La Audiencia de Barcelona ha absuelto a siete de los nueve jóvenes implicados en el escrache a Cristobal Montoro, exministro de Hacienda, tras la conclusión de un acto del PP en Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Además, ha condenado a otras dos personas a penas de un año y siete meses de prisión respectivamente.

La sentencia sostiene que no ha quedado acreditado que los acusados arrojaran el 21 de mayo de 2014 piedras u otros objetos contra la comitiva, en la que viajaban el ministro Montoro y la entonces líder del PP de Cataluña Alicia Sánchez Camacho.

Según la resolución, no se ha podido probar que los acusados tuvieran como finalidad o intención directa alterar la paz pública, "sin perjuicio de que se generara una alteración, momentánea, del orden público y un caos evidente, reflejado en las imágenes, siendo su actuación una manifestación reactiva, momentánea y puntual" para intentar entorpecer la salida de la comitiva popular.

Por este motivo, la Audiencia absuelve a siete de los acusados y únicamente impone condenas menores a dos de ellos: a Pau F.G., para quien el fiscal pedía cuatro años de prisión, le impone un año de cárcel por un delito de atentado a la autoridad, y a José Miguel D.C., que afrontaba una petición de ocho años, le condena a seis meses de prisión por un delito de atentado a agentes de la autoridad.

El tribunal afirma en la sentencia que para resolver el caso resulta "irrelevante" las posibles "divergencias de opiniones" que esgrimieron en el juicio la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra sobre el dispositivo de seguridad, después de que el equipo de seguridad del ministro acordó que su vehículo saliera por una zona distinta a la prevista inicialmente debido a la presencia de personas protestando.

En el juicio, los nueve acusados alegaron que fue el coche de Montoro el que se les abalanzó entre el caos policial y que su comportamiento fue en todo momento pacífico, ya que los más de 150 concentrados no arrojaron piedras ni amenazaron a la comitiva del PP y se limitaron a ejercer su derecho a manifestación y de protesta en el contexto de una campaña electoral, para denunciar las políticas "neoliberales" de ese partido.

La sentencia admite que es "indudable" que se produjeron daños materiales en dos de los vehículos de la comitiva del PP, pero apunta que no se ha podido acreditar que fueran provocados por los acusados, ya que los coches recibieron el impacto de objetos y de la acción concreta de terceros, entre ellos un menor de edad que ya fue condenado.