros por cada día de retraso.

Multa de 100.000 euros al día

La fuerte litigiosidad desatada en las hipotecas, con sentencias judiciales tumbando distintas condiciones contractuales como las cláusulas suelo opacas o dichos gastos hipotecarios, irrumpió pronto en la trasposicion de la directiva y la hizo derivar hacia un proyecto de ley mucho más ambicioso y complejo.Bajo el propósito de buscar reforzar la protección del consumidor y sentar reglas claras y definitivas que den seguridad jurídica a esta actividad y acaben con la altísima judicialización, reformula aspectos sobre los que los partidos políticos mostraron grandes discrepancias desde su arranque, convirtiendo el consenso en un trabajo difícil.El texto enviado al Congreso por el Gobierno del PP establecía, por ejemplo, reforzar la protección del consumidor obligando a señalizar de forma clara en los contratos las cláusulas complejas, y obliga a los notarios a informarle gratuitamente sobre los distintos aspectos del préstamo.Por otra parte capacita al fedatario y al juez a cuestionar cláusulas, e incluso, impedir la firma del préstamo si así lo consideran; además de limitar los intereses moratorios por impago.Para evitar ejecuciones hipotecarias tempranas sustituirá la regla que permite al banco iniciar el embargo al tercer impago por un nuevo mecanismo donde solo se podrá activar el proceso hasta que acumulen un determinado porcentaje de deuda. El proyecto de ley establece que no se podrá poner en marcha la máquina de la ejecución hasta transcurridos nueve impagos o deba el 2% de la deuda si la morosidad se declara en la primera parte de la hipoteca; o sean doce mensualidades o el 4%, si es en la segunda parte de la vida del préstamo.La normativa prohibirá también la venta de productos vinculados con el préstamo, aunque permite las ofertas condicionadas dando cumplido detalle del coste de cada producto incluido en el pack; impide los incentivos remuneratorios para comercializar préstamos y da soluciones a los hipotecados en divisas, obligando al banco a convertir a euros su préstamos bajo determinados escenarios.