El Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña ha declarado "abusiva" e "ilícita" por parte de la compañía Orange la "emisión de facturas por el período completo preestablecido en casos en que el servicio se haya dejado de prestar antes de que concluya" ese plazo fijado.

La sentencia estima íntegramente una demanda de la Fiscalía contra Orange Espagne y también condena a la empresa de telefonía por la "inclusión en un fichero de solvencia patrimonial de clientes que no abonen las facturas", según el documento facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

De hecho, la magistrada que firma la sentencia exhorta a la compañía a "abstenerse de repetir" estas prácticas.

La resolución judicial, además, indica que los "pronunciamientos declarativos de la sentencia afectarán a las personas físicas o jurídicas que incurran en la misma práctica, aunque no hayan sido parte en el proceso".

El fallo no es firme, por lo cual cabe recurso ante la Audiencia Provincial de A Coruña.

La sentencia incide en que la "facturación por unidad consumida es absolutamente posible atendiendo a la literalidad del argumento expuesto por la compañía", ya que, "reconoce expresamente que posibilita a aquellos clientes que se dan de alta en el servicio en una u otra tarifa o paquete sin usar la totalidad del mismo el abono únicamente de una parte proporcional al período disfrutado", sostiene la jueza en su sentencia.

Además, alude a la "falacia" de la compañía sobre la posibilidad de que la Fiscalía en su demanda sugiera un "método de facturación".

Al respecto, señala que lo "único que se interesa es la declaración de que la práctica de cobrar la totalidad de la cuota mensual por todo el período por causar baja supone una práctica abusiva".

La magistrada también señala que la sentencia deberá ser comunicada a la Secretaría de Estado para la Sociedad de Información y la Agenda Digital "por si procede imponer a la empresa demandada sanciones de carácter administrativo"

Además, Orange tendrá que informar al juzgado sobre las medidas adoptadas para prevenir la reiteración en el futuro de estas prácticas en los dos meses siguientes a la firmeza de la sentencia, "con imposición de una multa coercitiva por cada día de retraso en el cumplimiento de la sentencia de 60.000 euros diarios".