Ha registrado una proposición no de ley que se tramitará en la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón en la que plantea que, actualmente, los puestos directivos y de investigación están reservados a los funcionarios de la categoría A1, licenciados, "sin ningún tipo de justificación".

De hecho, los antiguos diplomados no pueden acceder a las ayudas a la investigación en I+D+i del Gobierno de Aragón, ha indicado Allué, quien ha lamentado que de esta forma "se ven diezmados sus derechos". Ha dicho que el anteproyecto de Ley de Función Pública mantiene este "hecho discriminatorio" que "atenta al principio de legalidad".

Allué ha argumentado que con el Plan Bolonia, desde 2007, las universidades europeas conceden la titulación de grado, de 240 créditos, y no distinguen, como antiguamente, entre diplomaturas y licenciaturas, a lo que ha añadido que esta "discriminación" solo se produce en Aragón, no en otras regiones, entre las que ha mencionado a Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y la Comunidad Valenciana.

Este colectivo de funcionarios del grupo A2 está formado por casi 20.000 personas, 15.000 de ellas mujeres, de un total de 54.251 empleados públicos de la DGA, ha continuado Allué, apuntando que los afectados por esta restricción de derechos trabajan, fundamentalmente, en la sanidad aragonesa como enfermeras o fisioterapeutas, unos 9.000, pero también son trabajadores sociales, logopedas o ingenieros. Han creado una plataforma para reivindicar sus derechos.