Zaplana
Momento de la detención de Eduardo Zaplana. EFE

El auto por el que la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha enviado a prisión al expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana por el caso Erial, acusa al también exministro de diez delitos y enumera, además, tres empresas con las que se podría haber realizado blanqueo de dinero.

Fuentes conocedoras del caso han indicado que, en la resolución judicial, la jueza acusa a Zaplana de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal.

En el caso Erial, el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.

Las investigaciones judiciales realizadas hasta ahora apuntan a que algunos de los empresarios beneficiarios de estas concesiones habrían pagado alrededor de diez millones de euros en concepto de comisiones.

Tanto en el caso de la privatización de las ITV como en las concesiones del Plan Eólico aparecen como beneficiarias, casi siempre en unión temporal con otras mercantiles, empresas propiedad o participadas por Vicente y José Cotino, sobrinos del ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino.

En el auto de prisión dictado la noche del jueves, la jueza enumera tres empresas vinculadas a Zaplana a través de las cuales podría haber realizado operativas para blanquear el dinero: Turnis Silvatica, Medlevante y Gesdesarrollos Integrales.