Como quien clama en el desierto, sin más audiencia que las dunas de arena, los organismos mundiales llevan meses, años incluso, reprochándole a España que no ataje la elevada temporalidad de su mercado laboral. Lo hace recurrentemente el FMI. La OCDE. La OIT. Y toda organización que bajo su siglas analice un mercado de trabajo como el español cuya tasa de temporalidad, en la Unión Europea, apenas supera el polaco.

La Comisión Europea se desgañita en cada informe sobre este problemón laboral. Que afecta a la productividad en España, decía el año pasado. Que deja precariedad, desigualdad y un alto riesgo de pobreza. Pero no hay tutía. Sus recomendaciones no encuentran eco al otro lado de los Pirineos. La temporalidad no solo no se corrige, sino que aumenta y en 2017 llegó el 26,7%, la tasa máxima al cierre de un año en las legislaturas de Rajoy.

Pero por Bruselas, que no quede. El Ejecutivo comunitario ha vuelto a la carga este miércoles en su informe semestral de recomendaciones económicas y sociales, el llamado Paquete de Invierno. "España ha realizado progresos limitados respecto a nuestras últimas recomendaciones", lamenta la Comisión.

La temporalidad es uno de esos aspectos en los que no se ha avanzado. "El uso masivo de la contratación temporal está afectando negativamente al crecimiento de la productividad y produce una desigualdad de ingresos", reza el informe, que sirve de base para las recomendaciones específicas de política económica que se publicarán en mayo.

Bruselas solo emite recomendaciones. Luego son los Estados quienes deben tomar medidas para atajar los problemas detectados, pero el Gobierno español no parece asumir el problema si hacemos caso a su habitual argumentario. "Los contratos indefenidos llevan 48 meses seguidos de crecimiento interanual", dice la ministra de Empleo. "Crecen más que los temporales", añade. "Se han recuperado los que había antes de la crisis", zanja.

"Es cierto que los fijos crecen entre los nuevos contratados, pero el porcentaje de temporales es todavía alto", responde Bruselas, que señala a los "jóvenes y trabajadores con poca formación" como los colectivos más afectados por una temporalidad que "a menudo fracasa en desembocar en un empleo fijo".

La perspectiva de lo anterior, lamenta la Comisión, es que se reducen el incentivo para formarse más y eso erosiona todavía más la productividad. Es decir, que si la formación no tiene recompensa, no se opta por dedicarle esfuerzos ni por parte del empleador ni por el propio empleado.

Y esto enlaza con otro de los problemas que remarca Bruselas sobre España: el riesgo de pobreza. Según el Ejecutuvo comunitario, los trabajadores temporales "están en un riesgo mayor de pobreza" y acceden a menos prestaciones que el resto de trabajadores. "Los incentivos que se han promovido para impulsar la contratación fija en el sector privado han tenido muy pocos efectos", zanja Bruselas.