Juana Rivas ha declarado este miércoles ante el Juzgado de lo Penal l de Granada que se fue en mayo de 2016 con sus dos hijos de la isla de Carloforte (Italia) y no volvió porque "no quería vivir más bajo las torturas" de su expareja.

Cuando estaba en España, además, no le entregó a los niños pese a conocer las resoluciones judiciales que le obligaban a ello porque estaban "escapando del maltrato" y quería proteger su "integridad física y psicológica", ha añadido. Los niños estaban escolarizados y residían en Italia hasta que ella decidió marcharse porque, ha dicho, era "insoportable".

Rivas ha relatado que llegó "aterrada" de Italia y, a preguntas de su letrado, ha descrito una situación en la que "siempre fue actuando dentro de lo que le iban diciendo" sus distintos asesores y abogados, que si bien le advirtieron de que "podría tener dificultades" no le hablaron de que podía enfrentarse a "años de cárcel y retirada de la patria potestad", ha dicho.

La mujer ha afirmado que le explicaron que no tenía que entregar a los niños mientras hubiera recursos, y que luego, cuando se acudió al Tribunal Constitucional, le plantearon que era mejor no hacerlo hasta que existiera una resolución, de modo que fue cuando le transmitieron que no había "más armas legales" cuando decidió entregarlos.

La expareja de Rivas y padre de los niños, el italiano Francesco Arcuri, que ha declarado por videconferencia, ha negado haberla agredido y ha señalado que al principio de que ella regresara a España con los niños (el verano de 2017) procedente de Carloforte (Italia), donde hasta entonces residía la familia, sí tuvo contacto con sus hijos.

Hasta que el 2 de agosto le informó de que se quedaría en España, momento a partir del cual fue "dificultándole" el contacto hasta impedirle que hablara con ellos, ha dicho Arcuri, que como acusación particular pide para Rivas cinco años de cárcel, la pérdida de la patria potestad durante ocho años e indemnización de 30.000 euros.

Durante la vista oral han declarado como testigos, además de guardias civiles y policías locales, la psicóloga forense que elaboró un informe sobre la conveniencia de que los niños vieran a su padre, a instancias de un Juzgado de Granada a raíz de que ella presentara una denuncia por maltrato contra Arcuri en julio de 2016.

La perito expuso en aquel informe que no apreciaba que la "restitución -de los niños- al contexto paterno supusiera un grave riesgo".

Acompañada por su abogado, José Estanislao López, una hermana y sus padres, Rivas, que ha llegado poco antes de las 9.30 horas al juzgado, ha estado arropada a su llegada por medio centenar de personas pertenecientes a la plataforma cívica creada en su apoyo y ha declarado a los periodistas al acceder al juzgado que afronta el proceso "tranquila".

Por su parte, Enrique Fabián Zambrano, letrado de la expajera de Rivas y padre de sus hijos, el italiano Francesco Arcuri -que declarará por videoconferencia-, ha manifestado a los periodistas que confía en que se haga justicia.

El juicio estaba inicialmente previsto para el pasado 14 de junio, fecha en la que Rivas se presentó en la sede judicial con uno de sus letrados, Juan de Dios Ramírez, que al inicio de la vista renunció a representarla alegando su escasa participación en las actuaciones y falta de tiempo para prepararla.

El abogado decidió entonces abandonar la sala, lo que forzó la suspensión del juicio en contra del criterio del juez, Manuel Píñar, que puso los hechos en conocimiento del Juzgado de guardia, el Colegio de Abogados de Sevilla y la Fiscalía, y dio a Rivas un plazo de tres días para que designara a un abogado de su confianza.

Rivas designó entonces a José Estanislao López, el otro abogado que la ha asistido en el proceso y en quien la acusada tenía depositada su confianza, si bien no pudo asistir el pasado 14 de junio para ejercer su defensa por encontrarse de baja médica, cosa que hoy sí ha hecho.

Juana Rivas está acusada de permanecer en el verano de 2017 un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre, el italiano Francesco Arcuri, aunque ella mantiene que no ha cometido delito alguno, por lo que se considera exenta de responsabilidad.

La mujer ha justificado en reiteradas manifestaciones públicas y judiciales que intentó actuar para proteger a sus dos hijos frente a Arcuri, que fue condenado en 2009 por lesionarla y al que denunció nuevamente por maltrato en julio de 2016, denuncia pendiente de resolverse por la justicia italiana, que sigue además otro procedimiento civil por la custodia de los menores.