El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018, presentado este martes en el Congreso y que todavía no cuenta con los apoyos necesarios para ser aprobado, incluye una partida de 80 millones directamente destinada a implementar el pacto en materia de Violencia de Género y no los 200 millones a los que se había comprometido el Gobierno, según lo anunciado por el Ministerio de Hacienda. Dicha cantidad, 80 millones, servirán para financiar las primeras medidas del pacto contra la violencia machista que dependen principalmente de la Administración General del Estado.

El documento de los PGE recoge en su redacción explicitamente que las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales quedan encargadas de "incluir en sus presupuestos incrementos por importe de 100 y 20 millones de euros respectivamente para financiar medidas de este Pacto, para lo cual contarán con recursos suficientes dadas las mayores aportaciones que recibirán respecto a 2017 a través del sistema de financiación".

En concreto, el proyecto de PGE asegura que "para 2018 la financiación de las Administraciones Territoriales, (CC AA y Ayuntamientos) aumentará 4.248 millones de euros respecto del 2017, a través del sistema de financiación autonómica. En base a este incremento, las CC AA y los Ayuntamientos contarán con crédito suficiente para ejecutar las medidas de su competencia previstas en el Pacto de Estado, debiendo incluir en sus presupuestos incrementos por importe de 100 y 20 millones de euros respectivamente, para financiar dichas medidas".

Las críticas a esta fórmula empleada para financiar el pacto de Estado contra los malos tratos no se han hecho esperar. Desde la oposición, el PSOE ha considerado que el Gobierno "está haciendo la trampa a las víctimas de la violencia de género", porque el pacto exigía una financiación finalista de 1.000 millones de euros en cinco años, con los primeros 200 millones comprometidos de antemano para 2018.

"Lo que tenían que haber hecho es adjudicar 200 millones de euros directamente a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, para que fuera la propia delegación la que destinara presupuesto a las Comunidades y Ayuntamientos en los porcentajes previstos y así poder controlar el gasto", ha asegurado la portavoz socialista de Igualdad en el Congreso de los Diputados, Ángeles Álvarez.

"El Gobierno no hace la trampa a las Comunidades, sino a las víctimas", ha valorado Álvarez, que augura que municipios y comunidades se verán ahora forzados a detraer dinero de otras partidas "como la dependencia" para financiar el pacto contra la violencia machista.

En idéntico sentido se ha posicionado Podemos, para quienes estas cuentas les reafirman en su abstención al pacto de estado de violencia de género, entre otras cosas, "por la falta de trazabilidad de los presupuestos y la falta de calendarización". En palabras de su delegada de Igualdad en el Congreso de los Diputados, Sofía Castañón, la parte fundamental del presupuesto para el pacto (120 millones) no debía estar vinculado a la financiación territorial, sino que debía ser una partida independiente según lo acordado. Asimismo, Castañón se ha mostrado muy crítica con los Presupuestos porque en su capítulo para las políticas de Igualdad, "no se alcanza ni a las partidas destinadas en 2008 y 2012, cuando eran tiempos de crisis".

Tampoco satisface a Podemos, por insuficiente, la partida presupuestaria para pasar de 4 a 5 semanas en permisos de paternidad, ya que la formación morada ha echado cuentas y cree "viable" igualar los permisos de maternidad y paternidad, y hacerlos intransferibles, en el plazo de cinco años.

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, en un encuentro con los periodistas ya por la tarde, ha respondido a las críticas por la vía de financiación del pacto para la violencia de género confiando en que las autonomías asignarán el dinero comprometido al pacto gracias al incremento de la financiación territorial.

"Nosotros cumplimos con nuestros 80 millones y aportando una mayor financiación a las Comunidades Autónomas. Aunque el pacto dijera que sería una financiación finalista, los 120 millones de Comunidades y Ayuntamientos no podían serlo, debían llegar vía incremento de la financiación territorial, porque lo contrario exige la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las CC AA (LOFCA). Hemos de respetar las competencias transferidas. En base a las partidas destinadas a la lucha contra la violencia de género, cada Comunidad tendrá que decidir cuánto y a qué aportan los fondos, pero lo cierto es que tienen dinero suficiente", ha asegurado.

Preguntada por cómo articulará el Gobierno el control de lo que efectivamente destinan municipios y las comunidades a la violencia de género, la ministra ha asegurado que se hará a través de la comisión de seguimiento que establece el propio pacto (que aún no está constituida), en las comisiones interterritoriales y en la conferencia de Presidentes. En cualquier caso, la ministra se ha mostrado "convencida" de que entidades locales y comunidades, como firmantes del pacto de Estado, "van a cumplir, porque han venido cumpliendo con la lucha contra la violencia de género".

El proyecto de PGE presentado por Hacienda detalla que los 80 millones de euros que dependen del Estado y serán destinados al pacto de violencia de género se distribuyen entre los presupuestos del Ministerio del Interior, Justicia, Empleo y Seguridad Social, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Hacienda y Función Pública. No se cita ninguna partida para Educación, en previsión de que sean las Comunidades Autónomas las que lo hagan, por tener todas las competencias transferidas.

Algo más de la mitad de la partida de la administración central  -43 millones- se destinan al Ministerio del Interior sobre todo para aumentar la protección a las víctimas (38,1 millones, el equivalente a 1.800.000 horas/año y 1.086 efectivos) y la adecuación de espacios policiales donde se les atiende (3 millones).

En el Ministerio de Justicia, se libra una partida de 13,6 millones destinado a los juzgados de Violencia sobre la Mujer (4,5), asistencia jurídica gratuita (4,2) y a unidades de valoración forense (3,8).  Se destinan 12,2 millones en el Ministerio de Empleo a renta activa de inserción de víctimas de violencia de género (7,4 millones) y a mejorar las pensiones de orfandad (4,9).

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género tendría 35,9 millones de presupuesto, un 24% más que un año atrás, para incrementar las acciones de sensibilización encaminadas "a implicar a toda la sociedad en esta lucha" y la Macroencuesta Violencia de Género, dependientes de Sanidad, cuenta con 9,2 millones de euros.

Por último, se destina una partida de 2 millones de euros en el Ministerio de Hacienda para ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.