Son dieciocho consistorios. La lupa pesa sobre ellos desde hace años porque pagan tarde a sus proveedores, su deuda está disparada y la posibilidad que tienen de sanearse es tan complicada que, en algunos casos, tardarían más de 20 años en hacerlo. La AIReF —el organismo creado en 2012 a petición de Bruselas para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas— lleva tiempo analizándolos y hoy ha concluido que ninguno mejora su nota de riesgo desde el último informe.

Los que están en situación crítica (para los que se cree imposible volver a la sostenibilidad) siguen desahuciados; los de riesgo alto (que podrían volver al equilibrio en más de 20 años) siguen dando miedo; y los de riesgo moderado (de 10 a 20 años) y bajo (menos de 10) tampoco ofrecen mejor cara a la Autoridad Fiscal.

"Su problema va más allá de cumplir reglas fiscales, necesitan una planificación a medio plazo para volver a la estabilidad", dicen fuentes del organismo, que pide la colaboración para ello de Hacienda, de los órganos de supervisión e incluso crear una comisión de expertos para analizar las causas y proponer soluciones.

¿Y por qué no mejoran pese a que la recuperación económica está aumentando los ingresos de los ayuntamientos? La AIReF considera que hay varios factores que dependen de cada ayuntamiento en particular, pero observan que "en algunos se produce cierto empeoramiento de su situación por estar poniendo en marcha inversiones que podrían dificultar su vuelta a la sostenibilidad". Es decir, que pese al agujero en el que se encuentran siguen gastando más de lo necesario.

En la lista de ayuntamientos problemáticos hay nueve andaluces (Jerez de la Frontera, Jaén, Algeciras, La Línea , Isla Cristina, Ayamonte, Sanlúcar, Almonte y Granada), cinco madrileños (Parla, Aranjuez, Navalcarnero, Alcorcón y Valdemoro) y uno en las regiones valenciana (Gandía), murciana (Totana), leonesa (San Andrés del Rabanedo) y castellano-manchega (Cuenca). Todos ellos consolidan problemas de sostenibilidad a medio y largo plazo.

La situación solo mejora ostensiblemente en uno, el de Granada, según el análisis que realiza la AIReF y que tiene en cuenta sus políticas de gasto y el efecto de sus superávit en ir reduciendo la deuda consistorial. El resto de ayuntamientos muestra malas noticias: o mejoras leves, o parálisis o incluso un empeoramiento, que es el caso de La Línea, Totana, Ayamonte, Alcorcón y Cuenca. "Esto cinco empeoran su tendencia y de mantener sus políticas agravarán su situación".

Todos estos ayuntamientos, dice la AIReF, han enviando información sobre sus cuentas tal y como obliga la ley. Todos... menos uno. Parla no lo ha hecho y la Autoridad Fiscal le acusa de "incumplir su deber de colaboración". No sale bien parado el consistorio madrileño: dedicando todos sus ingresos anuales tardaría más de 3 años en devolver su deuda (es del 1.015%) y sus proveedores deben esperan casi un año en cobrar sus facturas al consistorio (323 días).

Fuentes del ayuntamiento de Parla, sin embargo, explican a este medio que ese retraso se ha rebajado a 134 días en mayo de 2018 y así lo acredita oficialmente el interventor de sus cuentas. "Si no se envió esa información a la AIReF es porque el interventor se encontraba de vacaciones cuando expiró el plazo y él es el único habilitado nacional con claves telemáticas para poder enviarla", matizan en el consistorio madrileño, que "lamenta profundamente" que no se enviasen los datos.

La fotografía que la AIReF toma al global de ayuntamientos es más optimista. En 2018 volverán a repetir superávit y rondará otra vez el 0,6% del PIB. Volverán a ser la única administración en números verdes —el Estado, la Seguridad Social y las autonomías seguirán registrando déficit— aunque los 21 ayuntamientos más grandes verán reducir su superávit entre un 15% y 20% de forma global.

Pero volverá a haber superavir este años. Unos 7.094 millones, calcula la AIReF. "Siempre van a tenerlo y van a estar lejos del equilibrio", dicen desde el organismo presidido por José Luis Escrivá. "El año pasado tuvieron uno del 0,62, este será del 0,57% y el próximo del 0,5%, una reducciones ligeras por el aumento de gastos de personas y la flexibilización anunciada de la regla de gasto. Pero, ¿hasta donde bajará esa cifra? Mucho mas que eso, no".

Estas ganancias sin pausa, colocan la mosca detrás de la oreja de la Autoridad Fiscal porque "quizás la regla de gasto restringe a los ayuntamientos más grandes —como Madrid o Barcelona—, pero no es lo que pasa en el global de los consistorios". En la mayoría de casos, dice la AIReF, la regla "se sobrecumple". Es decir, que el gasto se restringe más allá de lo que limita la regla legal. ¿Y qué se hace con el dinero sobrante?

"Este año proyectamos que los ayuntamientos tendrán 27.000 millones de euros en depósitos bancarios, unos 3.000 más que el año pasado. Esa cuantía ha ido creciendo unos 4.000 euros cada año", asegura la AIReF. ¿Deberían asumir los consistorios más competencias sociales que ahora recaen en comunidades mayoritariamente deficitarias? ¿Deben pagar los servicios de dependencia o colaborar en el mantenimiento de la sanidad y educación públicas?

"Es algo en lo que siempre insistimos, porque mientras la Seguridad Social se ve abocada a financiarse con préstamos, las entidades locales siguen aumentando sus depósitos en los bancos", dicen en el organismo. "Si se les diera mas competencias sin financiación [con financiación no variaría el superávit], ese superávit bajaría y beneficiaria a las comunidades autónomas, que son las que en este momento ejercen estas competencias".

Precisamente la AIReF estima "improbable" que tres regiones, Murcia, Comunitat Valenciana y Extremadura, cumplan este año su objetivo de estabilidad —que marca el tope de déficit en el -0,4%— y ve "riesgo" de incumplirse la regla de gasto en trece de ellas: todas menos Castilla y León, Aragón, Rioja y Canarias. De ahí que algunos de estos gobiernos regionales reprocharan al Gobierno en el pasado CPFF que flexibilizar ahora la regla "beneficiaría a incumplidores".

"El riesgo en las Comunidades Autónomas pasa de estar en el incumplimiento del objetivo de estabilidad… al incumplimiento de la regla de gasto", dicen en la AIReF que lo justifica en una "presión creciente del 3% en la evolución del gasto sanitario y educativo" —dos partidas que suponen un 85% del gasto autonómico—  además del crecimiento de otras partidas de gasto social y de gasto cofinanciado por la Unión Europea".