El fiscal pide dos y medio de prisión para 11 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que el pasado 23 de febrero de 2018 bloquearon los accesos al Tribunal Superior de Justicia (TSJC) para reclamar la puesta en libertad de los políticos independentistas presos.

En su escrito de calificación provisional, el fiscal pide dos años y medio de cárcel por un delito de desórdenes públicos para once de los detenidos por esta protesta, así como un año de prisión para otros dos, por desobediencia y resistencia a la autoridad por supuestamente enfrentarse a los Mossos d'Esquadra que trataban de reabrir los accesos al edificio del TSJC.

Coincidiendo con el 37 aniversario del intento de golpe de Estado, un centenar de activistas se concentraron el 23 de febrero de 2017 a las puertas del TSJC e impidieron la entrada al edificio durante una hora, en un acto convocado por los CDR y otras entidades independentistas, como CUP, Arran, Alerta Solidaria y SEPC, para exigir la libertad de los independentistas que estaban en prisión preventiva por la causa del 1-O.

Algunos de los concentrados se encadenaron a la puerta del edificio del TSJC, mientras otros se apostaban en la escalinata de acceso al alto tribunal catalán, en actitud de resistencia pacífica, hasta que fueron desalojados por los Mossos d'Esquadra, que arrestó a catorce de ellos.

Según el fiscal, los acusados, "actuando de mutuo acuerdo y con la finalidad de impedir el normal funcionamiento" del TSJC, fueron corriendo hacia la entrada principal del edificio y cerraron sus puertas, que bloquearon con varias cadenas de hierro o de moto, para sentarse delante, encadenándose entre ellos y a las columnas exteriores del edificio, mientras los demás manifestantes permanecían sentados en la escalinata principal.

Otro grupo se dirigió igualmente a una puerta secundaria del edificio, destinada a personas discapacitadas, para bloquearla de igual modo mediante cadenas que llevaban, según la Fiscalía.

Mientras los acusados imposibilitaban de esta forma el acceso del personal y del público al interior del edificio, un grupo numeroso de manifestantes se concentraba delante del mismo ocupando la avenida Lluís Companys, lo que obligó a la Guardia Urbana a cortar el tráfico en un tramo.

Según explica la Fiscalía en su escrito de acusación, los acusados fueron requeridos por los Mossos d'Esquadra para que abandonaran el lugar "en reiteradas ocasiones", a través de "órdenes claras y directas", pero los activistas "en pleno desprecio hacia el principio de autoridad", hicieron caso omiso.

"La falta de colaboración de los acusados obligó a los efectivos policiales a proceder a cortar sus cadenas con una cizallas, practicándose a continuación su detención", detalla la Fiscalía, que recuerda que se pudo restablecer el acceso normal al edificio una hora después, hacia las nueve de la mañana.

Paralelamente, los otros dos acusados, que participaban en una protesta contra las detenciones que se había convocado frente al edificio del TSJC, propinaron patadas y puñetazos a los Mossos para evitar que les sacaran del lugar, si bien ningún agente resultó lesionado.

El fiscal remarca que la protesta frente al TSJC obligó a activar a más de un centenar de efectivos policiales, que lograron que la totalidad de los concentrados abandonaran la calzada y se restableciera el normal funcionamiento de la vía hacia las diez y cuarto de la mañana.

En un comunicado, la organización antirrepresiva Alerta Solidaria ha denunciado que la petición de la fiscalía ante unos hechos de "legítima protesta ante la perversión a la que está llegado el sistema judicial español, constituye la prueba más evidente de la irracionalidad del mismo sistema penal".

"Se persigue hasta la obsesión a la militancia independentista y se blindan de impunidad constantes muestras de violencia y de intimidación", agrega Alerta Solidaria, que lamenta que no ha detectado, tras la llegada del PSOE a La Moncloa, ningún "cambio real" en la que califica de "política represiva del Gobierno de Madrid"