La exdiputada de la CUP Anna Grabriel no ha acudido a la citación del juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, que la investiga junto a otras 27 personas en la causa contra el procés independentista. Es sospechosa, como el resto, de la presunta comisión de los delitos de rebelión, sedición y malversación; ella ha decidido permanecer huida en Suiza y el juez ha cursado una orden de detención nacional.

Hay algunas diferencias en las situaciones del expresident y la exdiputada:

- Puigdemont está en Bélgica (UE). La juez Lamela (AN), que llevó su caso al principio, admitió el pasado 31 de octubre una querella de la fiscalía contra él y otras 13 personas que incluía medidas cautelares. Les citó como investigados para los días 2 y 3 de noviembre, aunque explicó que admitir la querella no suponía todavía "un acto de imputación judicial". Un día antes, Puigdemont y cuatro exconsellers se habían marchado a Bruselas. Como no fue a la cita, la juez dictó contra Puigdemont dos órdenes de detención, nacional e internacional, y una euroorden. Además, dictó su ingreso en prisión comunicada y sin fianza. Cuando el caso pasó al Tribunal Supremo, el juez Llarena anuló las órdenes internacionales. Hoy, Puigdemont solo puede ser detenido si viene a España; probablemente, el juez reactive las órdenes anuladas cuando vaya a procesarlo.

- Gabriel está en Suiza (área Schengen). El pasado 22 de diciembre, el juez Llarena del TS, que se había quedado con la causa, comunicó que la estaba investigando por su participación "especial y destacada" en el procés, y también a Marta Rovira (ERC), Mireia Boyá (CUP), Artur Mas (PDeCAT), Marta Pascal (PDeCAT) y Neus Lloveras (AMI). Pero hasta el 1 de febrero no les citó: Gabriel tenía que comparecer el 14 de febrero, aunque finalmente la cita se retrasó a este miércoles. No se sabe exactamente cuándo se marchó a Ginebra, pudo ser en enero. A principios de febrero, tras la citación, se empezó a especular sobre su paradero. No ha declarado y el juez ha ordenado su detención en España (no fuera).

Para traer de vuelta a una persona reclamada por la justicia en España y que se encuentra en otro país hay que hacer dos cosas: la primera, cursar una orden internacional de detención con el objetivo de encontrarla y ponerla a disposición de las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales de dicho país; la segunda, reclamarla formalmente.

En el caso de Puigdemont, esa reclamación se realizó con la forma de una orden de detención europea o euroorden, que es el mecanismo habilitado dentro de la UE para las extradiciones; en teoría, más ágil. En el caso de Gabriel, se haría con una extradición al uso, ya que se encuentra en un país que no está en la UE. Las euroórdenes las dicta un juez o tribunal y las recibe otro juez o tribunal, sin intervención alguna de los Gobiernos. Las extradiciones, a excepción de lo que digan determinados acuerdos bilaterales y las normativas internas, funcionan de forma diferente.

Una extradición entra dentro de lo que se llama auxilio judicial penal. Es decir, una autoridad judicial de un país pide a una autoridad judicial de otro que la ayude en un caso penal. En el caso de Suiza, hay firmado un convenio bilateral, pero aplica también el Convenio Europeo de Extradición de 1957. Las extradiciones pueden ser pasivas (otro país se la pide a España) o activas (España la pide). Y en ellas sí participa el Gobierno.

El procedimiento, grosso modo, es: el juez que lleva la causa dicta orden de detención internacional y el aviso se transmite por Interpol. Las fuerzas de seguridad del segundo país lo reciben e intentan localizar al sujeto para ponerlo a disposición de las autoridades judiciales. Una vez hecho esto, se pone en marcha el proceso. El juez español debe dictar un auto motivado de prisión y solicitar al Gobierno que oficialice la extradición; puede hacerlo sin que se lo pida el fiscal.

Esto lo canaliza la subdirección general de cooperación jurídica internacional del Ministerio de Justicia, que revisa que todo esté bien y lo manda al Consejo de Ministros, que pide la extradición al Gobierno suizo.

Una vez la persona ha sido detenida en Suiza, en virtud de la orden internacional recibida, presta declaración ante las autoridades cantonales y se le informa de que tiene derecho a elegir abogado. Si la persona estuviera de acuerdo en ese mismo momento con ser entregada a su país, la ley suiza prevé que la Oficina Federal de Justicia (OFJ), dependiente del Departamento de Justicia, autorice esa entrega y la agiliza al máximo. Con este procedimiento exprés, Gabriel estaría en España en pocos días. Aquí se aplica Ley federal suiza sobre la asistencia judicial internacional en materia penal.

Si la persona no está de acuerdo, entonces comienza el proceso de extradición ordinario y Suiza pide a España que haga una petición formal, vía Consejo de Ministros; para ello tiene un plazo de hasta 40 días, si lo necesita. Si la petición llega en tiempo, el sujeto permanece detenido hasta que acabe el proceso; si no, queda libre. En todo caso, la defensa del reclamado puede pedir en cualquier momento que se le excarcele.

La Oficina Federal de Justicia (OFJ) decide si se cumplen o no los requisitos para la extradición, pero no entra a valorar el fondo del asunto. Tras una nueva declaración del reclamado ante la autoridad cantonal, la OFJ revisa que esté toda la información -podría pedir más a España- y, sobre todo, que los delitos por los que se busca a la persona se castiguen también en Suiza. El reclamado tiene derecho a recurrir su detención y también la extradición; si el caso es declarado "especialmente importante", lo podrá hacer ante dos tribunales judiciales.

En resumen: en el caso más rápido, la entrega podría producirse en pocos días; en el caso más lento, si se agotan todos los recursos, la entrega podría tardar más de un año, según las autoridades suizas. La Oficina Federal de Justicia decide sobre la extradición; el Tribunal Penal Federal (primera instancia) lo hace sobre los supuestos motivos políticos del delito, el fondo del asunto.

Delitos. Los delitos por los que se reclama a una persona deben estar castigados en ambos países. Si hablamos de Suiza, concretamente, "al menos una de las infracciones imputadas" debe estar sancionada tanto allí como en España y dar lugar a extradición. La rebelión y la sedición no están en la lista de delitos que Suiza aportó al Convenio Europeo, sin embargo, en el Codigo Penal suizo sí hay un Título 13 sobre "crímenes o delitos contra el Estado", que incluye, entre otros, los ataques "contra el orden constitucional". Las autoridades suizas aclaran que "no es necesario que la calificación jurídica de la infracción sea idéntica en los dos Estados".

Reciprocidad. Los países cooperan, en principio, siguiendo una regla de reciprocidad. Es decir: si me ayudas, te ayudo. Si se rompe este principio, un país podría denegar una entrega. El periodista Ernesto Ekaizer han recordado estos días el caso de Hervé Falciani, cuya extradición denegó a Suiza la Audiencia Nacional, entre otras cosas, porque los delitos que se le atribuían no están castigados en España; si el juez decide que no procede la extradición, el Gobierno "tiene las manos atadas", según fuentes jurídicas. En todo caso, Suiza ha cooperado muchas veces con nuestro país, antes y después, en la resolución de extradiciones, sobre todo relativas a miembros de ETA.

Político. El Convenio europeo prohíbe expresamente que una persona sea entregada si es perseguida por delitos políticos. Es a lo que se agarra la defensa de Gabriel para negarse a la extradición. Folco Galli, portavoz del Departamento de Justicia de Suiza, ha avanzado que estudiarán "con precisión" la petición, si se produce; si ven que está mínimamente ligada a cuestiones políticas, determinarán que "no tiene base jurídica".

Especialidad. Tras la extradición, la persona solo podrá ser perseguida penalmente por el país que la reclamaba por los delitos por los que fue entregada, a menos que cometa otros después. Este es uno de los motivos por los que se retiró la euroorden contra Puigdemont y los exconsellers.

Prematuro. ¿Es pronto para cursar una extradición? En principio, fuentes judiciales entienden que la petición de entrega de una persona, aunque aún no haya sido escuchada por el juez español, forma parte de una petición normal de auxilio judicial. Antes de dictar su detención, la jueza Lamela negó a Puigdemont y a los exconsellers la posibilidad de declarar por videoconferencia. Llarena retiró las órdenes después, con la idea de reactivarlas al finalizar la instrucción. Con Anna Gabriel podría hacer lo mismo, dada la experiencia previa: había muchas dudas relacionadas, precisamente, con los aspectos comentados de la especialidad y la doble tipificación de los delitos.

Asilo. Gabriel ha anunciado que pedirá asilo político a Suiza si hay un proceso de extradición. Su abogado, Olivier Pete, lo intentó con Nekane Txapartegi, acusada de pertenencia a ETA, pero Suiza decidió extraditarla. La exdiputada debe argumentar muy bien los motivos de su persecución. Aunque los motivos políticos se hayan analizado durante el proceso de extradición, las autoridades competentes en materia de asilo también tienen algo que decir. De hecho, se permite el acceso al Tribunal Federal (Supremo) durante el procedimiento de asilo para evitar decisiones contradictorias.

Gobiernos. Las relaciones entre España y Suiza son buenas. Suiza, de hecho, sugirió mediar entre las autoridades españolas y catalanas en la crisis catalana. Hay que recordar que la decisión sobre una extradición -si no se entra en el fondo del asunto- es de la Oficina Federal de Justicia, es decir, del Gobierno. En España, por ejemplo, si la Audiencia Nacional autoriza la extradición de una persona a otro país, el Gobierno podría pararla. En el caso de Puigdemont, al tratarse de una euroorden, los Gobiernos no tenían capacidad de actuar, aunque fuentes del Ejecutivo español señalan que no tienen "reproche ninguno" respecto a la actitud de sus colegas belgas, con las que mantuvieron un contacto constante.