Todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados han acordado la presentación de una enmienda transaccional a los Presupuestos Generales del Estado que obligará al Gobierno a presupuestar los 200 millones comprometidos en el pacto de Estado contra la violencia de género en 2018, de tal manera que la administración central pueda contar con 80 millones de euros, las Comunidades Autónomas con 100 y los municipios con 20 millones.

La enmienda transaccional que exige la financiación íntegra del pacto se vota este martes en el Congreso y ha sido impulsada por el PSOE, que contaba, antes de sumarse PP y Ciudadanos, con toda la oposición, lo que le permitía sacarla adelante, según han informado fuentes del grupo socialista.

El pacto de Estado contra la violencia de género, aprobado en el Congreso el pasado mes de septiembre y sancionado por las CC AA y la FEMP en noviembre de 2017, debe de dotarse con 1.000 millones de euros en cinco años, a repartir proporcionalmente entre las distintas administraciones. Sin embargo, el proyecto de PGE de 2018 que presentó Cristóbal Montoro solamente contemplaba una partida exclusiva de 80 millones para la acciones de la administración central.

El PP, en concreto el ministerio de Sanidad, aseguró el día de su presentación que las Comunidades debían tomar su parte para políticas contra la violencia machista del incremento de la financiación autonómica previsto para este ejercicio.

Las primeras críticas de la oposición no se hicieron esperar, porque el pacto estipulaba que los 200 millones, en la proporción antes citada, era una cantidad finalista que debía por tanto presupuestarse de manera automática.

Más de 300 organizaciones salieron a la calle el miércoles 16 de mayo, por iniciativa del movimiento feminista, para reclamar al Gobierno la cantidad íntegra presupuestada en el pacto, es decir 80 millones para el Estado y 120 millones de euros más para las Comunidades y Ayuntamientos.

El jueves de la semana pasada el grupo popular en el Congreso de los Diputados anunció que había pactado con Ciudadanos y con PNV un incremento de la partida contra la violencia de género de 50 millones de euros, hasta alcanzar por tanto un total de 130 millones, pero no especificaron si dicha cantidad iba destinada a las Comunidades o venía a incrementar los millones presupuestados para políticas nacionales.

"Esta enmienda sale adelante porque el pacto de Estado habla de un reparto definido: con 80 millones para la administración general, 100 para las Comunidades Autónomas y 20 millones para los ayuntamientos", explica Ángeles Álvarez, responsable de Igualdad del PSOE. "La enmienda dice además que estas cantidades deberán ser utilizadas para acciones nuevas o ampliadas y que llegarán a las Comunidades y a los municipios por la vía de una transferencia".