La ex diputada de la CUP Anna Gabriel ha confirmado este martes en una entrevista al periódico suizo Le Temps que no irá a declarar el próximo miércoles ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por la causa abierta contra los responsables políticos del 'procés' soberanista.

Por no ir a declarar ante el Supremo, Gabriel se arriesga a una orden de extradición, una amenaza que su abogado en Suiza considera, no obstante, poco probable.

El capítulo 13 del código criminal suizo recoge los delitos contra el Estado y la seguridad nacional. En el artículo 265 indica que "cualquier persona que lleva a cabo un acto con el objetivo, a través del uso de la violencia, de cambiar la constitución de la Confederación o de un cantón o deponer a las autoridades estatales designadas constitucionalmente o incapacitarlas para ejercer sus poderes o de separar una parte del territorio suizo de la Confederación o una parte de un cantón, está sujeto a una pena de cárcel de no menos de un año".

"El artículo sería este, otra cosa es si se cumplen los requisitos o no" en el caso de la diputada de la CUP Anna Gabriel, ha explicado este martes en el programa radiofónico catalán El Món a RAC1 el abogado suizo de origen español Daniel Ordàs.

Para que se conceda la extradición, al menos una de las infracciones imputadas debe ser "sancionada tanto en Suiza como en el extranjero", según un documento de la Unidad de extradición de la Oficina Federal de Justicia de mayo de 2016.

Puede denegarse "si el procedimiento en el extranjero tiende a perseguir o castigar a la persona por sus opiniones políticas". También es un motivo de denegación "que el acto imputado tenga carácter político", en base al artículo 3 de la ley federal suiza sobre la asistencia judicial internacional en materia penal. 

El abogado en suiza de Gabriel, Olivier Peter, explica a Le Temps respecto a la posibilidad que España emita una eroorden de extradición que su clienta "está siendo procesada por razones políticas, lo que haría ilegal una solicitud de extradición. Confiamos en que las autoridades suizas se nieguen a legitimar el encarcelamiento de parlamentarios por defender el derecho a voto".

"Gabriel podría llegar a ser extraditada, pero será más complicada que en cualquier estado europeo", ha afirmado Peter.

Una vez cursada una petición de extradición, Gabriel tendría derecho en Suiza a oponerse y exponer sus motivos en una vista. En última instancia, la Oficina Federal de Justicia decide sobre la extradición aunque cabe un recurso ante el Tribunal Penal Federal en un plazo de 30 días.

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