El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recogido el guante que le ha lanzado su grupo de asesores y estudiará sus recomenciones de realizar especial "seguimiento de los procedimientos en los que se producen denuncias cruzadas con el fin de evitar que se obstaculice el proceso de la víctima de violencia de género y de ampliar la formación a todos los juristas sobre el Síndrome de Alienación Parental, para evitar que "dada su carencia de base científica", pueda ser tomado en consideración por los órganos judiciales.

Estas son dos de los asuntos tratados en la última reunión del observatorio de violencia de género del CGPJ, que a su vez ha acordado ofrecer formación especializada en violencia doméstica y de género a los jueces y magistrados de los juzgados de instrucción, mixtos o penales, o de las secciones de audiencias provinciales que vean asuntos de esta materia pero no tengan competencia exclusiva. De esta forma, dice el CGPJ, se da cumplimiento al pacto de estado contra la violencia de género.

Además de esta medida, el CGPJ ha anunciado que impulsará la formación sobre inmigración a los operadores jurídicos especializados en violencia de género. La decisión coincide con un repunte de las víctimas inmigrantes de asesinatos de violencia machista, que siempre están sobrerepresentadas en esta dramática estadística. Mientras su porcentaje en la población ronda el 10% de inmigrantes, en el porcentaje de víctimas superan el 30%.

En lo que va de año 2018 ya han sido asesinadas 12 mujeres nacidas fuera de España, y representan el 35,3% de las víctimas mortales. En cuanto a los agresores, este año son un 44,1% los nacidos en un país diferente, según la estadística del Ministerio de Igualdad.

El observatorio de violencia de género judicial ha aprobado también la creación del 'buzón de quejas específico de violencia de género', tal y como adelantó 20minutos, del que se ocuparán finalmente a dos personas especificas y formadas de la Unidad de Atención Ciudadana.

El CGPJ también estudiará la propuesta de mejorar el sistema de control sobre las órdenes de protección, así como la revisión de la toma de declaración de menores en casos de violencia de género para adecuarlas a la guía de actuación de buenas prácticas judiciales.