Cincuenta jueces decanos de toda España han exigido medios para combatir la violencia machista y han pedido a los políticos que huyan de afirmaciones "demagógicas" que trasladan la idea de que tras cada muerte hay "un error judicial".

"Una simplificación inadmisible que desconoce el funcionamiento del sistema judicial", denuncian en un documento hecho público tras celebrarse en Melilla las XVIII Jornadas de Jueces Decanos de España.

Los jueces explican que trabajan "con indicios, realizando un pronóstico de riesgo futuro" y recuerda que este sistema, mejorable, "no es infalible en absoluto".

Según apuntan, todos -jueces, policías, fiscales y forenses- trabajan con lo que tienen y los medios "son muy precarios e insuficientes", algo que debe solucionar un estamento político "que no se ha caracterizado precisamente por una inversión suficiente en la materia".

Los jueces advierten así de la falta de psicólogos, de unidades forenses de valoración integral, de médicos forenses, de salas adecuadas para atender y proteger a las víctimas y de oficinas de atención a las víctima del delito, critican que sólo haya juzgados especializados en las grandes capitales y piden reforzar los juzgados de familia.

A su juicio, también son necesarias algunas mejoras procesales que impidan la impunidad ante, por ejemplo, la retirada de denuncias.

Los jueces consideran que no se puede pedir que toda conducta violenta dé lugar a una valoración de riesgo alto o extremo, porque se estaría negando "los más elementales derechos del investigado y esto sí que sería un fracaso del sistema", o que se decreten medidas cautelares indiscriminadamente, sin atender a las circunstancias concretas de cada caso.

A pesar de ello, creen que no hay que sucumbir ante mensajes "derrotistas", porque en materia contra la violencia de género, aseguran, España es un referente en Europa y se ha avanzado mucho desde que se aprobó en 2004 la primera ley integral.

"Todo delito es en sí mismo y por definición un fracaso: lo es un asesinato, un abuso a un menor, la prostitución coactiva, la corrupción o el tráfico de drogas. El Estado debe procurar reducir al mínimo dichos delitos, pero eso no significa que el hecho que se sigan cometiendo sea un fracaso del sistema", recalcan.

Los jueces decanos reclaman también al amparo del Consejo General del Poder Judicial ante los ataques a la independencia judicial. Subrayan que no son infalibles y admiten que sus resoluciones pueden ser objeto de crítica, pero advierten de que la libertad de expresión tiene sus límites y la Constitución "no reconoce el derecho al insulto".

A su juicio, las críticas desmedidas y carentes de fundamento a un juez en el ejercicio de sus funciones no solo pueden llegar a afectar a su honorabilidad profesional, sino también a la confianza en la misma justicia.

"Somos responsables, solo pedimos respeto y las condiciones idóneas para hacer nuestro trabajo", afirman tras tachar de "intolerables" los ataques que se producen desde todos los ámbitos, incluso desde otros poderes del Estado.