La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado este martes que los ayuntamientos y entidades locales dispondrán el año que viene el doble de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que pasará de 20 a 40 millones, y que se les devolverán las competencias en materia de asuntos sociales para que puedan atender a las mujeres que huyen de situaciones de violencia.

El Gobierno ha llevado esta propuesta a la Conferencia Sectorial de Igualdad en la que este martes ha llegado a otros acuerdos "por unanimidad" con los representantes de las comunidades autónomas, para reformar el código civil por lo que respecta a la custodia de hijos por parte de padres maltratadores o a la fijación de nuevos criterios para el reparto de fondos sobrantes del ejercicio de este año.

Por lo que respecta a las entidades locales, y sobre todo a los ayuntamientos, Calvo ha anunciado que el año que viene recibirán una partida de 40 millones de euros y no de 20, como contempla el Pacto, que distribuye una dotación de 200 millones para prevenir y luchar contra la violencia machista en el que el Estado gestiona 80 millones y las comunidades autónomas, los 120 restantes.

La razón de este incremento, ha explicado la vicepresidenta, es que las "políticas preventivas" se ofrecen menor a nivel local. "Hay que prevenir, intentar decirle a las mujeres que salgan de ese espacio de violencia y oscuridad, que tienen que salir porque las esperamos y muchas sólo lo pueden hacer llegando a los ayuntamientos, donde pueden contar lo que les está ocurriendo".

Junto a este incremento de medios económicos, el Gobierno tiene previsto dar también de más capacidades de actuación los ayuntamientos con la aprobación en el próximo Consejo de Ministros del viernes que viene de un real decreto que les devuelve las competencia en materia de política social.

Calvo ha explicado que se trata de una reforma urgente de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para que recuperen las competencias que tenía y que "desaparecieron", así como "algún aspecto" para flexibilizar el gasto.

Preguntada por el origen de los 20 millones de más de los que dispondrán los ayuntamientos el año que viene, la vicepresidenta ha afirmado que saldrán de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, que acaban de encontrar un gran obstáculo con el rechazo por parte del Congreso del techo de gasto.

"El año que viene tendremos Presupuesto y aparecerán 40 millones para el trabajo de los ayuntamientos con la devolución de competencias sociales", ha asegurado.

Calvo ha destacado que, como las demás decisiones que se han adoptado este martes, la Conferencia Sectorial se ha manifestado "por unanimidad". "Hay momentos que realmente son emocionantes para hacer política de Estado", ha afirmado.

Según la vicepresidenta, se ha producido un "cierre de filas absoluto" contra la violencia machista. "Agradezco mucho a todas las comunidades autónomas, a quienes han venido con el mandato de sus presidentes, a las entidades locales, hablamos de la pluralidad política de nuestro país y de un cerrar filas de esta democracia para trabajar cada día más en firme en dirección contraria a la violencia de género, contra el asesinato y en favor de proteger a los menores".

Fruto de este clima de entendimiento, Calvo ha asegurado también que todas las comunidades, ya estén gobernadas por el PP, PSOE o JuntsPelCatalunya, se han comprometido a hacer causa común en el Parlamento para aprobar las reformas legislativas que las distinta fuerzas tienen registradas para poner en práctica el Pacto de Estado, para que estén listas a finales de este año.

Una de las primeras es una reforma del Código Civil que llevará el Gobierno para evitar que padres condenados por violencia machista puedan tener la custodia de sus hijos. Según ha leido la vicepresidenta, se les retirará la custodia en cuanto el otro progenitor así lo pida.

"La custodia compartida no puede ser en estos casos, sino que se va a velar por la protección de los menores por encima del bien de los adultos", ha explicado Calvo.

Con esta medida el Gobierno quiere evitar más casos como el de Ángela González, cuya hija fue asesinada por su expareja durante una visita sin supervisión y por la que el Estado ha sido condenado a pagar una indemnización de 600.000 euros a la madre.

Calvo ha diferenciado esta medida de otra reforma registrada por otro grupo en el Congreso para prohibir que los maltratadores puedan ver a sus hijos. Según ha dicho esta es una reforma para "más adelante", pero que forma parte del compromiso de ir avanzado en las reformas legislativas que se ha alcanzado este martes.

En el orden del día de la Conferencia Sectorial de Igualdad figuraba también el reparto, según unos criterios renovados, de 9,5 millones que quedaban sin gastar en la partida correspondiente a la Delegación del Gobierno contra la violencia.

Según la vicepresidenta, las comunidades han estado conformes con hacer un reparto en función de criterios tales como la densidad de población, la igualdad de trato, la distinta situación en la que se encuentran las mujeres, según situaciones de discapacidad o de raza en el caso de las inmigrantes o teniendo el caso de las víctimas que son menores.