Audiencia Provincial de Madrid
Audiencia Provincial de Madrid EUROPA PRESS

La Fiscalía pide 43 años de prisión para cada uno de los cuatro miembros de una presunta organización nigeriana que se dedicaba a la trata de mujeres de este país africano para prostituirlas en España, donde eran sometidas a rituales de vudú para amenazarlas y mantenerlas bajo su control.

El juicio contra Osomwenyenmwen O., Loveth A., Mcdon I. (este en situación irregular en España) y Supreme L. se celebrará el próximo martes en la sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid.

La Fiscalía les acusa de tres delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en concurso con tres delitos de prostitución coactiva y de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en concurso con otro continuado de falsedad documental.

En base a ello, solicita una pena de 43 años de prisión y diez más de libertad vigilada para cada uno de los procesados y una indemnización en concepto de responsabilidad civil a cada una de las tres víctimas de 75.000 euros por el daño moral causado.

Según el relato del fiscal, desde al menos 2010, los acusados junto a otras personas no identificadas en Nigeria y España se dedicaban a captar mujeres jóvenes, en ocasiones menores de edad, en este país africano con el fin de traerlas a España y a otros países como Noruega y Francia empleando documentación falsa.

Los acusados se aprovechaban de "la minoría de edad de algunas de ellas así como de su inmadurez y precariedad económica" para realizarlas "falsas promesas de trabajar en Europa" para casarse en algunos casos con hombres de raza blanca y tener un futuro mejor.

Ya en Europa, las mantenían "en un estado de intimidación constante" forzándolas a "prostituirse para el grupo", que se distribuían todo el dinero ganado por las mujeres, bajo la justificación de que debía costear los gastos generados por venir a España que en muchos casos los acusados cifraban en 50.000 euros.

Las mujeres accedían con temor a cumplir las órdenes de los acusados debido a que no disponían de recurso alguno para pagar la deuda, hallándose en un país extranjero, sin conocer el idioma ni persona alguna que les pudieran ayudar.

Tras ello, los acusados les obligaban a pedir asilo en España con pasaportes falsos para así garantizarse la residencia y el permiso de trabajo por seis meses.

Una de ellas fue destinada al polígono madrileño de Villaverde donde debía alcanzar una cantidad de mil euros semanales trabajando todos los días sin excepción desde las 19.00 a las 06.00 horas.

Unos meses después, esta mujer fue trasladada a Noruega para continuar ejerciendo la prostitución al argumentarle que en España había poco trabajo, pero tras un tiempo fue expulsada a nuestro país. Después se repitió la misma experiencia en Francia, si bien consiguió huir unos meses después a Bruselas.

Las otras dos víctimas, menores de edad, fueron forzadas a prostituirse: una en Bilbao y la otra en esta ciudad vasca y también en un club de alterne de Almería, hasta que ambas fueron reclamadas por los acusados para que se preparasen a viajar a Noruega.

Pero la mujer que estaba en Bilbao se negó y fue liberada por la Policía; mientras que la que estaba en Almería viajó a Madrid y, tras descartarse la opción de Noruega, fue enviada a un club de alterne a Lloret de Mar (Girona) a prostituirse de 18.00 a las 06.00 horas, hasta que en junio de 2015 fue identificada por la Policía.

Dice el fiscal que las mujeres "no tuvieron otra opción posible" que prostituirse para poder pagar la deuda contraída, que aumentaba por el alojamiento y la manutención.

Y para controlarlas, los procesados les sometían a rituales de vudú, de fuerte arraigo en su país, que generaban en las jóvenes "un estado de intenso temor" con el fin de vincularles a los acusados para no sufrir las consecuencias de los rituales.