El PSOE quiere garantizar el acceso a Internet y telefonía entre los colectivos más vulnerables.
El PSOE quiere garantizar el acceso a Internet y telefonía entre los colectivos más vulnerables. TWITTER

El PSOE ha pedido la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 una partida de 50 millones de euros para crear un bono social que incluya acceso a Internet y teléfono fijo y móvil para los colectivos más vulnerables, al estilo del que ya existe para el gas o la electricidad.

Esta petición figura en una enmienda socialista que se votará esta semana en la Comisión de Presupuestos del Congreso, el órgano donde se encuentra el proyecto de ley que presentó el Gobierno para los Presupuestos para este año, en fase de enmiendas parciales.

En ella, el PSOE pide este bono social que, a diferencia de los bonos que existen para reducir el precio del gas o la electricidad para pensionistas, familias numerosas o familias con ingresos bajos, se cargaría a los Presupuestos, de manera que las operadoras no tendrían que asumir las rebajas, por valor de 50 millones.

Se trataría establecer un descuento "en función de la renta" en los paquetes de Intenet y telefonía que los usuarios españoles suelen contratar con las operadoras, explican en el PSOE.

La enmienda pide que el Gobierno apruebe en un plazo de tres meses un "Plan integral para la reducción de las brechas digitales" y que garantice "de forma urgente" "un bono social digital de acceso a Internet para colectivos vulnerables, de rentas bajas o con necesidades sociales especiales".

Este bono debe contempla la posibilidad de incluir o combinar servicios de acceso a Internet de banda ancha, con telefonía fija y/o móvil y con una velocidad para acceder a Internet "como mínimo de 30Mbps en sentido descendente, que se actualizará en función de los avances tecnológicos".

Derecho universal

Al contrario de lo que ocurre con el bono social para gas o electricidad, que corre a cargo de las distribuidoras, el bono social digital que propone ahora el PSOE va a cargo de los Presupuestos como una forma de incidir en la idea de que el acceso a las nuevas tecnologías es un "derecho universal".

El acceso a Internet, explica la enmienda, "es un derecho de cualquier persona un una condición indispensable para su pleno desarrollo individual y social".

Esta idea ya se contempla desde hace tiempo en la Unión Europea, donde un código europeo en este ámbito ya incluye la conveniencia de que los Estados miembros legislen para que haya este tipo de bonos sociales, también en el ámbito digital, y lo que hace el PSOE ahora es "retomar esta idea" de que "un acceso universal asequible, de calidad y no discriminatorio" a Internet es un derecho que debe garantizar el Estado, señala el diputado socialista y portavoz de Agenda Digital, Óscar Galeano

El PSOE hace esta propuesta sin concretar de momento cuáles serían los baremos para determinar qué población podría acceder a estos descuentos, explica Galeano, que la semana pasada se reunió con representantes de la asociación que engloba a las grandes operadoras, Adigital, a quienes la idea les pareció "buena idea", según el diputado socialista.

Debate sobre la brecha digital

Sí pide una partida de 50 millones, que en los presupuestos alternativos presentados por el PSOE hace unas semanas podrían sufragarse con un plan para aumentar ingresos que contempla ingresos extra de hasta 80.000 millones con subidas del IRPF a las rentas más altas, el fin de los incentivos que reducen la recaudación del impuesto de sociedades o gravar el diésel como la gasolina.

En cualquier caso, Galeano asume que esta enmienda no contará con el apoyo suficiente de los grupos que la votarán en la Comisión de Presupuestos del Congreso el miércoles o jueves. Cuenta con la segura oposición del PP y de Ciudadanos, de manera que no tendrá posibilidades de salir adelante e incluirse en las Cuentas de 2018 que el Gobierno espera aprobar como tarde en junio.

Sin embargo, esto no supondrá la muerte de esta idea del bono social digital, porque el PSOE piensa insistir presentando una proposición no de ley en el Pleno del Congreso. Sin grandes esperanzas de que se ponga en práctica a corto plazo, lo que pretenden los socialistas es que se abra el debate sobre esta necesidad.