El primer punto que recoge la Carta Europea del Suelo reza lo siguiente: "El suelo es uno de los bienes más apreciados de la humanidad. Permite la vida de los vegetales, los animales y las personas en la superficie de la Tierra". El cuarto insta a los agricultores y silvicultores a "aplicar métodos que preserven la calidad del suelo" y el duodécimo al gobierno y las autoridades a "impulsar la planificación y administración racional de los recursos del suelo".

Sin embargo, ¿se están cumpliendo estos cometidos? El último informe publicado por Ecologistas en Acción evalúa la situación que viven los proyectos agroecológicos en España, es decir, aquellos que buscan gestionar los sistemas agrarios respetando el medioambiente. Su conclusión es la siguiente: "Los proyectos agroecológicos españoles aprueban en sostenibilidad y suspenden en apoyo institucional".

Los proyectos que se estudiaron en el informe, llamado Sistematización de experiencias productivas agroecológicas, tienen una vida media de 3 y 6 años, es decir, una vida corta además de marcada por la autogestión. También se enfrentan a las cuentas, que generalmente desembocan en balances negativos.

Otra de las dificultades ante las que se encuentra el sector son el acceso a la tierra o a los insumos (como semillas, planteles, mataderos, etc.,) porque no existen políticas locales y de desarrollo rural en este sentido, ante la paradoja de un medio rural vacío. Por eso desde Ecologistas en Acción detectan una falta de coordinación estatal que posicione al sector.

Está demostrado que el modelo de agricultura y ganadería industrial provoca efectos adversos en el medioambiente. Sin ir más lejos, el 2.9% de las emisiones de CO2 emitidas en 2017 provienen del sector agrícola.

En un informe publicado por WWF que aboga por una Política Agraria Común (PAC) "más verde y más justa", denunciaron que la PAC "penaliza a los cultivos que solo beben agua de lluvia", poniendo como ejemplos que un cultivo de secano recibe 200€ por hectárea y uno regadío 600€ o que un productor de tabaco (cultivo intensivo) puede cobrar hasta 4.200 €/ha, mientras que un agricultor de cereales de secano (cultivo extensivo) solo recibe 120€/ha.