Podemos ha propuesto prohibir todo tipo de violencia contra la infancia y la adolescencia, incluyendo las formas más leves como manotazos, bofetadas o azotes, en una proposición de ley que ha presentado este lunes ante el "atasco" de la que está preparando el Gobierno sobre este mismo asunto.

De hecho, el texto es una "mano tendida" al Ejecutivo para que lleve cuanto antes una ley para erradicar la violencia contra niños y jóvenes porque, ha resaltado durante su presentación la portavoz adjunta del grupo confederal, Ione Belarra, se puede tener preparada una norma de estas características "en pocos meses".

Para la dirigente de la formación morada, si el Gobierno no presenta su propuesta hasta el segundo trimestre del año que viene, tal y como manifestó la exministra de Sanidad Carmen Montón, la ley no podrá materializarse esta legislatura.

Bajo el título "Proposición de Ley Orgánica de Promoción del Buen Trato y Erradicación de las Violencias contra la Infancia y Adolescencia", Podemos quiere "cambiar el paradigma" y prohibir cualquier forma de violencia contra los menores, que va desde el descuido a trato negligente a la violencia psicológica y física, la sexual o los castigos corporales, entre otras.

Definiendo éstos como aquellos en los que se usa la fuerza física "y que tenga como objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve como manotazos, bofetadas, azotes, dar puntapiés, zarandear, arañarlos, pellizcarlos, morderlos, tirarles del pelo o de las orejas, golpearlos con un palo u otro objeto, obligarlos a ponerse en posturas incómodas, producirles quemaduras, etc."

La ley en España permitía a los padres corregir a los menores "razonable y moderadamente" antes de 2005, pero el Gobierno socialista de Zapatero recogió una recomendación del Consejo de Europa y eliminó esa opción del Código Civil. La corrección, ahora, según el texto, debe realizarse "con respeto a su integridad física y psicológica" y "de acuerdo con su personalidad".

La Justicia ha sentenciado en ocasiones en un sentido o en otro, en función de las circunstancias.

El texto de la iniciativa de Podemos, realizada con las aportaciones de distintas organizaciones sociales especializadas en infancia y redactada con un enfoque de "derechos humanos", recoge también la reivindicación de muchas ONG para aumentar el plazo de prescripción de los delitos sexuales, de forma que empiece a computar cuando la víctima cumple 30 años y no 18 como sucede ahora.

Crear una línea pública de atención telefónica que funcione las 24 horas del día y que esté atendida por un equipo de profesionales que, en casos de emergencia, tengan la capacidad de actuar, así como la elaboración de un registro de casos que garantice el principio de "intervención mínima" para evitar duplicidades de actuaciones y con ello la revictimización de los menores.

En aras a impedir esta revictimización, Unidos Podemos quiere que en el ámbito de la Justicia se instaure la "prueba preconstituida", de forma que se grabe la declaración de los menores y no tengan así que rememorar varias veces lo ocurrido en un proceso judicial.

Para hacer "más amables" estos procedimientos para niños y adolescentes, el grupo confederal propone crear una figura de acompañamiento social. Y también un comisionado comparable al Defensor del Pueblo o el defensor del menor que existe en algunas comunidades autónomas y que sea elegido directamente por la ciudadanía.