La idea de derogar la reforma laboral ha pasado a mejor vida por lo que se deduce de la reunión que han mantenido este miércoles en la Moncloa los agentes sociales con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.

Si ya la patronal era opuesta a cargarse de un plumazo la normativa introducida por el Gobierno popular en 2012, hoy ha sido la ministra Valerio la que, tras debatir la cuestión con sus interlocutores, se ha subido al carro del pragmatismo para confirmar que derogar toda la normativa será complicado. Algo que no defendían desde la bancada socialista cuando estaban en la oposición.

"No es que haya habido un cambio de criterio, pero en el Gobierno siempre se tiene una dosis mayor de pragmatismo", ha explicado Valerio al término de la reunión con los representantes de los trabajadores y de los empresarios. "Somos conscientes del terreno que pisamos, nos gustaría tener doscientos diputados como en la época de Felipe González y así aprobaríamos todo lo que hemos planteado... pero la aritmética parlamentaria es la que es.

La aritmética parlamentaria, efectivamente, es un Ejecutivo en minoría, sin socios estables y con una izquierda parlamentaria que no suma mayoría. Cualquier modificación de la reforma laboral necesitaría el apoyo de los nacionalistas o la aquiescencia de Ciudadanos. Existe también la opción del decreto ley, pero la ministra reniega de ello. "Es una figura que existe en la Constitución, pero yo misma critiqué su uso excesivo durante el Gobierno del PP y no me parece una opción buena".

La única opción que le queda al Gobierno, por lo tanto, es buscar apoyos en el Congreso, si no para derogar toda la reforma, sí para eliminar ciertos puntos que los sindicatos, durante la reunión, expresaron a la ministra como los "aspectos centrales" que han causado un empobrecimiento de la calidad del empleo y de los salarios. A saber: la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, la ultraactividad o la modificación de las condiciones de trabajo por voluntad del empresario.

El secretario general de CC OO, Unai Sordo, no dudó en calificar de "reservón" al Gobierno. "Las reformas de 2010 y 2012 deben modificarse desde el consenso con las organizaciones empresariales, pero si no es posible este acuerdo tripartito, deberá ser bipartito [es decir, sin la patronal] y tendrán que buscar apoyos en el Congreso para hacerlo", dice Sordo. "La reformulación de la reforma laboral desde ser una derogación por elevación, no volver a la situación de 2009".

El Gobierno no maneja plazos para comenzar a retocar artículos ("sin prisa pero sin pausa", dice la ministra") así que la patronal, de momento, está a la "expectativa" para saber qué se quiere derogar. "Nosotros estamos siempre a favor de evolucionar y adecuarnos al futuro", afirmó Antonio Garamendi, presidente de Cepyme. "Los términos en política son unos y en la vida real otros, hablar de derogar es un mensaje ideológico porque hay siete mil normas laborales que dependen de ella"

Para retorcar esta legilsación, de hecho, habría que modificar el Estatuto de los Trabajadores. Y eso es algo a lo que no se niegan los empresarios. "Sería bueno consensuar con el tiempo uno nuevo", afirmó de hecho Garamendi. La ministra Valerio también se ha mostrado partidaria de ir trabajando en un nuevo Estatuto para ponerlo en marcha en 2020 y que sea una norma "adecuada al siglo XXI".