La prueba pericial conjunta del juicio de los ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía concluye este lunes tras 26 sesiones durante mes y medio en las que tres interventores del Estado y seis expertos propuestos por varios acusados han debatido sobre el sistema usado para dar las ayudas investigadas.

El abogado José Rebollo, que defiende al exinterventor de la Junta Manuel Gómez, continuará el interrogatorio a los peritos que inició el viernes y con ello terminará la prueba pericial, ya que las partes han renunciado a la declaración de dos peritos de la Dirección General de Seguros que inicialmente habían solicitado la Fiscalía y varias defensas.

Los peritos de la Intervención estatal (IGAE) y los propuestos por las defensas del expresidente de la Junta José Antonio Griñán y los exconsejeros Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo y Antonio Fernández, han debatido "hasta la saciedad" -en palabras del magistrado que preside el tribunal Juan Antonio Calle- la legalidad o ilegalidad de los distintos aspectos del llamado "procedimiento específico", con el que durante una década el Gobierno andaluz repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis.

Una vez que termine el interrogatorio, se prevé que a media mañana comenzará la fase de la prueba documental, en la que las partes señalarán los documentos que quieren que se consideren reproducidos en el juicio, especificando su ubicación en el voluminoso sumario de este procedimiento.