"Insólito". Este ha sido el adjetivo que la ministra de Defensa Margarita Robles ha utilizado este martes en una entrevista en televisión para calificar la decisión del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, de avocar al Pleno de la Sala la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas publicada el pasado jueves.

Robles, que estuvo trabajando como magistrada en esa misma Sala durante 12 años, ha asegurado que "nunca" había visto "nada parecido", y que esta decisión establece una "sombra de duda" sobre los jueces que firman esta sentencia. "Soy absolutamente crítica y no puede compartir en absoluto la decisión", declaró.

Lo cierto es que no es la única persona relacionada con la judicatura que ha expresado su malestar ante el embrollo en el que se ha visto envuelto el Supremo esta semana –y que culminará el 5 de noviembre con la decisión final sobre quién paga el impuesto de las hipotecas, clientes o bancos–.

Raimundo Prado, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), destaca a 20minutos que la decisión de avocar al Pleno "se tiene que hacer antes de la sentencia, no después, y no a través de una nota informativa, si no con una resolución jurisdiccional".  Prado confirma que la amplia mayoría de jueces considera que Díez-Picazo "no ha actuado correctamente".

"La nota da una sensación de falta de imparcialidad y de seguridad jurídica". En este documento se aludía a la "enorme repercusión económica y social" de la sentencia, algo que la AJFV tampoco entiende. "Los jueces no hacemos las leyes, las aplicamos. La repercusión social no tiene que ser problema nuestro", asegura su portavoz.

Para Prado, el problema radica en que los vocales del Consejo General del Poder Judicial –que acaban designando al presidente del Supremo– sean elegidos por los grupos políticos. "Deberíamos ser los propios jueces los que eligiéramos para que la política no fagocitara el poder judicial. Nos lo ha dicho Europa", denuncia el magistrado, refiriéndose al informe del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, que cargó contra el sistema español y su mezcla de poderes.

Además de los jueces, los partidos políticos de distinto signo han cargado contra el Supremo. El Partido Popular, los más comedidos, han reclamado este martes en el Congreso que el tribunal decida "cuanto antes" y de manera "definitiva" la decisión sobre el pago del impuesto, según expresó la portavoz Dolors Montserrat.

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, le ha ofrecido al Ejecutivo pactar un sistema de arbitraje. "Millones de familias han pagado un impuesto que, parece ser, no les corresponde, y eso tiene que tener una compensación y un canal para compensar esos impuestos", ha destacado, además de criticar "la mala decisión" del Supremo.

El grupo Unidos Podemos ha ido más allá y ha presentado ante la Sala de lo Penal del Supremo  una querella por prevaricación contra Díez-Picazo. Según el partido liderado por Pablo Iglesias, el presidente de la Sala de lo Contencioso dictó la resolución "motivado por un interés totalmente contrario a la ley y a la propia administración de Justicia, motivado por un claro interés particular de defensa de los intereses económicos de la banca española", y recuerda en la querella que Díez-Picazo ejerció la docencia en el Colegio Universitario de Estudios Financieros, dependiente de la Asociación Española de Banca.

No se sabe en qué condiciones terminará el enredo generado durante estos días, pero para el portavoz de la AJFV, una cosa está clara: "El daño ya está hecho".