Los independentistas catalanes no creen que haya ninguna posible comparación entre los comités de defensa de la república (CDR) y la kale borroka que durante años azotó las calles de Euskadi. Para ERC y PDeCAT, sus acciones son una expresión del malestar social que se enmarca en una situación de excepcionalidad democrática. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pide por su parte no crear "alarma social".

Estas reacciones se produjeron este martes, menos de un día después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional anunciase que investigará si puede haber un delito de rebelión en las actuaciones de protesta de los CDR, que en los últimos días han cortado carreteras y ocupado peajes para reivindicar la libertad de los políticos presos por el procés soberanista. En un comunicado, el ministerio público prometió actuar "con contundencia".

Los CDR respondieron denunciaron en un comunicado "los intentos de criminalización, sea de la prensa o la fiscalía, todos ellos poderes fácticos de un estado represor y fascista", mientras advirtieron de que siguen "más vivos que nunca" y aseguraron: "¡No nos detendrán". "Les da miedo que tengamos la capacidad de parar el país, tienen miedo de que cada vez nos organicemos más y tomemos conciencia del poder que tenemos", añadieron.

Para Joan Tardà, diputado de ERC, acusar a los CDR de promover hechos vandálicos "cuando se han limitado a ejercer actos de protesta" es "banalizar la violencia". En declaraciones en el Congreso de los Diputados este martes, Tardà insistió en que comparar a estos comités "con la kale borroka o con comandos violentos es un sinsentido que alcanza la categoría de ridículo".

Tardà admitió que los actos de los CDR pueden no ser deseables, pero subrayó que estas "acciones de protesta" se "entienden" en un escenario de "anomalía" democrática como el que, a su juicio, se está viviendo en Cataluña. Además, sostuvo que existe una "campaña propagandística que se queda corta si la comparamos con campañas nefastas de gobiernos de regímenes totalitarios".

Carles Campuzano (PDeCAT), por su parte, apuntó que los CDR "expresan un malestar importante", pues muchos catalanes, en su opinión, tienen una "enorme sensación de injusticia". Los CDR, recalcó, "ejercen protestas que expresan el malestar de la calle", y "la comparación con la violencia en el País Vasco está absolutamente fuera de lugar", pues aquello que ha caracterizado a los independentistas es su actitud "pacifista".

En todo caso, Campuzano concedió que "seguramente el país no necesita movilizaciones en la calle" y que "la respuesta" no vendrá de mano de las acciones de los CDR. "El país necesita un gobierno fuerte (...). Es imprescindible. Junts per Catalunya y ERC tiene responsabilidad de conformar ese gobierno. Tanto independentistas como no independentistas exigen ese gobierno fuerte", recalcó.

En la tarde del lunes, también la CUP expresó su apoyo a estos comités. En su cuenta oficial en Twitter, la CUP se hizo eco de la noticia de la investigación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y replicó: "¡Detengamos la criminalización del pueblo! Nosotros, con los CDR y su lucha popular, masiva y no violenta". "¡Gracias CDRs por construir República! ¡Basta de criminalización!", agregó el diputado Vidal Aragonés en otro mensaje.

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona y dirigente de Catalunya en Comú, Ada Colau, pidió no crear "alarma social" ante las actuaciones de los CDR y "mirar la causa de las protestas". "No entiendo la estrategia de los CDR, me parece una forma de autoboicot", comentó Colau en una entrevista en Espejo Público (Antena 3), donde también subrayó que, pese a "algún incidente aislado", las protestas convocadas por este colectivo han sido "pacíficas".

La primera edil de la capital catalana exigió poner fin a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, que tachó de "intervención autoritaria del autogobierno democrático" que "se ha cargado de raíz lo que votó la gente", y reclamó "urgentemente un gobierno efectivo en la Generalitat" para "empezar a recuperarse de esta anomalía democrática".

Los partidos constitucionalistas, finalmente, criticaron a los CDR. Albert Rivera, líder de Cs, afirmó este lunes que el Gobierno debe actuar contra los "comandos separatistas violentos". "Pido a Rajoy, que es quien gobierna en Cataluña que, por favor, garantice la seguridad y movilidad de todos los catalanes", porque una comunidad no puede estar "en jaque" por unos "comandos separatistas violentos", afirmó.

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, pidió poner "coto" a este tipo de "actos insurreccionales" para que no suceda un "enfrentamiento civil". A su juicio, las acciones de los CDR "no entran dentro del pacífico y legítimo derecho de manifestación", por lo que los Mossos deberían intervenir. "Hay que ir con mucho cuidado con este tipo de acciones, porque si no se les pone coto se puede llegar a un enfrentamiento civil", reiteró.

Javier Maroto, vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, aseguró que la única herencia que al final ha dejado el procés es la aparición de estos "grupúsculos" y "altercados que suenan a la kale borroka", consideró que cuando suceden estas acciones es que "alguien no está haciendo su trabajo", y apuntó a los "cuadros intermedios" de los Mossos d'Esquadra.